Armando Rosales Grajales

Expediente 1651/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1651/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Armando Rosales Grajales

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.Heroica Matamoros, Tamaulipas, primero de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, por el que remite el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto IV-1309/2021-2 de su índice, promovido por Armando Rosales Grajales; en virtud de que por acuerdo de veintiuno de diciembre del año en curso, se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho asunto. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Tribunal, bajo el número de juicio de amparo 1651/2021-VIII. Para analizar el planteamiento del declinante, en primer término se cita el numeral 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto reseñado, se obtienen tres hipótesis para fijar la competencia en conocimiento de juicios biinstanciales: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, para ubicar el supuesto en el que se encuentra este asunto, cabe precisar que el quejoso compareció ante el órgano remitente a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, señalando bajo protesta de decir verdad como domicilio el ubicado en Fray Bernardino de Sahagún número 145 B, entre Paseo Jardín y Paseo de las Flores, del fraccionamiento Virginia, código postal 94294, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz y afirmó, entre otras cuestiones, que el treinta de octubre de dos mil veintiuno, se enteró de que personas que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado [sin precisar de cual Entidad, sin excluir a Veracruz], se presentaron a su domicilio con la intención de cumplir una orden de aprehensión girada en su contra, lo que no fue posible ya que el quejoso adujo que en esos momentos se encontraba en su fuente de trabajo, desarrollando actividades laborales; que las personas que lo buscaban, le manifestaron a su esposa, que la orden de aprehensión derivaba de un acto de investigación pendiente en Matamoros, Tamaulipas. La razón fundamental en que se sustenta el oficiante, para estimar que en su perspectiva corresponde conocer a este tribunal del juicio recepcionado, la hace consistir en que las autoridades designadas como responsables residen en esta ciudad y que no se señaló ninguna en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, de aquella entidad. Debe puntualizarse de manera respetuosa, que se disiente del planteamiento del remitente, pues para determinar la competencia, es menester analizar de manera integral la naturaleza de los actos que se combaten. Lo anterior se afirma, en razón de que se reclama una orden de aprehensión, acto que requiere ejecución material. En ese contexto, las dos primeras reglas de competencia plasmadas en el numeral 37 de la ley de la materia, se refieren al acto reclamado que requiere de ejecución material, mientras que en la última no es necesaria dicha ejecución. En el caso, opera la hipótesis prevista por el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, que confiere competencia al declinante para seguir tramitando el juicio de amparo IV-1309/2021-2, en atención a que se combate una orden de aprehensión librada en contra del quejoso (acto que requiere ejecución material). Por ello, si en la demanda que conoce el oficiante, el agraviado señaló como acto combatido la orden de captura dictada en su contra, asegura bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se ubica en el estado de Veracruz y que personas que dijeron ser Policías Ministeriales, pretende cumplimentar dicho mandamiento; el Juez de Distrito ante quien se promovió, no puede soslayar su competencia, ya que contrario a lo que sostiene, la naturaleza de la causa de pedir, permite establecer que el mandato privativo de libertad es susceptible de ejecución en su ámbito de jurisdicción, donde se ubica el domicilio del quejoso. Si bien, el agraviado señaló algunas autoridades con domicilio en Matamoros, también es verdad que la totalidad de ellas no residen en la localidad, pues constituye un hecho notorio para este tribunal, que el Procurador General del Estado de Tamaulipas, el Fiscal General de Justicia y el Coordinador de la Policía Judicial (sic) Ministerial del Estado, son dependencias con jurisdicción en toda la Entidad y con asiento en ciudad Victoria, capital de este Estado. Aunado a que al tratarse de la radicación de la demanda, el asunto todavía no se encuentra integrado, con los datos que se desprendan de los informes justificados que en su momento rindan las autoridades responsables; de tal forma que tiene especial relevancia, lo manifestado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad en su demanda inicial, con independencia de que en escrito aclaratorio haya referido no señalar autoridad en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, pues se insiste, es un análisis preliminar, cuando el juicio de garantías apenas inicia y no está integrado en su totalidad para la resolución respectiva; ello implica que cabe la posibilidad que de acuerdo a lo que se exponga en los informes justificados, el quejoso podría inclusive ampliar su demanda por autoridades con sede en el ámbito territorial del remitente. Luego, si el quejoso en su demanda de garantías manifestó bajo protesta de decir verdad un domicilio en la jurisdicción del declinante, señaló autoridades que residen en diferentes ciudades -Matamoros y Ciudad Victoria, Tamaulipas- el juez oficiante debe seguir conociendo del amparo hasta su integración; sin que constituya obstáculo que por el momento no esté señalada ninguna ejecutora en aquella población. Si el juzgador que previno en el conocimiento, de manera anticipada, declaró carecer de competencia para conocer y resolver dicho juicio de garantías, deberá esperar el resultado de los distintos informes justificados, que le permitan establecer si en su caso desaparezca la posibilidad de ejecución de la orden de captura en su jurisdicción donde se ubica el domicilio del quejoso, o la posible participación de autoridades con residencia en aquella población. En efecto, se insiste, dada la naturaleza de la orden de aprehensión, que requiere ejecución material y que de acuerdo a los datos que hasta el momento se tienen, es posible su cumplimentación en cualquier lugar donde pudiera ser localizado el quejoso, incluyendo el domicilio que señaló en su demanda, ubicado dentro de la jurisdicción del declinante. Aunado a que tomando en cuenta lo consagrado en el artículo 17 Constitucional, si el agraviado optó por presentar su escrito biinstancial ante la potestad del oficiante, es porque le resulta más accesible y por ello, deberá esperar a la integración total del asunto hasta la audiencia constitucional, para definir sin lugar a dudas, la competencia que conocer del juicio de garantías. Ello con independencia de que, una vez integrado el expediente con los informes justificados de las autoridades responsables que residen en diversas ciudades, determine que deba conocer otro tribunal distinto al declinante. En el caso, tiene aplicación, en lo estrictamente conducente, la jurisprudencia 1a./J.52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2004166 y publicada en la página 383, del Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Cabe precisar que aun cuando la jurisprudencia antes reseñada, interpreta el primer párrafo del numeral 36 de la Ley de Amparo anterior, no se opone a la Legislación actual, pues aquella disposición, en su primer párrafo, contemplaba iguales reglas de competencia que las previstas en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. Bajo esta perspectiva, se estima pertinente citar en sus aspectos estrictamente sustanciales, la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.52/2013 (10a.), en la que se plasmaron, entre otras, las siguientes consideraciones: ".1. Conviene mencionar, que no se pierde de vista que el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 1/95, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, en sesión correspondiente al diez de octubre de dos mil, emitió las jurisprudencias intituladas 'COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.' y 'COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE.' A pesar de ello, las referidas jurisprudencias no permiten considerar dilucidada la presente contradicción de criterios, toda vez que si bien pudiera pensarse, que con motivo de lo plasmado en la ejecutoria que les dio origen, se resolvió el tema de la competencia de los jueces de Distrito cuando se reclama una orden de aprehensión, en el sentido de que debe atenderse al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y en todo caso, la autoridad ejecutora por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito es la que hace competente al referido juzgador, circunstancia que debe acreditar el promovente de la demanda. Sin embargo, ahí el tema se delimitó de otra manera, a saber: '(.) la contradicción de criterios en análisis se da en dos vertientes o aspectos: * Cuál debe ser la determinación del Juez de Distrito cuando las autoridades señaladas como ejecutoras niegan el acto reclamado sin que exista prueba que desvirtúe tal negativa. * Cuál debe ser la determinación del Tribunal Colegiado cuando en el supuesto del párrafo que antecede, el Juez de Distrito sigue conociendo del juicio hasta fallar el asunto. (.)' La ejecutoria informa en lo conducente lo siguiente, si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras que hacían competente al Juez de Distrito, niegan el acto a ellas atribuido, sin que el quejoso desvirtúe dicha negativa al celebrarse la audiencia constitucional en su totalidad, y tampoco en autos queda demostrada su existencia; entonces el Tribunal Colegiado debe dejar insubsistente la determinación recurrida -en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el juez de amparo- al advertir de oficio o a petición de parte la incompetencia sobrevenida del juez, ya que las autoridades señaladas como ejecutoras negaron la existencia del acto reclamado y el peticionario de amparo no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. 1. Lo anterior, a efecto de ordenar la remisión de los autos al Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para que sea éste quien dicte la sentencia relativa, toda vez que lo actuado por el Juez de Distrito incompetente es válido hasta la audiencia constitucional, porque hasta ese momento todavía se pueden desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan el acto reclamado, en la inteligencia de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisión, debe señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente, no así por lo que hace a la audiencia constitucional. Es decir, en ese asunto el Tribunal Pleno se pronuncia en ese sentido, porque en la demanda se señalaron autoridades responsables ejecutoras dentro de la circunscripción territorial de la jurisdicción del órgano de amparo, y adopta la postura que antecede, para la fase del procedimiento en la que se completó el desahogo de la audiencia constitucional, donde el quejoso tuvo la oportunidad de desvirtuar los informes justificados de las autoridades responsables ejecutoras que negaron el acto." Las consideraciones inmersas en la parte relativa de la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J.52/2013 (10a.), permiten establecer que hasta la audiencia constitucional, el quejoso tiene oportunidad de desvirtuar lo que manifiesten las autoridades responsables en sus informes justificados; luego, si el quejoso en su demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que vive en Veracruz, dentro de la jurisdicción del remitente y las autoridades responsables aun no rinden sus informes justificados, pues ni siquiera les han sido requeridos, el juez oficiante debe seguir conociendo del amparo hasta su integración; pues como lo establece la ejecutoria antes invocada [que a su vez originó la jurisprudencia 1a./J.52/2013 (10a.) en que se sustenta el declinante], corresponde al doliente desvirtuar lo que manifiesten las responsables en sus informes justificados, durante la tramitación del juicio de garantías, hasta que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva. En tal virtud, si el juzgador que previno en el conocimiento, en acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, sin esperar la llegada de los informes justificados y determinar si los actos son o no ciertos, resulta su decisión de manera anticipada, al señalar que en su perspectiva carece de competencia para conocer y resolver dicho juicio de garantías, sin fijar fecha para la audiencia constitucional; no es la fase procesal para su planteamiento, sino hasta la integración del expediente, en que, llegada la fecha fijada para la audiencia constitucional, podrá determinar, en su caso, si le corresponde o no resolver el juicio biinstancial de mérito. Se insiste, en lugar de declinar de manera anticipada, incompetencia para conocer de la orden de aprehensión reclamada, debe otorgarse al quejoso la oportunidad, de desvirtuar en su caso, la negativa de aquellas autoridades que factiblemente nieguen el acto atribuido y ese momento oportuno, es hasta la celebración de la audiencia constitucional, en que estará en aptitud, de determinar, con la información de las autoridades responsables, si le corresponde seguir conociendo o no. En tales condiciones, la competencia para seguir conociendo del asunto, corresponde al juzgado declinante. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional de manera respetuosa no acepta la competencia para conocer del juicio de garantías de cuenta, promovido por Armando Rosales Grajales; por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto IV-1309/2021-2 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Boca del Río, Veracruz y anexos, a su lugar de procedencia, solicitándole atentamente a dicho tribunal, tenga a bien ordenar el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y estadísticas que procedan. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano