Armando Rafael Sáchez Olivarez

Expediente 318/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
318/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Armando Rafael Sáchez Olivarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Devuélvase a la Jueza responsable la documental que remitió como sustento de su informe justificado. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación y escrito con los que se da cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. Tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, al encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo, en razón de haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Incidente de suspensión. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negaron las medidas cautelares solicitadas. Al cumplirse los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado relativo, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el catorce de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el nueve siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; en los términos siguientes: "El auto de contestación de demanda y medidas cautelares de fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del Juicio Ordinario Oral Familiar sobre Convivencia y reducción de pensión alimenticia, que promuevo el suscrito quejoso frente a la señora ********************, expediente número ********************.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito radicó y admitió a trámite la demanda bajo el expediente ********************, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Mediante autos de diecisiete de mayo de dos de mil veintiuno y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a ******************** y a ********************, en cuanto tutor de la menor de iniciales ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Además, toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de una infanta, este Juzgado de Distrito determinó designarle un representante especial, a lo que se nombró a ********************, quien aceptó y protestó el cargo conferido. El seis de diciembre del año próximo pasado, se comunicó a las partes que a partir del uno de ese mes y año, el que ahora resuelve funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021 remitido en alcance, que suscribió por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden civil, que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insufi********************te, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral familiar número ********************, sobre convivencia y reducción de pensión promovido por el quejoso frente a ********************; auto en el que, previa petición, se decretó medida de protección a favor de la segunda y su menor hija de iniciales ******************** (prohibición de acercarse a ellas, al lugar en que se encuentren o domicilio que habitan a una distancia de ******************** metros a la redonda). TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contrario a la apreciación del Agente del Ministerio Público de la adscripción, es cierto el acto reclamado a la jueza responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancia que integran el juicio especial oral ********************, del índice del juzgado responsable, en donde obra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al haber sido certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto es menester hacer una breve relatoría de antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El veinte de enero de dos mil veinte, ******************** presentó demanda en la vía especial oral familiar, en contra de ********************, de quien reclamó: a) El régimen de convivencia con su menor hija de iniciales ******************** b) La reducción de la pensión alimenticia convenida con antelación. c) El pago de gastos y costas procesales. El actor narró los hechos de su pretensión y especificó que en el diverso expediente ********************, sobre divorcio, las partes -ahora también contendientes- presentaron un convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada. 2. Ese libelo correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, lo radicó bajo el expediente ********************, y determinó requerir al promovente para que especificara el domicilio de la demandada. 3. En proveído de treinta de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado a la parte reo para que produjera su contestación. 4. Después haber llevado a cabo el procedimiento de investigación para lograr el emplazamiento de la demandada, hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno tuvo lugar la diligencia correspondiente. 5. La demandada dio contestación a su demanda en los términos de su escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. En ese ocurso la promovente medularmente negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y aseveró que no es viable el régimen de convivencias, dado que el actor tiene antecedentes de violencia, sin tener alguna relación paternal con la menor, lo que afecta el sano desarrollo psicológico de ésta. Por ello, también solicitó medida cautelar de restricción en los términos siguientes: ".con la única finalidad de salvaguardar la integridad física de mi menor hija, se fije desde este momento una restricción en contra de la parte actora el C. ARMANDO RAFAEL SANCHEZ OLIVARES, toda vez que tengo temor fundado, ya que las últimas veces que ha tenido conocimiento del lugar donde vivo con mi ahora esposo, ha hecho acto de presencia de manera violenta en contra de la suscrita y mi menor hija, y acudió en condiciones inconvenientes ya que llega en estado de ebriedad gritando majaderías e insultando, ocasionando un desequilibrio psicológico en el bienestar de mi menor hija e incluso me ha manifestado a través de mensajes que se llevará a mi menor hija y ni cuenta me daré, así como insultos a través de estos mensajes de textos. Acreditando con el informe rendido de la psicóloga, que se encuentra en las documentales que rendiré de pruebas, y que son constancias que obran en el divorcio sin expresión de causa ya mencionado, mismo que hace alusión al grado de alcoholismo y incon********************cia en que comparecía el señor ********************, para exigir un derecho de convivencia.". 6. A lo anterior recayó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por contestando la demanda y se concedió la medida de protección consistente en la prohibición para ******************** de acercarse a la demandada y su menor hija, al lugar en que se encuentren o domicilio que habitan a una distancia de ******************** metros a la redonda, tal como se observa enseguida: "Por otra parte, tomando en consideración los argumentos que esgrime, en el sentido de que tiene temor fundado de la conducta del actor, quien ha hecho acto de presencia al lugar donde vive con su ahora esposo, de manera violenta en contra de ella y su menor hija, incluso ha acudido en estado inconveniente ya que llega en estado de ebriedad, gritando majaderías e insultando lo que ha ocasionado un desequilibrio psicológico en el bienestar de la menor de edad, incluso le ha manifestado a través de mensajes que se llevará a la niña y ni cuenta se dará, en tales condiciones es que probablemente la actora y su menor hija han sido sometidos a violencia, en términos de los artículos ° y 4° Constitucionales; 1, 3, 5, fracción IV, 6, 7, 8, fracción VI, 27, 28, fracción II, 31 y 33, de la Ley General de Acceso de las mujeres a una libre de violencia, así como los diversos 260, fracción V, 324, fracciones II y III, y 325 del Código Familiar del Estado, a efecto de salvaguardar la integridad y desarrollo de la demandante y sus menores hijos, se decreta como medida de protección a su favor, la prohibición de que el demandado ********************, se acerque a la actora y a la menor de edad al domicilio que habitan y/o cualquier otro lugar en el que se encuentren a molestarlas a una distancia de ******************** metros a la redonda, apercibiéndolo de que en caso de no cumplir con dicha medida, se aplicarán en su contra arresto por 24 veinticuatro horas, además hágasele saber que en caso de reincidir se dará vista al ministerio público para que inicie investigación por desobediencia y resistencia de particulares.". Esta última determinación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna de ellas, ni se observan de oficio lo que se impone es proceder en el estudio de fondo del asunto. Ello sin que obste que la tercero interesada ********************, en su escrito de alegatos presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, hubiere señalado la improcedencia del juicio, dado que sus manifestaciones las hace valer desde el punto de vista de la ineficacia de los conceptos de violación, no así la invocación alguna causal de inejercitabilidad mediante un razonamiento lógico-jurídico. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación el peticionario de amparo esencialmente aduce que la autoridad responsable no fundó y motivó adecuadamente la medida cautelar, pues se limitó a citar meras presunciones normativas para su concesión, sin hacer referencia a los hechos narrados. Esto porque, en su opinión, la autoridad no especificó la forma en que supuestamente se ejerció la violencia familiar en contra de la aquí tercera interesada y su menor hija, sin que la apariencia del buen derecho sea sufi********************te para motivar el acto de autoridad. Agrega que la jueza responsable no se pronunció sobre la convivencia provisional que se solicitó en el escrito inicial de demanda. Dichos planteamientos son ineficaces. En principio, conviene recapitular que el acto reclamado deriva de una medida de restricción que se solicitó para no acercarse ni molestar a una menor de edad, derivada del señalamiento de violencia familiar, por lo que al respecto debe señalarse que en el presente juicio opera la suplencia de la defi********************cia de la queja en su favor, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su interpretación conforme, de acuerdo a lo que establece el artículo 1° Constitucional, por tratarse de un caso en el que se afecta el orden y desarrollo de la familia, además que se encuentra directamente afectada una menor de edad. Por tanto, ante las referidas circunstancias este órgano jurisdiccional de amparo se encuentra obligado a salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, ya que hasta este momento se advierte que existe una menor de edad se encuentra en condiciones de desventaja, lo que la coloca en un estado de vulnerabilidad que puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar y económica. Al respecto sustentan las anteriores determinaciones la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de contenido siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la defi********************cia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insufi********************cia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.". Sentado lo anterior, debe establecerse que la medida de protección reclamada es una medida cautelar, que tiene las características siguientes: A. Constituyen medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existente, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. B. Son medidas autorizadas por la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio. C. Se dictan siempre con el carácter de provisionales, son flexibles y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. D. Excepcionalmente, dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales. E. Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante su tramitación. F. La persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente. G. Son los instrumentos que puede decretar el Juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. H. Se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, por regla general; aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente, a través del recurso de apelación. I. En la ejecución de la providencia no se admite excepción alguna. J. Constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. K. Su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. L. Constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapare********************do, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 21/98 que establece. "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapare********************do, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.". Esto es, las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser flexibles, adaptables, accesorias y sumarias, y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Ahora, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone lo siguiente: "Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore********************do en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." El dispositivo constitucional citado establece que los derechos humanos de fuente nacional se interpretarán de conformidad con los derechos humanos de fuente internacional, constituye una norma constitucional de apertura, cuyo efecto central, consiste en otorgar eficacia constitucional a los tratados internacionales de la materia de los que México es parte y, en consecuencia, a la jurisprudencia de los tribunales internacionales autorizados para ejercer jurisdicción con respecto al Estado mexicano; en tanto que la jurisprudencia internacional proyecta el contenido concreto de las normas convencionales contenidas en tales instrumentos de producción externa. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." De lo anterior se obtiene que todo acto de autoridad tiene que encontrarse debidamente fundado y motivado en la ley. La fundamentación se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En los casos como el que se analiza, esa fundamentación y motivación se rige además por la obligación del juzgador de analizar las disposiciones legales aplicables al caso, en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, así como en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Fundamental y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder a la menor tercera interesada. Lo antes razonado encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone. "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y sufi********************temente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Ahora, como ya se precisó, el acto reclamado lo constituye la orden de restricción dirigida al quejoso en la que la jueza responsable le prohibió acercarse la prohibición para ******************** de acercarse a la demandada y su menor hija, al lugar en que se encuentren o domicilio que habitan a una distancia de ******************** metros a la redonda, derivado de las manifestaciones de violencia familiar. Ciertamente, la adopción de esa medida cautelar reclamada obedeció ante lo manifestado en el escrito de contestación de demanda, en el que relató ser víctima de violencia familiar por parte del aquí quejoso. Ello porque ya se encuentra viviendo con otra pareja en diverso domicilio en el que ya habían sucedido discrepancias sobre la convivencia con la menor, y sobre todo que el aquí quejoso se presentó alterado en estado inconveniente. Manifestaciones que desde luego generaron un indicio de esa circunstancia, lo cual no podía soslayarse por parte de la jueza familiar responsable. A lo anterior cabe señalar que si bien es cierto que en las medidas cautelares no rige la garantía previa, ello no significa que no deban estar debidamente fundadas y motivadas. En el caso concreto la determinación reclamada tuvo sustento legal en los artículos 1° y 4° Constitucionales; 1, 3, 5, fracción IV, 6, 7, 8, fracción VI, 27, 28, fracción II, 31 y 33, de la Ley General de Acceso de las mujeres a una libre de violencia, así como los diversos 260, fracción V, 324, fracciones II y III, y 325 del Código Familiar del Estado. De manera relevante, dichos preceptos legales en su orden establecen: Código Familiar del Estado "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten..." Ley General de Acceso de las mujeres a una libre de violencia "ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida." "ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;." "ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres." "ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho." "ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia." "ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres." "ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser: II. Preventivas, y." "ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración: I. El riesgo o peligro existente; II. La seguridad de la víctima, y III. Los elementos con que se cuente." "ARTÍCULO 33.- Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes." De la interpretación de los preceptos transcritos se desprende la preocupación del Estado por establecer medidas eficaces para evitar y erradicar conductas de violencia familiar entre sus integrantes, entre ellos, los parientes consanguíneos, y de manera destacada, aquellas que van dirigidas hacia las mujeres. En efecto, la violencia familiar es entendida como todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar; y en el caso se complementa con el concepto de violencia contra las mujeres, que implica aquél acto de acción u omisión que, en razón del género, cause a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso, la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus modalidades, afectando sus derechos humanos. Supuestos que, como ya se precisó, sustentaron la causa de pedir ********************, pues afirmó ser víctima de violencia familiar en su persona derivado de avenencias suscitadas por la convivencia con la menor, por lo que ante tal circunstancia solicitó la orden de restricción. En concordancia con tal prerrogativa que le asiste a ********************, la jueza responsable una vez precisadas las manifestaciones de la actora sobre posibles hechos de violencia (que se presente al lugar donde la tercero interesada vive con su actual esposo, en estado inconveniente de ebriedad, gritando, insultando o con "majaderías", afectando el equilibrio psicológico de la menor o enviando mensajes de textos sobre que se la va a llevar), estaba obligada a actuar como legalmente lo hizo. Es decir, atendiendo a los principios rectores para el caso concreto, ante la situación urgente de violencia familiar, inferida a una mujer; por lo que, de acuerdo al imperativo del artículo 324, del Código Familiar del Estado, decretó la medida cautelar solicitada, con las restricciones previstas en las fracciones II y III del citado numeral, dirigidas al aquí quejoso, a quien le prohibió acudir al domicilio de la actora y su hija, acercárseles a menos de ******************** metros. Además, el artículo 325 del Código Familiar del Estado, faculta al juez responsable para imponer medidas diversas a las previstas en el referido numeral 324 del propio código. También, para aplicar las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, cuyos artículos 60 y 61, señalan que las órdenes de protección podrán ser, entre otras, de emergencia y preventivas, así como otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima. Aunado que el artículo 62 de esa misma legislación establece que las restricciones pueden constar en que los agresores no acudan ni se acerquen al domicilio, trabajo, escuela o cualquier lugar que frecuente la afectada; así como de que no deberán molestarla o intimidarla en su entorno social. Bajo esa línea argumentativa, contrario a lo que señala el quejoso en sus conceptos de violación, de los lineamientos legales analizados, no se aprecia que la jueza responsable estuviera obligada allegarse de mayores elementos de prueba que acreditaran el peligro, la necesidad y la urgencia de otorgar la medida de restricción reclamada; porque ya se estableció que la naturaleza de las medidas precautorias lleva implícita la calidad de urgente. Lo que se corrobora con el contenido del artículo 61 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece que deben otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que se hagan de su conocimiento los hechos que las generan, sin constreñir a la autoridad a la obligación de allegarse de pruebas, y como consecuencia lógica, tampoco le impone describirlas y valorarlas en el cuerpo de la orden de restricción que nos ocupa. Por tanto, contrario a lo señalado por el quejoso, la determinación combatida cumple con el requisito de motivación a que obliga el artículo 16 Constitucional, porque la jueza responsable, al emitirla, dio cuenta con el escrito petitorio de ********************; precisó que dicha persona solicitó que se dictara una medida cautelar, orden de restricción, y que en virtud de lo narrado el juzgador advirtió la existencia de violencia familiar; precisó el nombre del presunto agresor; y, en consecuencia decretó como medida provisional la restricción al aquí quejoso para que no se acerque ni moleste a la solicitante en los términos ya precisados, los cuales son concordantes con los lineamientos legales ya analizados. Sin que alguno de los preceptos o criterios legales que rigen al acto reclamado obliguen a la jueza a emitir, en el cuerpo de la orden de restricción, la relatoría fáctica del caso concreto. De ahí que no era menester que no narrara hechos de violencia concretos. Esto es, contra lo afirmado por el quejoso, dada la naturaleza preventiva de un riesgo sobre la integridad de la solicitante de la medida, virtud de la posibilidad de que se cometan actos de violencia en su persona, bastaba el conocimiento de los hechos para que la jueza responsables, de manera fundada, motivada y racional, con los elementos que hasta ese momento contaba, resolviera sobre la procedencia de la medida reclamada. Finalmente, debe precisarse que también es ineficaz el argumento relativo a que la jueza responsable omitió pronunciarse sobre la convivencia provisional que dice el quejoso solicitó desde el libelo inicial. Esto es así porque el acto reclamado no se planteó en la demanda de amparo desde esa perspectiva, es decir, una omisión en que incurrió la juzgadora, además de que en autos no obra inconformidad alguna sobre el auto en que se tuvo por admitida la demanda y en la que eventualmente debió proveerse sobre esa medida en forma provisional. Además, de la revisión del escrito inicial de demanda no se observa que propiamente se haya solicitado la medida provisional de convivencia, sino solamente la fijación de un régimen para llevarlas a cabo, al no haberse esclarecido en definitiva ese punto derivado del juicio de divorcio en el que fueron partes los contendientes. Bajo tales condiciones, la jueza responsable no estaba obligada a proveer sobre la medida provisional de convivencia, porque ello no fue objeto de petición o pronunciamiento en el acto reclamado. Máxime que si en el auto que otorgó la diversa de restricción a partir de la existencia de indicios de violencia familiar, es evidente que los intereses a proteger para ambas son distintos. Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación expuestos por el quejoso procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. No ampara ni protege a ******************** en contra del acto y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy catorce de julio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANA GUADALUPE GARCÍA MAGAÑA, POR PROPIO DERECHO Y EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE LA MENOR DE INICIALES A.V.S.G., EL SIGUIENTE AUTO: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el catorce de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el nueve siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; en los términos siguientes: "El auto de contestación de demanda y medidas cautelares de fecha 24 veinticuatro de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del Juicio Ordinario Oral Familiar sobre Convivencia y reducción de pensión alimenticia, que promuevo el suscrito quejoso frente a la señora ********************, expediente número ********************.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito radicó y admitió a trámite la demanda bajo el expediente ********************, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Mediante autos de diecisiete de mayo de dos de mil veintiuno y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a ******************** y a ********************, en cuanto tutor de la menor de iniciales ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Además, toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos de una infanta, este Juzgado de Distrito determinó designarle un representante especial, a lo que se nombró a ********************, quien aceptó y protestó el cargo conferido. El seis de diciembre del año próximo pasado, se comunicó a las partes que a partir del uno de ese mes y año, el que ahora resuelve funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021 remitido en alcance, que suscribió por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden civil, que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insufi********************te, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial oral familiar número ********************, sobre convivencia y reducción de pensión promovido por el quejoso frente a ********************; auto en el que, previa petición, se decretó medida de protección a favor de la segunda y su menor hija de iniciales ******************** (prohibición de acercarse a ellas, al lugar en que se encuentren o domicilio que habitan a una distancia de ******************** metros a la redonda). TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contrario a la apreciación del Agente del Ministerio Público de la adscripción, es cierto el acto reclamado a la jueza responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancia que integran el juicio especial oral ********************, del índice del juzgado responsable, en donde obra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al haber sido certificadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto es menester hacer una breve relatoría de antecedentes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El veinte de enero de dos mil veinte, ******************** presentó demanda en la vía especial oral familiar, en contra de ********************, de quien reclamó: a) El régimen de convivencia con su menor hija de iniciales ******************** b) La reducción de la pensión alimenticia convenida con antelación. c) El pago de gastos y costas procesales. El actor narró los hechos de su pretensión y especificó que en el diverso expediente ********************, sobre divorcio, las partes -ahora también contendientes- presentaron un convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada. 2. Ese libelo correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veinte, lo radicó bajo el expediente ********************, y determinó requerir al promovente para que especificara el domicilio de la demandada. 3. En proveído de treinta de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado a la parte reo para que produjera su contestación. 4. Después haber llevado a cabo el procedimiento de investigación para lograr el emplazamiento de la demandada, hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno tuvo lugar la diligencia correspondiente. 5. La demandada dio contestación a su demanda en los términos de su escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. En ese ocurso la promovente medularmente negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y aseveró que no es viable el régimen de convivencias, dado que el actor tiene antecedentes de violencia, sin tener alguna relación paternal con la menor, lo que afecta el sano desarrollo psicológico de ésta. Por ello, también solicitó medida cautelar de restricción en los términos siguientes: ".con la única finalidad de salvaguardar la integridad física de mi menor hija, se fije desde este momento una restricción en contra de la parte actora el C. ARMANDO RAFAEL SANCHEZ OLIVARES, toda vez que tengo temor fundado, ya que las últimas veces que ha tenido conocimiento del lugar donde vivo con mi ahora esposo, ha hecho acto de presencia de manera violenta en contra de la suscrita y mi menor hija, y acudió en condiciones inconvenientes ya que llega en estado de ebriedad gritando majaderías e insultando, ocasionando un desequilibrio psicológico en el bienestar de mi menor hija e incluso me ha manifestado a través de mensajes que se llevará a mi menor hija y ni cuenta me daré, así como insultos a través de estos mensajes de textos. Acreditando con el informe rendido de la psicóloga, que se encuentra en las documentales que rendiré de pruebas, y que son constancias que obran en el divorcio sin expresión de causa ya mencionado, mismo que hace alusión al grado de alcoholismo y incon********************cia en que comparecía el señor ********************, para exigir un derecho de convivencia.". 6. A lo anterior recayó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por contestando la demanda y se concedió la medida de protección consistente en la prohibición para ******************** de acercarse a la demandada y su menor hija, al lugar en que se encuentren o domicilio que habitan a una distancia de ******************** metros a la redonda, tal como se observa enseguida: "Por otra parte, tomando en consideración los argumentos que esgrime, en el sentido de que tiene temor fundado de la conducta del actor, quien ha hecho acto de presencia al lugar donde vive con su ahora esposo, de manera violenta en contra de ella y su menor hija, incluso ha acudido en estado inconveniente ya que llega en estado de ebriedad, gritando majaderías e insultando lo que ha ocasionado un desequilibrio psicológico en el bienestar de la menor de edad, incluso le ha manifestado a través de mensajes que se llevará a la niña y ni cuenta se dará, en tales condiciones es que probablemente la actora y su menor hija han sido sometidos a violencia, en términos de los artículos ° y 4° Constitucionales; 1, 3, 5, fracción IV, 6, 7, 8, fracción VI, 27, 28, fracción II, 31 y 33, de la Ley General de Acceso de las mujeres a una libre de violencia, así como los diversos 260, fracción V, 324, fracciones II y III, y 325 del Código Familiar del Estado, a efecto de salvaguardar la integridad y desarrollo de la demandante y sus menores hijos, se decreta como medida de protección a su favor, la prohibición de que el demandado ********************, se acerque a la actora y a la menor de edad al domicilio que habitan y/o cualquier otro lugar en el que se encuentren a molestarlas a una distancia de ******************** metros a la redonda, apercibiéndolo de que en caso de no cumplir con dicha medida, se aplicarán en su contra arresto por 24 veinticuatro horas, además hágasele saber que en caso de reincidir se dará vista al ministerio público para que inicie investigación por desobediencia y resistencia de particulares.". Esta última determinación es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna de ellas, ni se observan de oficio lo que se impone es proceder en el estudio de fondo del asunto. Ello sin que obste que la tercero interesada ********************, en su escrito de alegatos presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, hubiere señalado la improcedencia del juicio, dado que sus manifestaciones las hace valer desde el punto de vista de la ineficacia de los conceptos de violación, no así la invocación alguna causal de inejercitabilidad mediante un razonamiento lógico-jurídico. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación el peticionario de amparo esencialmente aduce que la autoridad responsable no fundó y motivó adecuadamente la medida cautelar, pues se limitó a citar meras presunciones normativas para su concesión, sin hacer referencia a los hechos narrados. Esto porque, en su opinión, la autoridad no especificó la forma en que supuestamente se ejerció la violencia familiar en contra de la aquí tercera interesada y su menor hija, sin que la apariencia del buen derecho sea sufi********************te para motivar el acto de autoridad. Agrega que la jueza responsable no se pronunció sobre la convivencia provisional que se solicitó en el escrito inicial de demanda. Dichos planteamientos son ineficaces. En principio, conviene recapitular que el acto reclamado deriva de una medida de restricción que se solicitó para no acercarse ni molestar a una menor de edad, derivada del señalamiento de violencia familiar, por lo que al respecto debe señalarse que en el presente juicio opera la suplencia de la defi********************cia de la queja en su favor, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su interpretación conforme, de acuerdo a lo que establece el artículo 1° Constitucional, por tratarse de un caso en el que se afecta el orden y desarrollo de la familia, además que se encuentra directamente afectada una menor de edad. Por tanto, ante las referidas circunstancias este órgano jurisdiccional de amparo se encuentra obligado a salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, ya que hasta este momento se advierte que existe una menor de edad se encuentra en condiciones de desventaja, lo que la coloca en un estado de vulnerabilidad que puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar y económica. Al respecto sustentan las anteriores determinaciones la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 de contenido siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la defi********************cia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insufi********************cia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.". Sentado lo anterior, debe establecerse que la medida de protección reclamada es una medida cautelar, que tiene las características siguientes: A. Constituyen medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existente, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. B. Son medidas autorizadas por la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio. C. Se dictan siempre con el carácter de provisionales, son flexibles y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. D. Excepcionalmente, dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales. E. Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante su tramitación. F. La persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente. G. Son los instrumentos que puede decretar el Juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. H. Se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, por regla general; aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente, a través del recurso de apelación. I. En la ejecución de la providencia no se admite excepción alguna. J. Constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. K. Su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. L. Constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapare********************do, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 21/98 que establece. "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapare********************do, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.". Esto es, las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser flexibles, adaptables, accesorias y sumarias, y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Ahora, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone lo siguiente: "Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore********************do en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." El dispositivo constitucional citado establece que los derechos humanos de fuente nacional se interpretarán de conformidad con los derechos humanos de fuente internacional, constituye una norma constitucional de apertura, cuyo efecto central, consiste en otorgar eficacia constitucional a los tratados internacionales de la materia de los que México es parte y, en consecuencia, a la jurisprudencia de los tribunales internacionales autorizados para ejercer jurisdicción con respecto al Estado mexicano; en tanto que la jurisprudencia internacional proyecta el contenido concreto de las normas convencionales contenidas en tales instrumentos de producción externa. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." De lo anterior se obtiene que todo acto de autoridad tiene que encontrarse debidamente fundado y motivado en la ley. La fundamentación se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. En los casos como el que se analiza, esa fundamentación y motivación se rige además por la obligación del juzgador de analizar las disposiciones legales aplicables al caso, en seguimiento de los principios establecidos en los ordenamientos mencionados, así como en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Ley Fundamental y atender al mayor beneficio que pudiera corresponder a la menor tercera interesada. Lo antes razonado encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone. "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y sufi********************temente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Ahora, como ya se precisó, el acto reclamado lo constituye la orden de restricción dirigida al quejoso en la que la jueza responsable le prohibió acercarse la prohibición para ******************** de acercarse a la demandada y su menor hija, al lugar en que se encuentren o domicilio que habitan a una distancia de ******************** metros a la redonda, derivado de las manifestaciones de violencia familiar. Ciertamente, la adopción de esa medida cautelar reclamada obedeció ante lo manifestado en el escrito de contestación de demanda, en el que relató ser víctima de violencia familiar por parte del aquí quejoso. Ello porque ya se encuentra viviendo con otra pareja en diverso domicilio en el que ya habían sucedido discrepancias sobre la convivencia con la menor, y sobre todo que el aquí quejoso se presentó alterado en estado inconveniente. Manifestaciones que desde luego generaron un indicio de esa circunstancia, lo cual no podía soslayarse por parte de la jueza familiar responsable. A lo anterior cabe señalar que si bien es cierto que en las medidas cautelares no rige la garantía previa, ello no significa que no deban estar debidamente fundadas y motivadas. En el caso concreto la determinación reclamada tuvo sustento legal en los artículos 1° y 4° Constitucionales; 1, 3, 5, fracción IV, 6, 7, 8, fracción VI, 27, 28, fracción II, 31 y 33, de la Ley General de Acceso de las mujeres a una libre de violencia, así como los diversos 260, fracción V, 324, fracciones II y III, y 325 del Código Familiar del Estado. De manera relevante, dichos preceptos legales en su orden establecen: Código Familiar del Estado "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten..." Ley General de Acceso de las mujeres a una libre de violencia "ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida." "ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;." "ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres." "ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho." "ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia." "ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres." "ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser: II. Preventivas, y." "ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración: I. El riesgo o peligro existente; II. La seguridad de la víctima, y III. Los elementos con que se cuente." "ARTÍCULO 33.- Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes." De la interpretación de los preceptos transcritos se desprende la preocupación del Estado por establecer medidas eficaces para evitar y erradicar conductas de violencia familiar entre sus integrantes, entre ellos, los parientes consanguíneos, y de manera destacada, aquellas que van dirigidas hacia las mujeres. En efecto, la violencia familiar es entendida como todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar; y en el caso se complementa con el concepto de violencia contra las mujeres, que implica aquél acto de acción u omisión que, en razón del género, cause a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso, la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus modalidades, afectando sus derechos humanos. Supuestos que, como ya se precisó, sustentaron la causa de pedir ********************, pues afirmó ser víctima de violencia familiar en su persona derivado de avenencias suscitadas por la convivencia con la menor, por lo que ante tal circunstancia solicitó la orden de restricción. En concordancia con tal prerrogativa que le asiste a ********************, la jueza responsable una vez precisadas las manifestaciones de la actora sobre posibles hechos de violencia (que se presente al lugar donde la tercero interesada vive con su actual esposo, en estado inconveniente de ebriedad, gritando, insultando o con "majaderías", afectando el equilibrio psicológico de la menor o enviando mensajes de textos sobre que se la va a llevar), estaba obligada a actuar como legalmente lo hizo. Es decir, atendiendo a los principios rectores para el caso concreto, ante la situación urgente de violencia familiar, inferida a una mujer; por lo que, de acuerdo al imperativo del artículo 324, del Código Familiar del Estado, decretó la medida cautelar solicitada, con las restricciones previstas en las fracciones II y III del citado numeral, dirigidas al aquí quejoso, a quien le prohibió acudir al domicilio de la actora y su hija, acercárseles a menos de ******************** metros. Además, el artículo 325 del Código Familiar del Estado, faculta al juez responsable para imponer medidas diversas a las previstas en el referido numeral 324 del propio código. También, para aplicar las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, cuyos artículos 60 y 61, señalan que las órdenes de protección podrán ser, entre otras, de emergencia y preventivas, así como otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima. Aunado que el artículo 62 de esa misma legislación establece que las restricciones pueden constar en que los agresores no acudan ni se acerquen al domicilio, trabajo, escuela o cualquier lugar que frecuente la afectada; así como de que no deberán molestarla o intimidarla en su entorno social. Bajo esa línea argumentativa, contrario a lo que señala el quejoso en sus conceptos de violación, de los lineamientos legales analizados, no se aprecia que la jueza responsable estuviera obligada allegarse de mayores elementos de prueba que acreditaran el peligro, la necesidad y la urgencia de otorgar la medida de restricción reclamada; porque ya se estableció que la naturaleza de las medidas precautorias lleva implícita la calidad de urgente. Lo que se corrobora con el contenido del artículo 61 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, que establece que deben otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que se hagan de su conocimiento los hechos que las generan, sin constreñir a la autoridad a la obligación de allegarse de pruebas, y como consecuencia lógica, tampoco le impone describirlas y valorarlas en el cuerpo de la orden de restricción que nos ocupa. Por tanto, contrario a lo señalado por el quejoso, la determinación combatida cumple con el requisito de motivación a que obliga el artículo 16 Constitucional, porque la jueza responsable, al emitirla, dio cuenta con el escrito petitorio de ********************; precisó que dicha persona solicitó que se dictara una medida cautelar, orden de restricción, y que en virtud de lo narrado el juzgador advirtió la existencia de violencia familiar; precisó el nombre del presunto agresor; y, en consecuencia decretó como medida provisional la restricción al aquí quejoso para que no se acerque ni moleste a la solicitante en los términos ya precisados, los cuales son concordantes con los lineamientos legales ya analizados. Sin que alguno de los preceptos o criterios legales que rigen al acto reclamado obliguen a la jueza a emitir, en el cuerpo de la orden de restricción, la relatoría fáctica del caso concreto. De ahí que no era menester que no narrara hechos de violencia concretos. Esto es, contra lo afirmado por el quejoso, dada la naturaleza preventiva de un riesgo sobre la integridad de la solicitante de la medida, virtud de la posibilidad de que se cometan actos de violencia en su persona, bastaba el conocimiento de los hechos para que la jueza responsables, de manera fundada, motivada y racional, con los elementos que hasta ese momento contaba, resolviera sobre la procedencia de la medida reclamada. Finalmente, debe precisarse que también es ineficaz el argumento relativo a que la jueza responsable omitió pronunciarse sobre la convivencia provisional que dice el quejoso solicitó desde el libelo inicial. Esto es así porque el acto reclamado no se planteó en la demanda de amparo desde esa perspectiva, es decir, una omisión en que incurrió la juzgadora, además de que en autos no obra inconformidad alguna sobre el auto en que se tuvo por admitida la demanda y en la que eventualmente debió proveerse sobre esa medida en forma provisional. Además, de la revisión del escrito inicial de demanda no se observa que propiamente se haya solicitado la medida provisional de convivencia, sino solamente la fijación de un régimen para llevarlas a cabo, al no haberse esclarecido en definitiva ese punto derivado del juicio de divorcio en el que fueron partes los contendientes. Bajo tales condiciones, la jueza responsable no estaba obligada a proveer sobre la medida provisional de convivencia, porque ello no fue objeto de petición o pronunciamiento en el acto reclamado. Máxime que si en el auto que otorgó la diversa de restricción a partir de la existencia de indicios de violencia familiar, es evidente que los intereses a proteger para ambas son distintos. Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación expuestos por el quejoso procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. No ampara ni protege a ******************** en contra del acto y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy catorce de julio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-318/2021 promovido por Armando Rafael Sánchez Olivarez, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente asunto tienen reconocido el carácter de terceros interesados I. Ana Guadalupe García Magaña; II. Maribel Espinosa Andrade tutora en el juicio de origen del menor de iniciales A.V.S.G.; y, III. V. Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal, en cuanto representante del citado menor de edad. Asimismo, da cuenta con la promoción recibida en esta fecha y registrada con el folio 7745. El Juez: Téngase hecha la relación que antecede; por lo que ve al escrito de cuenta signado por la asesora jurídica federal, a través del cual alega, provéase lo conducente en la etapa procesal respectiva. Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. El Secretario: Se da cuenta con el informe justificado rendido por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Zamora, Michoacán. El Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido tal informe. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. El Secretario: Se hace constar que obra cuaderno por separado la copia certificada de las principales constancias relativas al juicio especial oral familiar 61/2020, sobre convivencia y reducción de pensión alimenticia. El Juez: Ténganse desahogadas dichas documentales; al no existir más pruebas que verificar, se pasa al período de alegatos. El Secretario: Se hace constar que tanto la asesora jurídica federal, como la tercera interesada, formularon los alegatos que les corresponden. El Juez: Se tienen reproducidas tales alegaciones, con lo cual concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.El Juez Tercero de Distrito en el Estado Omar Alejandro Elizalde Herrera. El Secretario Luis Felipe Sánchez Luna.Dva

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