Arsenio Herrera Uitzil

Expediente 1515/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1515/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Arsenio Herrera Uitzil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, mediante el cual devuelve, sin diligenciar, el despacho 112-E-II-AMPARO/2023 (orden 112/2023) de este índice, el cual le fue remitido para que, en auxilio de este Juzgado, realice lo conducente a efecto de que al tercero interesado ******************** sea emplazado a este juicio de amparo. En ese sentido, atento a que no fue posible lograr el emplazamiento del referido tercero interesado; con fundamento en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione algún otro domicilio donde puedan ser emplazado ********************; apercibida, que de no cumplir con lo anterior, se procederá a realizar la investigación en torno al domicilio de aquél. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de autos se advierte que se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, el cual se notificó por lista de estrados y por lista en la página electrónica oficial el día trece de los corrientes; por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En mérito de lo anterior, y a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y un minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Pablo Pérez Pacheco, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos; asimismo, da cuenta con los informes previos rendidos por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, por la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, el Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, mismos que obran agregados en autos. La Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes previos de las autoridades de que se trata, para que sean tomados en consideración como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 y 144 de la Ley de Amparo en vigor, celébrese la presente audiencia. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se admiten las pruebas documentales antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierran dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: VISTOS, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo V-1515/2023, promovido por el quejoso ********************, contra los actos que reclama del Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que el peticionario de amparo reclama del Congreso del Estado de Yucatán y Gobernador del Estado de Yucatán, la expedición del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en concreto el artículo 412 que tilda de inconstitucional, y de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la resolución de once de julio de dos mil veintitrés, donde se aplicó el citado numeral 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, y confirmó el acuerdo de nueve de mayo del citado año, dictado por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán, en el que desechó el recurso que apelación que interpuso en contra del acuerdo que aprobó la planilla de liquidación; así como para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de fecha trece de octubre del año en curso, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, en la etapa respectiva se dio cuenta con las documentales que la parte quejosa exhibió a su demanda inicial; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo en vigor, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos, por las pruebas admitidas y la naturaleza de los actos reclamados. TERCERO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. En los informes previos rendidos por las autoridades responsables éstas señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado CIERTO Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado CIERTO Consejero Jurídico en su carácter de representante del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán CIERTO CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa respecto de los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán y Gobernador del Estado de Yucatán, la expedición del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en concreto el artículo 412 que tilda de inconstitucional, y de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la resolución de once de julio de dos mil veintitrés, donde se aplicó el citado numeral 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, y confirmó el acuerdo de nueve de mayo del citado año, dictado por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán, en el que desechó el recurso que apelación que interpuso en contra del acuerdo que aprobó la planilla de liquidación; así como para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; al respecto SE NIEGA la medida solicitada, por las siguientes consideraciones: Para conceder la suspensión del acto reclamado los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Como puede observarse, de la lectura de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo que anteceden, no se establece que deba negarse la suspensión cuando el acto reclamado es consumado, prohibitivo o negativo; sin embargo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen esas características, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo. Esa hipótesis de detención o paralización obviamente no se actualiza ante un acto consumado, prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible; de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dichos artículos, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Así las cosas, esta Juzgadora concluye que la resolución de once de julio de dos mil veintitrés, en el que la Sala Colegiada responsable confirmó el acuerdo que no admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de un proveído emitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el que se aprobó la planilla de liquidación planteada dentro del juicio de origen 337/2017, no es susceptible de suspenderse en virtud de que se trata de un acto negativo, sin efectos positivos. Se dice lo anterior, porque la confirmación del desechamiento de un recurso implica el rechazo de la solicitud o instancia que promovió el interesado, el cual, no requiere de actos posteriores para ser ejecutados; esto es, la actuación de la autoridad responsable que desechó el recurso termina con esa determinación de desechamiento o de negativa a admitir el medio de impugnación intentado, sin que sea necesaria la intervención de otra autoridad para que lleve a cabo otros actos. Esta Juzgadora no soslaya que una de las consecuencias del desechamiento del recurso de que se habla, consiste en que la autoridad que emitió la resolución objeto del recurso estará en aptitud de ejecutarla o de realizar acciones con motivo de ella, incluyendo la imposición de obligaciones al afectado; sin embargo, esa posibilidad no deriva del desechamiento del recurso, sino de las facultades jurisdiccionales de la autoridad recurrida o de primera instancia, quien recibe esas potestades de la Ley y, por ello, está facultada para ejercer su jurisdicción. En la práctica judicial, es común atribuirle efectos positivos al desechamiento de recursos, por considerar que con esa determinación queda firme la resolución impugnada y deja en aptitud a la autoridad recurrida para ejecutarla, pero si se analiza con detenimiento ese razonamiento, revelaría que se estarían examinando los efectos que produce la resolución objeto del medio de impugnación intentado, no los efectos del acto que se reclama en el amparo, que es el desechamiento del recurso, mas no la resolución combatida mediante ese recurso. Por analogía, cobran aplicación las siguientes tesis: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, PUES NO SE TRATA DE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. Conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la suspensión del acto reclamado deben tomarse en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza de la violación, su carácter, su peculiaridad, su importancia y trascendencia. En atención a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que contra los actos negativos, que son aquellos por los que las autoridades se rehúsan a acceder a las pretensiones de los gobernados, no es dable conceder esta medida cautelar, puesto que implicaría darle efectos restitutorios, propios de la sentencia que concede el amparo. Por tanto, si el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que niega la suspensión de los actos derivados del procedimiento administrativo de ejecución, la medida suspensional impetrada es improcedente, ello porque si bien es cierto que la negativa de la suspensión del acto combatido dictada en el juicio contencioso administrativo, deja eventualmente a la autoridad en posibilidad de realizar dicha ejecución, también lo es que no por ello puede decirse que se trata de un acto negativo con efectos positivos, pues tal ejecución no es consecuencia natural de la negativa aludida, sino de la naturaleza ejecutiva de ese mandamiento, que encuentra sustento, en todo caso, en las facultades legales con las que se encuentre investida la autoridad que la emite, de conformidad con los artículos 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación. Además de que esa actuación sólo implica el rechazo a una solicitud, y bajo ningún aspecto contiene una conducta de hacer de la autoridad. De ahí, que resulte evidente la improcedencia de la concesión de la medida precautoria impetrada en el incidente, en contra de la negativa de la suspensión del acto combatido dictada en el juicio contencioso administrativo". (Tesis: IV.2o.A.187 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 2372 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "ACTOS NEGATIVOS. Por actos negativos deben entenderse aquellos en que la autoridad responsable se rehusa a hacer algo. Ahora bien, si se reclama en amparo la resolución de segunda instancia, que declaró infundada la queja contra la resolución de un Juez que, en ejecución de sentencia, ordenó que dentro de determinado plazo se ponga a disposición del juzgado una cantidad de dinero, es claro que la Sala se rehusa a revocar aquel acuerdo y no puede inferirse, lógicamente, que esa negativa pueda producir efectos, pues resultaría que, en todos los casos en que se interponga un recurso ante el superior, y éste declare que es infundado, si quisiera argüir que tal declaración implica una orden dada al inferior, para que ejecute un acto determinado; lo cual es inexacto; sencillamente sucede que el superior no encuentra motivo para alterar la conducta que en el proceso sigue una autoridad inferior, y estimando que obra legalmente, desecha la queja o recurso por ser infundados, y si hay algún acto posterior de la autoridad inferior, no se deriva de un mandato del superior, sino del de la jurisdicción que ordena llevar adelante sus determinaciones; y, en consecuencia, la suspensión debe negarse". (Quinta Época, Registro: 355777, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXI, Materia: Penal, Página: 4747). Para exponer con mayor claridad lo razonado con antelación, se toma en cuenta que cuando la autoridad competente para conocer de un recurso, lo desecha, simplemente emite esa determinación, es decir, sólo declara que se desecha el recurso o que no se admite a trámite y declara firme la resolución o resoluciones impugnadas, pero no emite ninguna otra determinación en que ordene a la autoridad recurrida que ejecute dichos actos objeto del medio de impugnación, en la medida en que esa facultad de ejecutarlos es inherente de esta última autoridad, por disposición legal. De ahí que el desechamiento de un recurso es un acto negativo que no produce efectos positivos. A mayor abundamiento, se precisa que, de acceder a conceder la suspensión contra el desechamiento del recurso para que no se ejecute la resolución impugnada, se estarían paralizando o deteniendo los efectos de esa determinación (la impugnada mediante el recurso intentado), la cual no forma parte de la litis de control constitucional y, por ende, no será motivo de estudio de fondo en la sentencia que se emita en el juicio principal. Por consiguiente, como se adelantó en líneas precedentes, el desechamiento de un recurso es un acto negativo para efectos de la suspensión del juicio de amparo, contra el cual es improcedente otorgar la medida cautelar, pues no produce efectos positivos al no ordenar la ejecución de actos posteriores, sino que la actuación de la autoridad que realiza el desechamiento o la negativa a admitir un recurso finaliza precisamente con esa determinación, lo que implica que no exista materia que suspender. Por analogía, sirven de apoyo las siguientes tesis: "DENEGADA APELACIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE. Si se reclama en amparo la resolución que desechó el recurso de denegada apelación que se hizo valer contra la resolución que negó la alzada, contra el auto que declaró que no procedía el incidente de excepción que sobre falta de personalidad que propuso el actor, la suspensión debe negarse, por tratarse de actos típicamente negativos, sin efectos positivos susceptibles de suspenderse". (Quinta Época, Registro: 355172, Instancia: Tercera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIII, Materias: Civil, Página: 4283). "DENEGADA APELACIÓN, ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUTO QUE LA RECHAZA. Si se reclama en amparo la resolución que desechó el recurso de denegada apelación contra la ampliación de un embargo precautorio, y del informe rendido aparece que el acto reclamado se dictó en ejecución de sentencia, debe negarse la suspensión, tanto por ese motivo, como por tratarse de un acto de carácter negativo, como es la obtención de parte de la autoridad responsable, para tramitar el recurso de denegada apelación". (Quinta Época, Registro: 356254, Instancia: Tercera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, Materia: Civil, Tesis: Página: 538). "APELACIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA EL RECHAZAMIENTO DE LA. Si se reclama en amparo la resolución de una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que desecha un recurso de apelación, la suspensión debe negarse por tratarse de un acto negativo". (Quinta Época, Registro: 357333, Instancia: Tercera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIV, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 2635). "JURADO DE INFRACCIONES FISCALES, RECURSO DE REVISION ANTE EL. Si se endereza el amparo contra la resolución que desecha el recurso de revisión hecho valer ante el Jurado de Infracciones Fiscales, la suspensión debe negarse, por tratarse de un acto negativo, que no produce efectos positivos". (Quinta Época, Registro: 336407, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, Materia: Administrativa, Tesis: Página: 1331). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, dado que no existe materia que suspender por reclamarse un acto negativo de la autoridad responsable. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA al quejoso ********************, la suspensión definitiva contra actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y de otras autoridades, por lo motivos expuestos y fundamentos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. NOTIFIQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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