Armando Rosales Grajales
Expediente 1646/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1646/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2022
Partes del expediente
- Armando Rosales Grajales
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Armando Rosales Grajales, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta presentada por Armando Rosales Grajales, por conducto de quien dice ser su autorizada Aremis Kuri Vázquez; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1646/2021-III. Analizada la demanda de cuenta, enseguida, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] De la disposición transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 3° y 6° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, prevén: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo transcrito, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, la disposición legal transcrita en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar el ocurso de derechos fundamentales que nos ocupa, puesto que habrá de desecharse de plano, toda vez que del escrito de demanda de amparo promovida por Armando Rosales Grajales, por conducto de quien dice ser su autorizada Aremis Kuri Vázquez, fue recibida vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por conducto de este órgano de control constitucional, asentándose que la misma fue presentada en línea, firmada electrónicamente por Aremis Kuri Vázquez, lo cual se corrobora previo análisis del mencionado escrito, como de la evidencia criptográfica que al efecto se exhibe como anexo al ocurso que se analiza. De lo anterior, se concluye que al no haber estampado directamente el quejoso su firma electrónica o, en su caso, huella digital, la promoción que se atiende deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad del directamente agraviado Armando Rosales Grajales, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo), por lo que se concluye que no existe manifestación de voluntad expresa, ya que no está firmada por éste (Armando Rosales Grajales) y por tal, no puede ser admisible un escrito anónimo carente de autenticidad. Sin que se soslaye que obre la firma electrónica de la autorizada Aremis Kuri Vázquez, pues ello no es motivo suficiente para tener por acreditada la voluntad del promovente, pues como se dijo, si bien es cierto, la firma electrónica produce efectos de firma autógrafa, cierto es que de la evidencia criptográfica que se exhibe anexa a la promoción que se analiza, no se advierte que Armando Rosales Grajales, tenga autorizada firma electrónica para el efecto de tener por satisfecho el requisito que prevé el artículo 3° de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte que reclame algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, en cuyo caso la demanda de amparo podría ser firmada incluso por cualesquier persona a su favor, o en su caso por la defensa de la parte quejosa tratándose del caso previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Por las razones que se exponen es aplicable la Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Tomo III, Septiembre de 2017, Décima Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. Por las razones que la integran, se estima aplicable también, la Tesis VI.1º.151 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente. "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de derechos fundamentales antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda promovida por Armando Rosales Grajales. No pasa inadvertido que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión o cualquier otro tendente a privar de la libertad al ahora quejoso Armando Rosales Grajales; sin embargo, dicho acto no encuadra en alguno de los supuestos en los que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueve en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí el sentido de la presente determinación. Ahora bien, no ha lugar a tener como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que menciona, ya que como se dijo en párrafos precedentes la falta de firma electrónica por parte de Armando Rosales Grajales, conlleva a que no existe manifestación de su voluntad expresa; y, por tanto, no procede dicha designación; asimismo, en cuanto a la solicitud contenida en su escrito de demanda la opción de acceso al expediente electrónico, dado que no proporciona su nombre de usuario, ya que se advierte que el que aduce corresponde a "aremis", dígasele que una vez que subsane dicha irregularidad se acordará lo conducente en derecho. Se faculta a la actuaria adscrita para que realice las notificaciones que legalmente procedan. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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