Arnulfo Ruiz Herrera

Expediente 781/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
781/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Arnulfo Ruiz Herrera
  • A.K.R.M

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio con anexos de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual devuelve el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 781/2019, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que comunica que la autoridad responsable es la encargada de proveer respecto de la suspensión; agréguese el oficio de cuenta a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, conforme a la fracción I del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, motivo por el cual, deberá conservarse los autos en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, en términos de la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado.

  2. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda y anexo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de garantías número 781/2019-4B, promovido por Arnulfo Ruiz Herrera, en representación de sus hijos menores Arhely Kristell, Brayan Arnulfo y Juan Pablo todos de apellidos Ruiz Márquez, y exhibe originales de las actas de nacimiento de los menores, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial Ahome, con domicilio en esta ciudad. Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166, 168 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, respecto de los actos reclamados que se hacen consistir en: "A).- De la autoridad C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, le reclamo: 1.- La omisión de haber atendido a lo dispuesto en el artículo 410 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, de recibirse la opinión de mis menores hijos ARHELY KRISTELL, BRAYAN ARNULFO Y JUAN PABLO todos de apellidos RUIZ MÁRQUEZ, por conducto del Especialista en Psicología adscrito a ese Tribunal previo a dictar resolución en el procedimiento de Divorcio promovido por la Tercero Interesado LISBIA MARÍA MÁRQUEZ VEGA en contra del suscrito ARNULFO RUIZ HERRERA, tramitado bajo el expediente número 1408/2019 del índice de ese tribunal. 2.- La ilegal sentencia definitiva que se dictó en dicho procedimiento 1408/2019 el día 27 de Noviembre del 2019, sin que previamente al dictado de dicho fallo se hubiese recibido la opinión de los menores quejosos ARHELY KRISTELL, BRAYAN ARNULFO Y JUAN PABLO todos de apellido RUIZ MÁRQUEZ, en cumplimiento a la exigencia que establece el artículo 410 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a fin de resolver de mejor manera respecto de sus intereses.". El que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado establecer el monto de las garantías correspondientes, con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y además, en su caso, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción I, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Se señalan las doce horas con veinte minutos del dos de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Teniendo en consideración que se reúnen los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo; es decir, a) existe petición del quejoso; y, b) no se sigue perjuicio al interés social ni a las disposiciones del orden público, pues atendiendo a la naturaleza del acto y la violación reclamada, que se hacen consistir en: A).- De la autoridad C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, le reclamo: 1.- La omisión de haber atendido a lo dispuesto en el artículo 410 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, de recibirse la opinión de mis menores hijos ARHELY KRISTELL, BRAYAN ARNULFO Y JUAN PABLO todos de apellidos RUIZ MÁRQUEZ, por conducto del Especialista en Psicología adscrito a ese Tribunal previo a dictar resolución en el procedimiento de Divorcio promovido por la Tercero Interesado LISBIA MARÍA MÁRQUEZ VEGA en contra del suscrito ARNULFO RUIZ HERRERA, tramitado bajo el expediente número 1408/2019 del índice de ese tribunal. 2.- La ilegal sentencia definitiva que se dictó en dicho procedimiento 1408/2019 el día 27 de Noviembre del 2019, sin que previamente al dictado de dicho fallo se hubiese recibido la opinión de los menores quejosos ARHELY KRISTELL, BRAYAN ARNULFO Y JUAN PABLO todos de apellido RUIZ MÁRQUEZ, en cumplimiento a la exigencia que establece el artículo 410 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a fin de resolver de mejor manera respecto de sus intereses.". Y además que la impetrante de garantías demuestra presuntivamente el interés en que se suspendan los actos reclamados con la posibilidad de su afectación con los actos reclamados, la cual se determina, con la afirmación bajo protesta de decir verdad, de los hechos y abstenciones que le constan, aunado a que exhibió con su demanda, copia certificada del acta de nacimiento del directo quejoso, con la que demuestra su minoría de edad, resultan aptos para acreditar indiciariamente el interés en que se suspendan aquéllos, se concede la suspensión provisional que se solicita, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan y no se ejecute la sentencia dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio de divorcio número 1408/2010 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, de acuerdo al planteamiento de la demanda de amparo claramente se advierte que los directos quejosos resultan ser menores de edad, asimismo que el juicio de origen se ventiló en relación al divorcio de sus padres; por tanto, el suscrito concluye que con la medida decretada no se le ocasionan daños y perjuicios al tercero interesado, y por ello, en la especie la suspensión concedida surte todos sus efectos sin exigir garantía alguna, atendiendo además al mayor interés de los menores directos quejosos; aunado, dicho quejoso ostenta el carácter de tercero extraño. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria de este juzgado para que notifique el presente proveído a la nombrada tercero interesada Lisbia María Márquez Vega, en el domicilio que señalo en su escrito de demanda. Debiendo informarle la fecha de la celebración de la audiencia en este este incidente de suspensión. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 143/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR, estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el artículo 3º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, y entréguese a cualquiera de sus autorizados legales previo recibo que se deje en autos.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Arnulfo Ruiz Herrera, en representación de sus hijos menores Arhely Kristell, Brayan Arnulfo y Juan Pablo todos de apellidos Ruiz Márquez, y exhibe originales de las actas de nacimiento de los menores; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 781/2019-4B. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08, o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado de mérito, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Asimismo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Ahora bien, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5º, fracciones III, inciso b) y IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, y como tercero interesada para los efectos de este asunto a Lisbia María Márquez Vega. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria de este juzgado para que emplace a juicio a la nombrada tercero interesada Lisbia María Márquez Vega, en el domicilio que señalo en su escrito de demanda. Teniendo en consideración que la quejosa ofreció como prueba las documentales de referencia y acompañó dos copias simples, sin que haya solicitado expresamente su compulsa o certificación para que obre en el expediente incidental, éste juzgado considera que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, oficiosamente se ordena la compulsa de las mismas para que se agreguen a dicho cuaderno y al resolver pueda tomarse en cuenta con el valor probatorio que le corresponde, asimismo, téngase por ofertadas las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana las cuales podrán ser tomadas en consideración en la audiencia constitucional, conforme proceda. Es aplicable la Jurisprudencia, de la Novena Época, con registro 163758, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2010, Materia Común, número de Tesis P./J. 71/2010, cuyo contenido es: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero número 142 Poniente entre Guillermo Prieto y Allende, Colonia Centro, de esta ciudad y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karla María Ruiz Rocha, Teresita de Jesús Rodríguez Rosas, Edgar Alberto Higuera Beltrán y Yaroz German Castellanos Araujo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Guillermo Casillas Camacho. Asimismo, como lo solicita se le permite la reproducción de copias, por cualquier dispositivo móvil de todas aquellas actuaciones que compongan el presente juicio, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar en el momento de la notificación respectiva, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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