Arquidiócesis de Antequera Oaxaca A.R.

Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
152/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Arquidiócesis de Antequera Oaxaca A.R.
  • Presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juarez, Oaxaca
  • ARQUIDIÓCESIS DE ANTEQUERA OAXACA A.R. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en este incidente de suspensión, se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo anterior, devuélvase el cuadernillo de pruebas que remitieron el secretario de acuerdos de la Alcaldía Municipal y el Alcalde Municipal, ambos de Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 152/2021 III-A, promovido por Domingo ***, en su calidad de apoderado legal de la persona moral "***, Asociación Religiosa", contra el acto que reclama del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otras autoridades. I. ANTECEDENTES El promovente del amparo refiere que la persona moral "***, Asociación Religiosa", es una asociación religiosa constituida ante la Secretaría de Gobernación, con número de registro SGAR/182/93, cuyo objeto es la propagación de la verdad evangélica. Que dentro de los inmuebles destinados para cumplir con su objeto, se encuentra el denominado Templo del Carmen Bajo o Carmen de Abajo, así como las anexidades que la conforman, ubicado en avenida Morelos número 620, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de la anexidad designada como casa parroquial, que se encuentra en la calle Porfirio Díaz número 112, colonia Centro, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, misma que se mantiene en disputa legal, bajo diversos juicios civiles federales. Asimismo, que ante la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se tramite el expediente de jurisdicción voluntaria 186/2018, formado con la solicitud de la diligencia de apeo y deslinde, realizada por Noemí Velasco Ortiz y Javier Aguayo y Camargo, respecto de la casa anexa al Templo del Carmen de abajo. Que no obstante la oposición expresa que tuvo la parte quejosa para la realización de dicha diligencia, se llevó a cabo el pasado veinte de enero de dos mil veintiuno. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, en su calidad de apoderado legal de "***", presentó un escrito el doce de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen el carácter de autoridades ordenadoras: 1.- El Presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2. El Alcalde Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca... TIENEN EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: A) El Secretario de Acuerdos, dependiente de la Alcaldía de Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN. 1.- Las consecuencias que en su perjuicio se puedan generar con motivo del resultado de dicha diligencia de apeo y deslinde realizada el veinte de enero del año dos mi veintiuno, dentro del expediente 186/2018 de la Alcaldía Municipal. 2.-. La legitimación activa derivada del hecho de que a la fecha aún no existe sentencia federal que determine a que parte le corresponde el derecho de poseer el inmueble en mención. 3.- La molestia ocasionada a mi poderdante, al tratar de ingresas al domicilio que legítimamente tiene en posesión, sin una orden Judicial." La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este juzgado en la fecha de su recepción, se admitió a trámite el quince de febrero de dos mil veintiuno y se registró con el número 152/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveídos de veinticuatro febrero y nueve de marzo, ambos de dos mil veintiuno, se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables. Seguido el trámite del presente juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo como consta en el acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza administrativa, pues emana de una controversia de jurisdicción voluntaria y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y las constancias allegadas al expediente, permiten sostener que la parte quejosa reclama, lo siguiente: Del Presidente Municipal y Alcalde, ambos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La consecuencias jurídicas de la diligencia de apeo y deslinde, practicada el veinte de enero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 186/2018 de la estadística de la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez. Del Secretario de Acuerdos dependiente de la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La ejecución de la diligencia señalada con anterioridad. La omisión de acordar su oposición en la diligencia en comento. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA Al rendir informe justificado, el Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, en representación del Presidente Municipal, negó el acto que se le atribuyó. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la participación del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la emisión de los actos reclamados precisados en el apartado relativo, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que de las documentales allegadas al expediente, es palpable que no tuvo injerencia en la emisión de los mismos. VI. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 212775, que al rubro y texto dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados. El Alcalde Municipal de Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, de las constancias que allegó al asunto, se advierte la existencia del expediente 186/2018, en la que se ordenó la práctica de la diligencia de apeo y deslinde, en la vía de jurisdicción voluntaria de la casa letra G, de la primera calle de Porfirio Díaz, actualmente casa número seis de la misma calle, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de ahí que deba tenerse como cierto. Por su parte, el Secretario de Acuerdos, dependiente de la Alcaldía del Municipio de Oaxaca de Juárez, indicó que son parcialmente ciertos los actos que se le reclaman, al precisar que sí efectuó la diligencia en comento y no omitió proveer respecto de la oposición efectuada por la parte quejosa. Lo anterior, se corroboró con las copias certificadas del expediente 186/2018, que acompañó el Secretario de Acuerdos responsable en apoyo a su informe de ley, que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de la diligencia reclamada. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sirve de apoyo, para tener como plenamente probados en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Respecto de los actos reclamados por Domingo Jesús Martínez Ramírez, apoderado legal de la persona moral "Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Asociación Religiosa", señalados en el apartado relativo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Causal que se relaciona con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que reza como sigue: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" Los preceptos citados disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquélla persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. El artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado real y actual, no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Así, la causa de improcedencia se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del gobernado, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En ese tenor, debe decirse que de autos se advierte que Domingo Jesús Martínez Ramírez, apoderado legal de la persona moral "Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Asociación Religiosa", adjuntó como prueba, a su escrito de demanda, el instrumento notarial cinco mil setecientos cincuenta y ocho, volumen ciento noventa y cuatro, relativo al poder general para pleitos, cobranzas, actos de administración y en materia laboral, otorgado a su favor. En ese orden, debe puntualizarse que la parte quejosa no adjuntó prueba idónea donde acredite que su poderdante tenga la propiedad o una causa generadora de la posesión material del bien inmueble objeto de la diligencia reclamada, para que esté en aptitud de controvertir las consecuencias jurídicas de ésta; así como tampoco dentro de las constancias que integran el expediente ***, se advierte una en ese sentido. Máxime que el propio apoderado legal de la parte quejosa manifestó en su escrito inicial que existen diversos juicios civiles federales pendientes de resolverse, relativos a la anexidad del Templo del Carmen Bajo, por lo que no existe sentencia firme que determine éstos. Entonces, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 63, fracción V de la misma ley, es sobreseer en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque como se adelantó, respecto de los actos reclamados por el quejoso emitidos dentro del expediente *** de la estadística de la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para controvertirlos. De igual forma, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que no se haya emplazado a los terceros interesados Noemí Velasco Ortiz y Javier Aguayo y Camargo; sin embargo, en el presente caso, el emplazamiento es innecesario, ello en razón de que la resolución que se dicta en este juicio de amparo, no afecta su interés jurídico, al resultar un sobreseimiento. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página número 575, cuyo epígrafe y sinopsis son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." IX. DECISIÓN. En razón de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia precisada con anterioridad, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo solicitado por la "*****, Asociación Religiosa", por conducto de su apoderado legal. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por "**, Asociación Religiosa", por conducto de su apoderado legal, en términos de los apartados V y VII, de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere al artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista concedida a las partes en auto de nueve de marzo del año en curso, notificado el diez de marzo siguiente; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las catorce horas con cinco minutos del veintitrés de marzo del dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

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