Arnoldo Garcia Bailon
Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Arnoldo Garcia Bailon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra de la resolución emitida el veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual el presente juicio de amparo sobreseyó; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo de las autoridades responsables foráneas, en el cual se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, donde se sobreseyó el mismo, en virtud de que resulta innecesario, pues carece de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando este haya sido emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional, esto en términos del artículo 87, segundo Párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, toda vez que el objetivo de la actividad judicial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes contendientes; además la función del juzgador ordinario de velar por el interés público está limitada a su actuación como rector del proceso, sin que trascienda al juicio de amparo, en el que tal deber corresponde a los órganos encargados de la protección de los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P/J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2033, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación hecha a la parte quejosa, de la resolución emitida el veintidós de abril del año en curso, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y teniendo en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente la sentencia emitida el veintidós de abril de dos mil veintiuno, a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a su plena identificación; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Arnoldo García Bailón, contra los actos de las autoridades señaladas en el considerando Tercero de la presente resolución, por las razones invocadas en el mismo.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado José Orozco Carrillo, autorizado de la parte quejos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual que se abstiene de formular alegatos en este juicio; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda y téngase por hechas las manifestaciones en los términos que indica. Por otra parte, para los mismos efectos intégrese a los autos el oficio firmado por la Encargada de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación, Social, en términos del oficio PRS/17888/2020 del uno de diciembre de dos mil veinte, por el cual el Comisionado de Prevención y Readaptación Social la designó encargada del departamento de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos hasta en tanto se nombre un nuevo Titular, para ejercer su representación legal, y con fundamento en el artículo 18 fracciones III y IV del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales de la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados. De conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia se tiene por rendido el informe justificado solicitado a las citadas autoridades responsables, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Melchor Ocampo 171, Piso 2, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código postal 11370; y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica. Finalmente, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y teniendo en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificar personalmente el presente acuerdo a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a su plena identificación; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. A fin de que la actuaria judicial de la adscripción de cabal cumplimiento a lo encomendado, se solicita al responsable Director del mencionado Centro Federal, gire instrucciones a quien corresponda, para que se le permita el acceso al lugar donde se encuentre el interno quejoso; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I, 259, 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Orienta el criterio la Tesis VI.1o.P.209, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1028 del Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2003, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. INVARIABLEMENTE DEBEN EFECTUARSE EN FORMA PERSONAL, CUANDO CAREZCAN DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, O NO HUBIESEN DESIGNADO PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS.".
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