Armando Perez Castro

Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
668/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Armando Perez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en fecha de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la cual se SOBRESEYÓ, el presente juicio de amparo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que no obran glosados documentos originales y que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; lo anterior, sin soslayar que mediante resolución mencionada en párrafos anteriores, se SOBRESEYÓ el juicio de amparo; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 668/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-668/2022, promovido por ARMANDO PEREZ CASTRO, contra actos del Hospital General de Zacapu, Michoacán y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. . Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación, manifestara si ya había acudido al nosocomio responsable y le brindaron la atención médica reclamada, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendría conforme con el tratamiento recibido; sin que hubiere desahogado tal vista; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento en cita, para los efectos legales procedentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Zacapu, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables ofrecieron diversas documentales, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 393/2022, presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-668/2022, promovido por ARMANDO PÉREZ CASTRO, contra actos del Hospital General de Zacapu, Michoacán y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el Portal de Juicios en Línea de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que por razón de turno, fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ARMANDO PÉREZ CASTRO, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. El mismo día de recepción de la demanda, este órgano jurisdiccional, entre otras cuestiones concedió la suspensión de plano al quejoso y admitió a trámite el juicio de amparo, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por razón de la materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el caso, la parte quejosa reclama actos omisivos de autoridades administrativas con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, de manera que el conocimiento del caso se determina a prevención. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, ampliación de demanda y demás constancias allegadas al sumario1, se obtiene que los actos reclamados consisten en: 1 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital 181810, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, tesis: P. VI/2004, página: 255, de contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Si bien las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de las omisiones reclamadas, del contenido de las documentales que adjuntó el quejoso a su libelo constitucional en particular la constancia datada el trece de junio de dos mil veintidós, dirigido "a quien corresponda" firmada por la "ADMINISTRACIÓN" del "Centro de Hemodiálisis YAAR, de Zacapu, Michoacán, se observa en la misma que se hizo constar que el señor Armando Pérez, requiere dos sesiones de hemodiálisis por semana y aplicación de eritropoyetina en cada sesión; por tanto, se desvirtúa la negativa aducida y se tiene como cierto el acto reclamado. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. Pero además al no existir alguna certificación del Hospital General del Zacapu, Michoacán, donde haga constar la inexistencia del expediente clínico del hoy quejoso, no acredita que dicho amparista no hubiere acudido a ese nosocomio a solicitar la atención medica requerida, o que habiendo acudido si se le hubiere proporcionado la misma. Por tanto al constituir el acto reclamado una violación al derecho fundamental a la salud, la carga de la prueba corresponde a las autoridades responsables. "Registro digital: 2009181 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. CLXXV/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , página 392 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario.". CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo;2 esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público3. En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". 3 El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, registro digital 206296, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Página: 191: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". Jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Séptima Época, registro digital 394239, fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 283, Página: 190: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales" De dicho precepto se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, la parte quejosa reclama, toralmente, la omisión de brindarle atención médica integral para su padecimiento; sin embargo, las autoridades responsables al momento de rendir su informe sobre la suspensión de plano concedida en autos, manifestaron que a fin de brindarle la atención médica a la parte quejosa debía realizar lo siguiente: Con lo anterior, en la misma actuación se dio vista al promovente, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera. De igual forma, en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós se tuvo por rendido el informe justificado en el que de nueva cuenta las responsables informaron: ".. el impetrante debe acudir al nosocomio a solicitar el servicio médico para que se le pueda realizar una valoración y determinar el tratamiento idóneo para el padecimiento que le aqueja, debiendo realizar el procedimiento que previamente el nosocomio ha establecido, a fin de no vulnerar el derecho de una colectividad que ha realizado el proceso que es estrictamente necesario a fin de estar en condiciones de que mis mandantes puedan proporcionar atención de manera integral." Seguidamente, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación, manifestara si había comparecido al nosocomio responsable y le brindaron la atención médica; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendría conforme con el tratamiento recibido; sin que hubiere desahogado tal vista Por lo que al haber transcurrido dicho término y la parte quejosa no realizar manifestación alguna, en esta misma data en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento y se le tiene conforme con el tratamiento que las autoridades responsables le han proporcionado. En tal virtud, al considerarse que se brindó el tratamiento médico integral necesario para su padecimiento, cuya omisión se reclama, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados, ya que las autoridades responsables al procurar su atención médica, destruyeron los efectos de las omisiones que se les atribuyen en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime que, como quedó expuesto supralíneas, en proveídos de veintidós de junio y veintiuno de septiembre pasado se dio vista al promovente para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación a fin de manifestara si acudió al nosocomio responsable y recibió la atención medica, sin que hubiere desahogado tales vistas; motivo por el que, como se le apercibió en dicha actuación -notificada vía electrónica al día siguiente-, se le tiene conforme con el tratamiento que las autoridades responsables le han proporcionado, pues al no haber realizado manifestación alguna es patente además su total desinterés en la tramitación y conclusión de este juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ARMANDO PÉREZ CASTRO, por propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que en auto de veintidós de junio del año en curso, se tuvo a la autoridades responsables rindiendo su informe sobre la suspensión de plano concedida en autos, por lo que se dio vista a la parte quejosa y se requirió a fin de que acudiera al Hospital General de Zacapu, Michoacán, señalado como responsable con los documentos solicitados a fin de que pudiera ser valorado clínicamente, sin embargo a la fecha la parte quejosa no ha manifestado algo al respecto. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. En consecuencia, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación informe si ya compareció al nosocomio responsable y de la brindaron la atención médica, (materia del acto reclamado), bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que ya le brindaron la atención medica solicitada y la proporcionaron el medicamento que en su caso se le hubiere prescrito. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy FemmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. SE RECIBE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano