Armin Manuel Gongora Belmont
Expediente 1169/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Armin Manuel Gongora Belmont
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, pues si bien no obra en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le comunicó la citada resolución a la autoridad que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte el informe justificado rendido por el apoderado y representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, en representación de la Comisión Mixta Competente de la División Peninsular Zona Ticul, Yucatán, de la Comisión Federal de Electricidad, así como las constancias que acompañó, mismo que obra glosado en autos, mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, de las que se advierte que el catorce de junio del presente año, mediante oficio ZTIC-SUP/0451/2022, dirigido al aquí quejoso dio contestación a la solicitud que realizó en su escrito que presentó ante la autoridad responsable el dieciocho de enero de dos mil veintidós. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la omisión por parte de la autoridad responsable, de contestar el escrito presentado ante ella el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el que solicitó se emita a su favor dictamen o constancia de antigüedad genérica, con respecto a todo el tiempo formal y materialmente laborados en la Comisión Federal de Electricidad, desde el treinta y uno de julio de dos mil, hasta la actualidad. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se advierte que el catorce de junio de dos mil veintidós, mediante oficio ZTIC-SUP/0451/2022, dirigido al aquí quejoso dio contestación a la solicitud que realizó en su escrito que presentó ante la autoridad responsable el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable se pronunció respecto al escrito de la quejosa, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que el veintisiete de junio del año en curso, se notificó personalmente al quejoso el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el cual se le dio vista con el informe de ley rendido por el apoderado y representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, en representación de la Comisión Mixta Competente de la División Peninsular Zona Ticul, Yucatán, de la Comisión Federal de Electricidad, y con las constancias que adjuntó entre ellas, el oficio ZTIC-SUP/0451/2022, con el que se dio contestación a su ocurso de dieciocho de enero de dos mil veintidós, para que si lo estimare pertinente, ampliara su demanda de amparo, habiendo transcurrido los quince días para ello, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por Héctor Antonio Acosta García, quien se ostenta apoderado y representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, en representación de la Comisión Mixta Competente de la División Peninsular Zona Ticul, Yucatán, de la Comisión Federal de Electricidad; personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública número cincuenta y cuatro mil seiscientos veintiuno, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público ciento setenta y cuatro de la Ciudad de México, que anexa a su informe de cuenta, así como diversas constancias de las que se advierte que el catorce de junio del año en curso, mediante oficio ZTIC-SUP/0451/2022, dirigido al aquí quejoso dio contestación a la solicitud que realizó en su escrito que presentó ante la autoridad responsable el dieciocho de enero de dos mil veintidós; lo que se corrobora con copia certificada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese personalmente, y hágase entrega a la parte quejosa del oficio ZTIC-SUP/0451/2022, de catorce de junio del presente año, suscrito por la autoridad responsable, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la fecha la Comisión Mixta Competente de la División Peninsular Zona Ticul, Yucatán, de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Ticul, Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente asunto, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio con el cual se le solicitó el mismo; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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