Armando Martin Millan Cruz
Expediente 760/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Armando Martin Millan Cruz
- Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de quince de noviembre de año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 760/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************por propio derecho, reclama en esencia, del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Tesorería y Dirección General, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, la omisión de la responsable de no cumplir de forma correcta, completa e integra el acuerdo de pensión número CPSHAPI/87/2018, resuelto mediante el acta de cabildo de sesión extraordinaria de 30 de mayo del 2018, publicado el 19 de septiembre del 2018 en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de once de octubre del dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, y no obstante su negativa, se tiene por cierto el acto que se les atribuye en base a las manifestaciones que vierten en su informe. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: Para efectos de determinar si procede la suspensión, debe atenderse, en primer lugar, a los requisitos exigidos en el artículo 138, de la Ley de Amparo. Así, conforme al citado numeral, se desprende que la suspensión fue solicitada por Armando Martin Millán Cruz; luego, con la finalidad de determinar si con la concesión no se contravienen disposiciones de orden público y no se sigue perjuicio al interés social, debe precisarse que el primero, tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. De igual forma, vinculado con los requisitos citados, se encuentra el análisis del acto reclamado, y de las manifestaciones de la parte quejosa, pues con ello se puede determinar si con la suspensión se evitan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación por el peligro en la demora; ya que de ser así, es posible adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo en la medida cautelar solicitada. En ese sentido, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la medida cautelar, a saber: 1) apariencia del buen derecho, y 2) peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado; y, por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Registro digital: 200136 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." En ese sentido, respecto de la abstención u omisión del pago de la pensión por jubilación concedida a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que siga pagando la pensión por jubilación, a la que tenga derecho en los términos fijados mediante acuerdo de pensión número CPSHAPI/87/2018, resuelto mediante el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo del dos mil dieciocho, publicado en periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, por el que se le otorgo su pensión por jubilación y demás prestaciones a que tenga derecho conforme al citado decreto y cese la omisión del pago de la misma. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, en la tesis cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Registro número: 174053 Registro digital: 2021263 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." De igual forma, es pertinente citar por similitud jurídica el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 441, del Tomo VII, Junio de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AL CONCEDERLA, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA FACULTAD DE FIJAR LAS CONDICIONES Y MEDIDAS PARA CONSERVAR LA MATERIA DEL AMPARO. El juez de Distrito tiene amplia autoridad, al conceder la suspensión, para fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y para tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de acuerdo con lo previsto por el párrafo final del artículo 124 de la Ley del Amparo. Consecuentemente, si el quejoso obtuvo la suspensión solicitada pero no está conforme con las condiciones y medidas fijadas por el resolutor, debe expresar las razones que pongan de manifiesto que tales determinaciones resultan violatorias de la ley para hacer nugatoria la medida cautelar y si no lo hace, el recurso no puede prosperar." Lo anterior es así, ya que se indica se afectan derechos sustantivos, por lo que debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso los actos reclamados importan violaciones a derechos sustantivos de imposible reparación, por lo que al analizar la naturaleza del acto puede afectarse sustancialmente el goce del derecho humano violado. Ahora bien, debe indicarse se confirió a la suspensión en el amparo un genuino carácter de medida cautelar, siempre que su naturaleza así lo permita, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia y, de ser posible material y jurídicamente, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se resuelve el fondo del asunto. Así, de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión en el amparo de efectos restitutorios sin perder su naturaleza de medida cautelar; lo anterior, ante la naturaleza del acto (pensión por jubilación que fue otorgada CPSHAPI/87/2018), y que se afecta sustancialmente el goce del derecho humano violado, a recibir pensión que sustente su subsistencia de la parte quejosa. La situación jurídica que crea esta suspensión debe prevalecer hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente, ha quedado firme. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone. Por último, se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, en la inteligencia de que el uso y divulgación de dicha información, será bajo su propia responsabilidad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe previo rendido por las autoridades responsables. Al respecto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen. Con fundamento en el numeral 143 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen. Por último, se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, en la inteligencia de que el uso y divulgación de dicha información, será bajo su propia responsabilidad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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