Arnold Antonio Aysa Rodriguez
Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arnold Antonio Aysa Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el doce de mayo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con un anexo, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en auto de tres de mayo del año en curso; y de las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que mediante solicitud número 49282-2022 de siete de abril de dos mil veintidós, el Archivo Notarial del Estado, ingresó de manera electrónica ante la oficina registral para su inscripción la escritura pública número 3239 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la operación de Transmisión de Propiedad del predio número cuatrocientos cincuenta, de la calle treinta y tres de la colonia San Camilo II, con folio electrónico 1158797 de la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán, otorgada ante el entonces Escribano Público número quince de Mérida, el cual quedó debidamente registrado bajo el número de inscripción 3044356, enviándose al correo electrónico del Archivo notarial del Estado la boleta de inscripción correspondiente. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la imposibilidad jurídica y/o material y/o digital y/o registral y/o administrativa y/o pública y/o peticional en relación al impedimento, complicación e incapacidad con al que cuenta el Licenciado en Derecho David Gabriel Robertos Franco, Titular de la Escribanía número quince, con residencia en Mérida, Estado de Yucatán, para solicitar se permita realizar anotaciones y/o expedir constancias y/o certificaciones de los actos jurídicos solicitados, calificados y/o inscripción del documento correspondiente a la posibilidad de dar debido trámite a la escritura pública número 3239 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la imposibilidad jurídica y/o material y/o digital y/o registral y/o administrativa y/o pública y/o peticional en relación al impedimento, complicación e incapacidad con al que cuenta el Licenciado en Derecho David Gabriel Robertos Franco, Titular de la Escribanía número quince, con residencia en Mérida, Estado de Yucatán, para solicitar se permita realizar anotaciones y/o expedir constancias y/o certificaciones de los actos jurídicos solicitados, calificados y/o inscripción del documento correspondiente a la posibilidad de dar debido trámite a la escritura pública número 3239 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que mediante solicitud número 49282-2022 de siete de abril de dos mil veintidós, el Archivo Notarial del Estado, ingresó de manera electrónica ante la oficina registral para su inscripción la escritura pública número 3239 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la operación de Transmisión de Propiedad del predio número cuatrocientos cincuenta, de la calle treinta y tres de la colonia San Camilo II, con folio electrónico 1158797 de la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán, otorgada ante el entonces Escribano Público número quince de Mérida, el cual quedó debidamente registrado bajo el número de inscripción 3044356, enviándose al correo electrónico del Archivo notarial del Estado la boleta de inscripción correspondiente. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto de la inscripción a la escritura pública número 3239 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dando con ello atención a lo solicitado por el hoy quejoso a través del memorial descrito en párrafos previos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud número 49282-2022 de siete de abril de dos mil veintidós, el Archivo Notarial del Estado, ingresó de manera electrónica ante la oficina registral para su inscripción la escritura pública número 3239 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, relativa a la operación de Transmisión de Propiedad del predio número cuatrocientos cincuenta, de la calle treinta y tres de la colonia San Camilo II, con folio electrónico 1158797 de la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán, otorgada ante el entonces Escribano Público número quince de Mérida, el cual quedó debidamente registrado bajo el número de inscripción 3044356, enviándose al correo electrónico del Archivo notarial del Estado la boleta de inscripción correspondiente, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de mérito. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional el DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso, se tuvieron por rendidos los informes justificados por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, así como del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los cuales manifestaron que cuando el titular de la escribanía pública se encuentre suspendido, el Titular del Archivo Notarial se hará cargo de ella, única y exclusivamente para terminar los asuntos que estuvieren inconclusos; además, según informe del Director del Archivo Notarial del Estado, la escritura pública tres mil doscientos treinta y nueve, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ya fue ingresada al Registro Público de la Propiedad, con fecha siete de abril del año en curso, mediante número de solicitud 49282-2022, y la cual se encuentra en trámite para su inscripción. Ahora bien, con la finalidad de estar en aptitud de resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe y remita copia certificada sobre el trámite que se la ha dado a la solicitud 49282-2022, a que hacen referencia dichas autoridades en sus informes justificados, o, en su caso, informe la imposibilidad para hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, así como del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. De igual manera, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe de mérito. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, se tiene por señalado el correo electrónico javier.vazqueza@yucatan.gob.mx, como de la autoridad responsable, para efecto de recibir comunicaciones oficiales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, mientras dure la contingencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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