Armando Villarreal Ibarra
Expediente 57/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Armando Villarreal Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio 401-T-DGAJ-DG-01594/2022 con el que el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, acusa recibo del oficio 3626/2022 de veintidós de marzo de dos mil veintidós e informa que se hizo efectivo el billete de depósito N669272, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor del Erario Federal y su importe fue concentrado en la cuenta respectiva de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa a fin de que compareciera para hacerse la devolución del billete de depósito número N 669272, valioso por la cantidad de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), que se exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo cual se le notificó personalmente el treinta de abril de dos mil diecinueve; por tanto, es inconcuso que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que la parte quejosa haya comparecido a recoger dicha garantía. De acuerdo a lo anterior y conforme al dispositivo legal citado, la suma que ampara el billete en cuestión ha prescrito a favor del Erario Federal; por ende, remítase el mismo a la referida Tesorería de la Federación, para los efectos legales conducentes.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO ARMANDO VILLAREAL IBARRA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Vista la certificación con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en lo establecido por la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de la citada medida; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha seis de enero de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, y de la sentencia interlocutoria por la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Asimismo, de autos se advierte la existencia del billete número N 669272, por las cantidades de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que exhibió el licenciado Carlos Enrique Olguín Álvarez, autorizado legal del quejoso Armando Villarreal Ibarra, para garantizar la suspensión definitiva, que fue concedida; por tanto, al no existir motivo alguno para hacer efectivo el importe que ampara dicho documento, una vez que transcurra el plazo de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del veintinueve de octubre del año en curso, devuélvase y entréguese al impetrante, previa razón que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia que deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; en el entendido que a partir del veintinueve de octubre del presente año en curso, tiene el término de dos años para tal efecto, y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
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