Aron Medina Vázquez y Otros.

Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
734/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Aron Medina Vázquez y Otros.
  • Aron Medina Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Incorpórese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito únicamente para que obre como corresponda, debido a que no es procedente tenerlo formulando alegatos, debido a que en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia el treinta de noviembre de dos mil veinte. Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, como lo pide el ocursante, expídasele copia certificada del auto referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veinte. Incorpórese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe del Director de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, debido a que por interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se resolvió el presente incidente. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la citada responsable, a las personas señaladas en el informe de cuenta. Por otra parte, en atención a la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente al peticionario de amparo el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, debido a que no existe el domicilio que proporcionó para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer por lista la notificación del referido acuerdo al impetrante, así como los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. - - - - - I N S E R C I Ó N . - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias fotostáticas simples de la demanda de amparo tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo . .. promovido por . . . Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, atentamente pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con una multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral 142 de la citada ley reglamentaria. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las quince horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Para ello, requiérase a las partes en este juicio para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia incidental; en la inteligencia que no es de necesidad prioritaria su presencia, ya que pueden presentar sus manifestaciones, alegaciones y pruebas por escrito, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 6°, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión provisional, primero debe considerarse lo siguiente: De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el agraviado existe una orden de aprehensión dictada en su contra, cuya ejecución pretenden cumplir las responsables que designa como ejecutoras; de ahí que solicite la suspensión provisional. La Ley de Amparo establece en su artículo 166 que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, el Juez constitucional debe estarse a lo siguiente: "[.] I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128". Como puede verificarse, el legislador establece qué efectos debe darse a la suspensión en tratándose de orden de aprehensión que implique privación de la libertad, como es el caso. En el presente estudio procesal, no se cuentan con elementos para conocer cual de las hipótesis descritas en el artículo 166 se actualizan; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede conceder la medida cautelar en forma genérica para los siguientes efectos: a) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, el efecto será únicamente para que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. b) En cambio, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que se especificarán más adelante, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal. Las medidas de aseguramiento que se consideran pertinentes para ese propósito son las siguientes: I) Que el quejoso, exhiba a favor de este Juzgado dentro del plazo de cinco días, garantía económica por la suma de cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito, se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), actualmente Banco de Bienestar. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: Que el quejoso señala como responsables ordenadoras a cinco autoridades judiciales del fuero Común y por ello se fijan $1,000.00 (mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por cada una de ellas. Que por el momento no se tiene conocimiento del delito o delitos por el que se libró la orden de captura. Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica de la referida parte quejosa, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Esta garantía se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte del quejoso en relación con el proceso que aparentemente se le sigue; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. II) Aunado a lo anterior, dentro del plazo de tres días, luego de que surta efectos la notificación del acuerdo donde se dé vista a la parte quejosa con el informe previo correspondiente de la autoridad que haya aceptado la existencia del acto reclamado, deberá presentarse dicha autoridad jurisdiccional, para la continuación del procedimiento; con apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal y la suspensión aquí decretada será revocada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable judicial para que en su informe previo precisen: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa (aquí deberá expresarse el monto de la reparación del daño). 2. La situación económica de la misma y, 3. La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto). Lo anterior para que este juzgado al momento de resolver la suspensión definitiva determine el monto de la garantía que corresponda. Una vez transcurrido el plazo concedido a la parte promovente para que exhiba la garantía, sin que esto suceda, ésta dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, segundo párrafo y 150 de la Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de este acuerdo y hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones la dirección material que indica y por autorizada únicamente para tal efecto a la persona que refiere. Sin que hay lugar a tenerla proporcionando el correo electrónico que refiere, debido a que solo menciona el nombre del titular de la cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo previsto por el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional notifiquen a las partes los acuerdos y las resoluciones que se dicten en este incidente en sus domicilios respectivos o en las oficinas que ocupa este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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