Armando Lopez Carmona
Expediente 693/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 01/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Armando Lopez Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de mérito, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.
- Principal
Se notifica a los terceros interesadas Gerardo López Carmona y Thesis Recupero Sociedad Anónima de Capital Variable, resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve y auto de tres del mes y año en curso, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, que señalan: Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Vista el acta elaborada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual hace constar la imposibilidad legal para notificar personalmente la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, a las tercero interesadas Gerardo López Carmona y Thesis Recupero Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante de haber sido legalmente emplazados, hasta la fecha no se han apersonado al presente juicio y por ende no han señalado domicilio dentro de esta ciudad para oír y recibir notificaciones; al respecto, se provee lo siguiente, la notificación la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, así como el presente proveído y las subsecuentes, aun las de carácter personal, hágasele a las citadas tercero interesadas, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. "Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando López Carmona, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente."
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Armando López Carmona solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Región Centro Sur, con residencia en el Estado de México. Acto reclamado: ".el remate mediante subasta del crédito celebrado con BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR S.N.C. sociedad en liquidación, por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria, por encontrarse liquidado al momento de su subasta el crédito en comento y existir comprobante de pago y de no acción en contra del suscrito o del acreditado." SEGUNDO. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito radicó el asunto con el número de expediente 693/2018, y una vez subsanada la prevención, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. TERCERO. Por auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por lo que hace a la Coordinación de Administración de Activos Financiero y a la Dirección Ejecutiva de Comercialización de Activos Financieros y Empresas, con residencia en la Ciudad de México, ambas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que la ejecución del acto reclamados pudiese llevarse dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: La venta de la apertura 102302726, que se ubicó en la licitación pública DECCE 02/07 para la enajenación onerosa de derechos dudosos de cobro de créditos provenientes del Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito (BNCI), en liquidación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues no obstante que de sus respectivos informes justificados hubiesen negado la emisión del acto reclamado, lo cierto es que de sus manifestaciones y las constancias anexas al mismo, se desprende su existencia; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Por tanto, en ejercicio de dicha facultad este juzgador de oficio, advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes del juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En correlación con lo anterior, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados de situaciones crediticias, son de naturaleza civil y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria suscrito por el quejoso como deudor solidario con el Banco Nacional del Comercio y su posterior venta de esos derechos crediticios a la moral Thesis Recupero, sociedad anónima de capital variable, a través de la licitación emitida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, deben decidirse en la vía civil. Máxime que el propio quejoso aduce que con motivo de dicho crédito ya se llevó a cabo el juicio civil 958/96, ante el entonces Juzgado Segundo Civil del Distrito Federal, de ahí que será en dicho procedimiento, de considerarlo necesario y ser procedente, solicite la cancelación del crédito. Ahora bien, en el caso particular, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que la quejosa reclama a la responsable lo es la licitación pública de los derechos crediticios sobre los cuales aduce él es deudor solidario. En el contexto anterior, no puede considerarse como un acto de autoridad si un particular adquiere derechos crediticios que le transmite el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pues hasta ese momento no se está creando, modificando o extinguiendo situación jurídica alguna de forma unilateral y obligatoria; ya que en dado caso que el aquí tercero interesado pretenda hacer valer los derechos de crédito adquiridos, deberá ser a través de alguna autoridad jurisdiccional, ya sea civil o mercantil, y por ende, será en ese momento en el cual el quejoso puede aducir que el crédito en mención ya había sido liquidado con antelación. Por lo tanto, se reitera, en este momento, la venta de los derechos crediticios no trascendió en la esfera jurídica del quejoso. Sirve de orientación por analogía, la tesis aislada XIV.2o.62 A, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA QUE REMATA BIENES FIDEICOMITIDOS EN GARANTÍA. La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/99, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUANDO CONFIRMA LA BAJA DE UN ALUMNO.", publicada en la página 50 del Tomo IX, marzo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció que para determinar el concepto de "autoridad" para los efectos del juicio de amparo, no puede sólo atenderse al hecho de que disponga o no de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, sino que habrá de atenderse a la naturaleza de los actos que se reclaman y establecer si se está en presencia de un acto que implica relaciones de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado. Luego, no es posible considerar que la institución fiduciaria, al rematar los bienes fideicomitidos, realiza un acto de autoridad, mediante el cual se introduce en el patrimonio del deudor y dispone de sus bienes para hacerlo cumplir coercitivamente sus obligaciones, toda vez que en el fideicomiso de garantía es el propio deudor quien como fideicomitente hace la afectación de sus bienes transmitiendo su titularidad a la institución fiduciaria, a la que encomienda la realización del fin a que los bienes son destinados, o sea, a ser vendidos o rematados y con su producto hacer el pago debido al fideicomisario acreedor; por lo que dicha institución crediticia se limita a cumplir, conforme al contrato y a la ley, las obligaciones que por su parte contrajo en el citado pacto constitutivo del fideicomiso. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Armando López Carmona, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, en especial con la notificación por lista de diez de enero del dos mil diecinueve, por medio del cual se tuvo por emplazada a la presente contienda constitucional a la parte tercero interesada THESIS RECUPERO S.A. DE C.V., por lo que a la fecha no ha transcurrido el término de ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, con que cuentan las partes a fin de imponerse sobre el contenido de los autos, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy fijándose nuevamente las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, ello a fin de que las partes estén en condiciones de imponerse de su contenido y así no dejarlas en estado de indefensión. ...
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