Armando Rodríguez Ramírez

Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
624/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Armando Rodríguez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 7553/2020, enviado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a través del cual acusa recibo del diverso 19652/2020, con el que este órgano jurisdiccional remitió el original del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Armando Rodríguez Ramírez; asimismo, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del asunto; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Conforme a lo anterior, es de sostenerse que este asunto se encuentra debidamente integrado, ya que no existe diligencia alguna por desahogar, mandato pendiente de cumplimentar, ni promoción por acordar; consecuentemente, envíese el presente cuaderno al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, dado que este cuaderno se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; además, a juicio de este Juzgado no tiene relevancia documental para su conservación, deberá ser destruido a partir del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero del artículo antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido la comunicación oficial 773/2020-III-B, con número de orden 966/2020-III-B, enviada vía SISE, por el Juez Primero de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 273/2020-VI, derivado del proveído de dos de octubre del año en curso (fojas 9 a 14), del índice de este Tribunal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este juzgado federal la citada comunicación oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Armando Rodríguez Ramírez, contra actos de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con residencia en Tapachula y otras autoridades; regístrese la misma bajo el número 624/2020-VI, en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de derechos humanos que nos ocupa, por las razones siguientes: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aún cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino solo en aquéllos para los que está facultado por la ley; es decir, en los que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar la primera; es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquél al que se presente la demanda cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material y que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho humano, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Ahora bien, una vez analizada la demanda de cuenta, se advierte que Armando Rodríguez Ramírez promueve juicio de amparo indirecto, en el que, como autoridades responsables y actos reclamados, señaló lo siguiente. Autoridades responsables: Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas. Actos reclamados: "LA OMISIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 1 Y 17 CONSTITUCIONALES, Y 8 Y 25, DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS AL NO FIJA FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA DEL BENEFICIO DE REMISION PARCIAL DE LA PENA, EN SU MODALIDAD DE LIBERTAD ANTICIPADA Y DE LA LEY BENEFICA PRO PERSONA, O EN SU MOMENTO EL QUE MAS ME FAVOREZCA, DENTRO DE LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE DURACION DE LA PENA 15/2020 DEL INDICE DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL CON SEDE EN TAPACHULA CHIAPAS, POR CARECER DE COMPETENCIA LEGAL PARA RESOLVERLO." (sic) En ese contexto, para este Juzgado, se reitera, no resulta dable aceptar la competencia que se plantea. En efecto, cabe precisar que el acto reclamado por el quejoso Armando Rodríguez Ramírez, deriva de la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de iniciar el procedimiento de ejecución de pena y de la concesión de beneficios preliberacionales. Aunado a ello, el impetrante asevera que desde el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria en su contra; esto, dentro de la causa penal 6/2014 del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en Miguel Alemán (lo que se advierte de las documentales adjuntadas por el propio quejoso a su libelo de demanda), en la que se le impuso una pena corporal de siete años de prisión. Asimismo, agrega estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; de igual modo, asevera desconocer sobre el trámite dado a los beneficios preliberacionales. Como se advierte, la omisión de proveer sobre tales aspectos, es decir, en relación al procedimiento de ejecución de la pena y de la concesión de beneficios preliberacionales incide en la permanencia en su situación actual de privación de libertad personal. En ese tópico, resulta relevante dejar plasmado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que al continuar la situación de privación de libertad personal del impetrante, es inconcuso que dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario, en el caso, un Juez de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula. Criterio que resulta exactamente aplicable al caso en concreto y de aplicación obligatoria, mismo que se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 48/2015, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así las cosas, dadas las características del acto reclamado, la hipótesis de competencia que se acredita en el presente asunto es la precisada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; aunado a que, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, con motivo de la omisión de la concesión de beneficios preliberacionales, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer de la demanda que se atiende un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario; es decir, en Tapachula, Chiapas. Caso contrario sería si el acto que se reclama se hiciera consistir en un auto de formal prisión, pues en ese supuesto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquél en cuya jurisdicción resida el juez que conoce de la causa penal, pues sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto, lo que no sucede en el caso, pues lo que el quejoso reclama es la omisión de iniciar el procedimiento de ejecución de pena y de la concesión de beneficios preliberacionales; por lo que, en la especie, no resulta aplicable la jurisprudencia "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.", en la que se sustentó el juez oficiante para declinar la competencia a este tribunal. En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de derechos humanos que nos ocupa, promovida por Armando Rodríguez Ramírez; por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula, a fin de que ésta, a su vez, los turne al órgano jurisdiccional que por razón de turno corresponda y esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada. Asimismo, de la manera más atenta se solicita al Juzgado de Distrito correspondiente, se sirva acusar el recibo respectivo e informe si acepta o no la determinación adoptada. Sin que en el caso proceda pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado en virtud de que no se está en alguno de los supuestos que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando su lugar de reclusión como domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído al agraviado Armando Rodríguez Ramírez, en el lugar en que está internado, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas"; se faculta al titular del órgano al que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.

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