Armando Magdaleno Joya Munguia

Expediente 2416/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2416/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Armando Magdaleno Joya Munguia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el veintiséis de febrero del año en curso (fojas 87 y 88), dicha autoridad manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de febrero del año en curso (foja 89), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el cuatro de marzo del año en curso (foja 92), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del seis al once de este mes, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 45-63), se determinó, conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, para efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de su esfera jurídica la porción normativa reclamada, y por ende, le devolvieran, la cantidad que en su momento erogaron con motivo de su aplicación, en el entendido de que, por una parte, dicha cantidad debía encontrarse actualizada y, por otra, se le tenía que descontar la cuota mínima establecida en la ley impugnada para la inscripción de instrumentos públicos y créditos hipotecarios, respectivamente. Luego, la autoridad responsable informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, a saber, comunicó que el veintiuno de febrero de dos mil veinte, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $130,304.79 (ciento treinta mil trescientos cuatro pesos 79/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. Por tanto, se procede a analizar si con la cantidad devuelta la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Entonces, se tiene que al monto de $128,089.94 (ciento veintiocho mil ochenta y nueve pesos 94/100 moneda nacional), se le resta las cuotas mínimas a pagar de 290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada acto registral realizado por la parte quejosa, dan como resultado la cantidad de $127,519.94 (ciento veintisiete mil quinientos diecinueve pesos 94/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y el veintiuno de febrero del año en curso, se devolvieron mediante trasferencia electrónica, a la parte quejosa, la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve al veintiuno de febrero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto a diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que la responsable informó que el mes del cálculo de la actualización para la para el cumplimiento de la sentencia lo fue en enero, siendo el inmediato anterior a ello el mes de diciembre (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto fue 103.670; y, para el mes de diciembre del año en curso 105.934. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02183 Por tanto, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $130,304.78 (ciento treinta mil trescientos cuatro pesos 78/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $2,784.84 (dos mil setecientos ochenta y cuatro pesos 84/100, moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $130,304.78 (ciento treinta mil trescientos cuatro pesos 78/100 moneda nacional). Por lo tanto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización. Máxime, que mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa hizo manifestaciones en el sentido de que responsable dio legal cumplimiento al presente fallo protector, por lo que solicitó que se tuviera el presente asunto como legalmente concluido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en informar los trámites realizados a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento total a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 588/2018, así como testimonio de la ejecutoria de veintisiete de noviembre del año en curso, dictada en el incidente de inejecución de sentencia 8/2019, en la que determinó que se analizaran las constancias remitidas por las autoridades responsables y previa vista a la parte quejosa, se determinara si la sentencia dictada en el presente sumario constitucional se encuentra cumplida; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito y anexo presentados el cinco de noviembre del año en curso, el aquí quejoso Jesús Omar Gajón de la Rosa, manifestó que a la fecha ya se ha dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente sumario constitucional. Luego, mediante resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 44 a 51), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Omar Gajón de la Rosa, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución total del laudo dictado el treinta de octubre de dos mil catorce, en el juicio laboral ordinario 97/2012.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable denominada Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Único.- Llevará a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral número 97/2012, de su índice. En virtud de lo anterior, por auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió al ente responsable de referencia para que acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; esto es, debería remitir el auto en donde se haya pronunciado respecto a la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral número 97/2012, de su índice, o bien, manifestara la imposibilidad de pronunciarse al respecto, sin que a la fecha lo haya realizado; sin embargo, por acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió de nueva cuenta para los efectos indicados; por lo que, se está a la espera de que cumpla con dicho requerimiento. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la remisión del incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que el quince de julio de este año, se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se precisó que no existían documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, revisadas que fueron las constancias que integran el presente juicio 191/2019, sí se advierte un documento con esas características, consistente en cédula de notificación de infracción con número de folio 0400. Consecuentemente, con el ánimo de no incurrir en violaciones al procedimiento y dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia vigente, por disposición expresa de su numeral 2º, se regulariza el mismo. Así, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se ordena la devolución de la documental antes indicada, previa copia certificada y constancia que de su entrega se deje en autos, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer a recogerla dentro del término de noventa días hábiles siguientes al en que surta efecto la notificación del presente auto, ésta seguirá la suerte del juicio en que se actúa; lo anterior de conformidad con el punto décimo primero del citado Acuerdo General 1/2009 . Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano