Arnulfo Santiago Vega

Expediente 772/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
772/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Arnulfo Santiago Vega

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa y téngase al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca aceptando la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo 772/2022. En consideración a lo anterior, de conformidad a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se determinó que carece de competencia para conocer del juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General1; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 772/2022. Incompetencia. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Arnulfo Santiago Vega presentó da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. En esa línea, se tiene en cuenta que el dispositivo 38 de la Ley de Amparo establece que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por otra parte, el numeral 48 de la ley de la materia dispone, en lo que interesa, que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito y estime que carece de competencia la remitirá de plano con sus anexos al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En aludido precepto legal también estatuye que una vez que el órgano jurisdiccional requerido reciba la demanda y sus anexos decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En el caso de que acepte la competencia comunicará su resolución al Tribunal requirente, previa notificación de las partes. En el caso contrario, devolverá el escrito inicial a la autoridad judicial requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Ahora, la lectura de la demanda de amparo da pauta a sostener que el justiciable Arnulfo Santiago Vega reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, así como de este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad, del Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigaciones, la orden de aprehensión girada en contra del justiciable, así como la ejecución de ese mandamiento. En ese contexto, dado que este Juzgado Federal fue señalado con el carácter de responsable se advierte la existencia de una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, porque no es factible que este órgano jurisdiccional en el proceso deba rendir informe justificado en su carácter de ente responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue apegada a la ley o no, por lo que esa situación revela una condición de incompetencia para que conozca de la demanda de amparo, dado que no se puede ser Juez y parte en el presente juicio constitucional; de ahí que este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el medio extraordinario de defensa que el justiciable promovió. Se sostiene lo anterior, porque conforme con la finalidad del juicio constitucional, a partir de lo previsto por los arábigos 38 y 48 de la ley de la materia que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, por lo que el primero de esos dispositivos hace especial énfasis que quien tiene que conocer del asunto debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Luego, si la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional y en dicho escrito este Tribunal fue señalado con el carácter de autoridad responsable, es inconcuso que no cuenta con las facultades para conocer y resolver el asunto sometido a su consideración, lo cual da pauta a declarar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, dado que se actualiza un supuesto de incompetencia funcional conforme a lo establecidos por los dispositivos examinados. Por otra parte, si en el caso concreto, los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, son los únicos órganos jurisdiccionales que no están señalados como autoridades responsables de los que pertenecen al Decimotercer Circuito, entonces es uno de esos Tribunales de amparo a quien compete legalmente conocer del presente asunto, porque son los más cercanos dentro de la jurisdicción del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo. En otro punto, debe destacarse que los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, Delegado Estatal en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigaciones, incluido a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión personal girada en contra del justiciable, así como la ejecución de ese mandamiento, no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y tampoco respecto de la suspensión de los actos atacados que el agraviado solicita. En ese contexto, con fundamento en lo estatuido por los arábigos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Arnulfo Santiago Vega; por tanto, declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en esta entidad federativa, con residencia en Salina Cruz, en turno, dado que estima que ese presupuesto procesal se surte a su favor, porque no fueron señalados como autoridades responsables en el escrito inicial y son los más cercanos dentro de la jurisdicción del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en esta localidad. Resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: PC.XVIII.P.A. J/11 K (10a.), pronunciada por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicado el viernes once de diciembre del dos mil veinte, en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación de los artículos 16, 107, fracciones V y VII, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgados por un Juez competente, lo que hace que la competencia sea un presupuesto procesal que debe abordarse por el juzgador preferentemente y aun de manera oficiosa, de tal forma que una vez que un Juez de Distrito reciba una demanda de amparo en la que es señalado como autoridad responsable, después de efectuar el análisis de competencia objetiva, debe actuar conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo, que prevé la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de autoridad señalada como responsable, y no declararse impedido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley de la materia, ya que solamente el juzgador que es competente está en aptitud de declararse, en su caso, impedido". En razón de lo anterior, sin proveer sobre el escrito inicial ni la suspensión de los actos reclamados, a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA", remítanse la demanda de amparo con firma autógrafa de Arnulfo Santiago Vega y los ejemplares de ese escrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que a su vez lo turne al Juzgado de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esa localidad, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que una vez se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito competente, realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que revelen la historia procesal del expediente que se envía. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta determinación, así como las determinaciones ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Por otro lado se le tiene señalando como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, respecto al correo electrónico y número telefónico que señala, se le tiene únicamente como medios de contacto con este órgano jurisdiccional al no ser medios que la ley prevé para recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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