Armando Martin Millan Cruz

Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Armando Martin Millan Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, glósese el cuaderno de antecedentes y En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional o definitiva. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos autoridad responsable Finalmente, tomando en consideración que de autos de advierte que se encuentra en este juzgado federal copias certificadas de diversas constancias remitidas por el CABILDO DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dicho testimonio, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ CRUZ, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Armando Martín Millán Cruz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Ayuntamiento, Tesorero, Dirección de Administración y/o de Recursos Humanos, Cabildo, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, Protección del Desarrollo Cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Secretaria Municipal, y Comisión de Prestaciones Sociales y/o Comisión Permanente Dictaminadora, todos de Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".A) DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L) y M) SE RECLAMA EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA, MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA Y/O ABROGA EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/87/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR EL QUE SE ME CONCEDIO PENSIÓN POR JUBILACIÓN. B) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS N) O) Y P) SE RECLAMA LA PROMULGACIÓN, FIRMA Y PUBLICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA.; C) DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L) y M), SE RECLAMAN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE DERIVEN EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA.; D) DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B) Y C), SE RECLAMA LA OMISIÓN Y ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES DEL PAGO DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN QUE ME FUE OTORGADA EN EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/87/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR CAUSA DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE PAGO QUE DERIVA DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA; E) DE LAS RESPONABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L) y M), SE RECLAMA LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUMERO 2/2019 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019; F) DE LA RESPONSABLE SEÑALADA BAJO LOS INCISOS M), SE RECLAMA EL PROYECTO DE REVOCACIÓN DE ACUERDO PENSIONARIO APIM/CEDPAPIM/011/2020". SEGUNDO. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 276/2021, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dándole tramite al día siguiente. CUARTO. El cuatro de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió el oficio 230/2021-A, al que se anexó testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 133/2021, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, donde determinó fundada la queja. QUINTO. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, esta autoridad admitió la demanda del quejoso Armando Martín Millán Cruz, requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5926 6ª Época de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca el acuerdo de pensión CPSHAPI/87/2018. La omisión y abstención del pago de la pensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Ayuntamiento, Tesorero, Dirección de Administración y/o de Recursos Humanos, Cabildo, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, Protección del Desarrollo Cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Secretaria Municipal, y Comisión de Prestaciones Sociales y/o Comisión Permanente Dictaminadora, todos de Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado, cada cual en el ámbito de su respectiva competencia. Y las autoridades municipales allegaron constancias relativas al acto reclamado, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio del asunto. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, consideran se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que esta autoridad comparte, dispositivo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Como antecedentes del acto reclamado se precisan las siguientes: "1.- Mediante acuerdo de pensión número CPSHAPI/87/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, se concedió pensión por jubilación a la parte quejosa. 2.- Posteriormente, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, las responsables publicaron en el Periódico Tierra y Libertad, Número 5926, 6ª Época, el acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, por el cual aprueban revocar el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación; lo cual combate por esta vía. A efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada, conviene precisar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 176/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las pensiones como la jubilación pertenecen a la materia administrativa, porque si bien es cierto se enmarcan dentro de las prestaciones de seguridad social y derivan de la antigüedad en una relación de trabajo, también lo es que por regla general, la relación laboral respectiva no se extiende después de concedida la pensión solicitada, porque precisamente la pensión tiene su justificación en el otorgamiento de prestaciones en dinero otorgadas por el cumplimiento de determinados requisitos de antigüedad, edad y otros diversos, para permitir la subsistencia del trabajador o de sus derechohabientes, después de concluida la relación de trabajo. Asimismo, la pensión no constituye una prestación de tipo laboral como el salario, las vacaciones, el aguinaldo, los vales de despensa, la habitación, los bonos de productividad, los premios por puntualidad, por asistencia, el pago de becas, etcétera, que se otorgan durante la vigencia de la relación de trabajo, sino que se proporcionan después de ella, por los motivos especificados en la ley, y bajo el cumplimiento estricto de los requisitos legales. En ese orden de ideas, surge una nueva relación de naturaleza administrativa entre el ente asegurador y los trabajadores o sus derechohabientes, que se constituye como una relación de autoridad a gobernado, pues este organismo público puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del pensionado. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencial 2a./J. 153/2009, Novena Época, Registro 166110, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009, Materia Administrativa, Página 94, bajo el rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada. En el caso, tomando en consideración el acto reclamado consistente en el acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5926, 6ª época, por el cual revoca el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, en el diverso número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación, así como sus consecuencias, se estima que el juicio de amparo promovido por la parte quejosa es improcedente toda vez que no cumplió con el principio de definitividad, lo que actualiza la causa de improcedencia preceptuada por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque al existir ahora una relación administrativa entre el peticionario y el Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos y sus dependencias, como jubilado de aquél y en razón de que el ente público puede crear, modificar o extinguir situaciones motu proprio; sus actos resultan controvertibles mediante el medio de defensa denominado juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En ese sentido, los artículos 1° y 4° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos estipulan: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." Al respecto, debe decirse que en el numeral 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. En esa tesitura, es claro que mediante el juicio de nulidad puede analizarse el acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el periódico tierra y libertad, número 5926, 6ª época, por el cual revoca el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación, así como sus consecuencias, como lo es, la revocación de las responsables al pago de la pensión por jubilación que le fue otorgada en el acuerdo en mención; ya que al tratarse de actos atribuidos a autoridades administrativas municipales, pueden ser combatidos a través de ese juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Aunado a ello, los actos reclamados sí tienen la naturaleza de administrativos por provenir de autoridades de esa característica, como son el Ayuntamiento, Tesorería, Presidente Municipal y otros, del municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Por ende, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, debe conocer del reclamo de la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto; actualizándose así, la hipótesis que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del medio de control constitucional mencionado en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Es así, pues a través del juicio de nulidad se pueden controvertir los actos reclamados a las autoridades responsables, al constituirse en dependencias de la administración pública municipal. Al respecto es importante destacar que en el caso no se actualizan los supuestos de excepción al llamado principio de definitividad. Ello es así, en primer lugar, porque la normatividad que regula el medio ordinario de defensa (juicio de nulidad), prevé la suspensión de los actos impugnados en los mismos términos en que la Ley de Amparo regula la suspensión del acto reclamado. En efecto, de conformidad con los artículos 43, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa, los actos impugnados pueden ser suspendibles con base en los mismos requisitos y dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo. A saber: "Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que, en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, tal como se precisó en líneas que anteceden, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. Toda vez que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ello con independencia de que el acto en sí mismo no sea suspendible. En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto a autoridades responsables del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, eminentemente administrativo; habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna a la autoridad eminentemente de un Ayuntamiento, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, registro 2011289, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." De igual forma, en el asunto, no se actualiza la excepción que si el acto reclamado carece de fundamentación, toda vez que de un examen objetivo del acto reclamado y del documento que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, se advierte que la autoridad responsable cita como sustento legal al acto combatido, diversos dispositivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así como el motivo de la expedición de ésa. De ese modo, queda claro que el promovente del amparo conoce los fundamentos que tuvo la autoridad responsable para emitir el acto reclamado, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba, en su caso, en una indebida y no en una falta de fundamentación. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Después, por lo que ve a la última hipótesis de excepción tocante a que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa si el mismo no está previsto en la ley sino en un reglamento, ella tampoco cobra vigencia, puesto que como se señaló con antelación el medio ordinario de defensa consistente en juicio de nulidad está previsto en una ley, específicamente en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. No es obstáculo para lo que aquí se expone que la parte quejosa refiera resentir perjuicios de imposible reparación. Ello es así, dado que la irreparabilidad de los efectos del acto reclamado no constituye por sí misma un supuesto de excepción al deber que tienen los peticionarios de amparo de agotar los medios ordinarios de defensa antes de promover la instancia constitucional, pues de ser así estaría preceptuado por la ley o determinado por la jurisprudencia; por lo que aun tratándose de actos que produzcan efectos de imposible reparación deben agotarse los medios ordinarios de defensa. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis jurisprudencial P./J. 11/2018 (10a.), Registro 2017117, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 8 del rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En relatadas consideraciones, al no actualizarse alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar el juicio de nulidad previo a promover juicio de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XX, de la ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, promovida por Armando Martín Millán Cruz, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos y otras autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, Registro 177279, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Administrativa, Página: 326, cuyo rubro es: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." En las relatadas condiciones, al no agotar la parte quejosa el juicio contencioso administrativo que se abordó en esta resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Asimismo, no se analizan las diversas causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy cinco de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 276/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Armando Martín Millán Cruz, reclama en esencia del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y otras autoridades, lo siguiente. "Contra los efectos del acto abrogatorio del acuerdo de pensión CPSHAPI/87/2018 publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5633." "Promulgación y firma, del Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador, Secretario de Gobierno, y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Gobierno del Estado de Morelos, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos consistentes en promulgación y firma, del Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Las autoridades responsables Verónica Torres Rebollar, en su carácter de Síndico, integrante de la "Comisión Especial Dictaminadora de pensiones, integrante del cabildo municipal y Representante, todo lo anterior del Ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de Presidente Municipal, integrante del cabildo e integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones todo lo anterior del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Rubén Morales Ozaeta, en su carácter de regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico e integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones, ambos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Israel Alemán Cárdenas, en su carácter de Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social; Igualdad y Equidad de Género, integrante del cabildo e integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones todo lo anterior del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Gilberto Rojas Cárdenas en su carácter de Regidor de Bienestar Social, asuntos Indígenas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados e integrante del cabildo del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Ramiro Macedo Domínguez, en su carácter de Regidor de, Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y protección del Patrimonio Cultural e integrante del cabildo del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Cristóbal Acevedo Aguirre, en su carácter de Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo Derechos Humanos, y Gobernación y Reglamentos e integrante del cabildo del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Antonio de Jesús Becerril Vences, integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones de Puente de Ixtla, Morelos, Yesica Salgado Manjarrez, directora de administración de recurso humanos y materiales, e integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Ángeles Vásquez Reyes, secretaria e integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones, ambos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Arely Olvera Bahena, tesorera e integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones ambos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Miguel Ángel Deagueros Velasco, integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de pensiones del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador, Secretario de Gobierno, y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Gobierno del Estado de Morelos al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. TERCERO. En el caso, lo procedente es conceder la suspensión definitiva, solicitada. Ahora bien, para analizar si se concede la suspensión definitiva solicitada, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formule la promovente del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. No obstante que el acto reclamado lo constituye la modificación de la pensión otorgada mediante decreto 539 el seis de noviembre de dos mil diecinueve, resulta procedente conceder la suspensión definitiva, al haber acreditado para fines de la medida cautelar el derecho afectado, y con base en lo establecido en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como los diversos 131 y 147 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 107, fracción X, de la Carta Magna y los diversos 131 y 147 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, (.), se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (. . .) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. (. . .)". "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". A este respecto, el texto constitucional permite, bajo la reglamentación legal prevista por el legislador, la posibilidad de suspender los actos reclamados materia de los juicios de amparo y, en algunos casos, atendiendo a su naturaleza, el juzgador debe hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, para su otorgamiento. Por tanto, la medida cautelar participa de los efectos de la sentencia definitiva del proceso, específicamente de los efectos prácticos, en cuanto permite mantener al afectado en el goce del derecho que aparentemente le asiste mientras se resuelve el juicio, pero corresponde sólo a la sentencia determinar en definitiva sobre los derechos alegados y, en su caso, dejar sin efectos los actos jurídicos. Por ello, los presupuestos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto (fumus boni iuris), así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora), siendo sus notas distintivas, la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: la resolución definitiva, en que se determine con certeza sobre el derecho alegado. Así, considerando a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, se tiene que su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. Asimismo, en el contenido del segundo párrafo del artículo 147 de la ley de la materia, se prevé la posibilidad de que la medida suspensional, tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible y se ordena al Juez fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional, siga surtiendo efectos, además de tomar las medidas que estime necesarias para evitar se defrauden derechos de la parte quejosa, en tanto se dicta la sentencia definitiva en el juicio de amparo. De lo anterior, puede apreciarse que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando de la garantía que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo, en la inteligencia de que no solamente, puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). La restricción a lo anterior consiste en que la suspensión no podría llevar a constituir derechos de los cuales el quejoso carecía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional, por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. De ahí que lo determinante para resolver si se concede es el análisis de la apariencia del buen derecho o fumus boni iuris, en cuanto que consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión del quejoso, o de la inconstitucionalidad del acto reclamado frente al cual se solicita la tutela preventiva de la suspensión. De lo relacionado se advierte, la suspensión puede producir los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto la resolución lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. En ese sentido, si la nueva regulación del juicio de amparo, admite la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento, tal circunstancia debe ser valorada por el resolutor de amparo. En virtud de lo anterior, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados contra los efectos del acto abrogatorio del acuerdo de pensión CPSHAPI/87/2018 publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5633, pues la afectación o perjuicio que ocasiona el acto y sus consecuencias a la esfera jurídica del quejoso restringen el derecho por una parte de recibir su pensión, aunado a las prestaciones de seguridad social como derecho al mínimo vital previsto en el orden constitucional; esto hasta en tanto se declare firme la sentencia que en su caso se dicte en lo principal del cual deriva esta incidencia, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128, 131 y 147, segundo y tercer párrafos, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Armando Martín Millán Cruz, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Armando Martín Millán Cruz, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por las autoridades responsables integrantes del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar el anexo I colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, se precisa que los anexos referidos en el párrafo que antecede no serán digitalizado ni formarán parte del expediente electrónico, ello es así tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a las partes, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, previa cita que estos hagan a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen. Por cuanto al teléfono y correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Se autoriza a las responsables para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Para dar margen a que las partes se impongan de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con un minuto del quince de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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