Armando Ortiz García

Expediente 870/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
870/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Armando Ortiz García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo en que se actúa, promovido por Armando Ortíz García, por conducto de sus apoderados, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo II-870/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando ante la Secretaria Esperanza Fuentes Reyes, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. Así también, que dentro del presente juicio no existe tercero interesado. De igual forma, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. EL JUEZ: Al haberse rendido en tiempo y forma, tal informe se tuvo por rendido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, y la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, copia certificada del auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos en el presente juicio de amparo. EL JUEZ: Precisado lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número II-870/2019, promovido por José Luis Rivera López y María Isabel Arroyo Adán, apoderados jurídicos de Armando Ortiz García, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dos de agosto de la presente anualidad José Luis Rivera López y María Isabel Arroyo Adán, apoderados jurídicos de Armando Ortiz García, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos atribuidos a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En ese ocurso, narraron los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, este juzgado admitió a trámite la demanda, solicitó el respectivo informe con justificación y dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, en la fecha y hora señaladas para tal efecto, tuvo lugar el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos asentados en esta misma acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto omisivo atribuido a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de desahogar en su totalidad las pruebas ofertadas y proceder al cierre de instrucción dentro del juicio laboral 1296/2011. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye; lo que se desvirtúa con la documental que anexo al informe de referencia, pues al momento de la presentación de la demanda subsistía el acto reclamado. Documental a la que en este acto, se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada expedida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En ese contexto, se advierte que en cuanto a la omisión reclamada en este juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que el aquí quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable en desahogar en su totalidad las pruebas ofertadas y proceder al cierre de dicha instrucción dentro del juicio laboral 1296/2011. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió la situación procesal planteada dentro del juicio de origen, por lo que se ordenó continuar con el procedimiento y se dio el término de tres días a las partes para que formulara alegatos si lo estimaran conveniente, por lo que al no haber ejercido ese derecho, la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Numero Treinta de la Federal de Conciliación Arbitraje, procedió a certificar que no existían más pruebas que desahogar, por lo que en términos del artículo 895 de la Ley Laboral, se declaró cerrara la instrucción y se turnaron los autos para realizarse el proyecto de resolución. Circunstancia que, por sí sola genera la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, ya que con independencia de la existencia del acto que reclama en este juicio, en cuanto a la dilación del procedimiento al no haber atendido al término que la ley laboral establece para realizar las diligencias necesarias, lo cierto es que ya se desahogaron las pruebas pendientes y se declaró cerrada la instrucción, por lo que cesó la omisión atribuida a la responsable; además, evidentemente cambió el entorno jurídico en el cual aconteció la dilación materia del acto reclamado. En tal virtud, toda vez que la autoridad responsable, se pronunció sobre el cierre de instrucción, al tenor de la ley que rige el acto reclamado, destruyó los efectos de la omisión que se le reclamaba en la demanda de amparo, así como sus consecuencias; por lo tanto, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." Debido a lo anterior, no es el caso analizar posibles actos relativos a etapas procesales posteriores al en que se sitúa el procedimiento laboral natural, toda vez que así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; jurisprudencia que se cita por similitud jurídica, la cual es de rubro y texto siguientes: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando Ortiz García, por conducto de sus apoderados, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad que lo remite, mediante el cual rinde su informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL DE LA AUTORIDAD. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta suscrito por José Luis Rivera López y María Isabel Arroyo Adán, quienes se ostentan apoderados de Armando Ortiz García. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos del original de poder que otorga el quejoso a los Procuradores Federales y Auxiliares de la Defensa del Trabajo con sede en esta ciudad, de uno de agosto de dos mil once, que se acompaña al escrito de demanda, se reconoce a los ocursantes el carácter de apoderados del quejoso, con el que comparecen a gestionar. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por José Luis Rivera López y María Isabel Arroyo Adán, quienes se ostentan apoderados de Armando Ortiz García, contra actos de la Junta Especial número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la fiscal adscrita la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario pepin; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. NO HA LUGAR A TENER TERCERO INTERESADO. Sin que haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a las personas que la parte quejosa menciona en su escrito de demanda, toda vez que no se encuadra en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se desprende que tenga un interés contrario al de la quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE JURISPRUDENCIA. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 16 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco". Criterio transcrito que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional; sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se obtiene indiciariamente que se estaría en presencia del caso de excepción que prevé dicha jurisprudencia, ello en atención a que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable en el expediente laboral 1296/2011 ha sido omisa en emitir el acuerdo desahogo de pruebas y cierre de instrucción desde el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, fecha en que se reservó proveer lo atinente; de ahí que el suscrito considera que posiblemente exista una abierta dilación del procedimiento y, por tanto, la causal de improcedencia no es notoria e indudable en este momento procesal, motivo por el cual, resulta procedente la admisión de la demanda de garantías. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la posible actualización de la misma ni sobre las cuestiones relativas al fondo del asunto que permitan medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el juicio laboral del que emana el acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada, por no haberlo solicitado la parte quejosa. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

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