Armando León González

Expediente 1190/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1190/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Armando León González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 172 a 173), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de julio del año en curso (foja 174), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 61 a 74), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto: ".de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución del laudo dictado el veinte de enero de dos mil catorce, en el juicio laboral ordinario 141/2012." Resolución que causó ejecutoria el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 80 a 81). Luego, del oficio y anexo recibidos en la oficialía de partes de este juzgado en seis de julio de dos mil dieciocho, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha autoridad, tiene imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, porque no existe materia para ello, toda vez que la parte quejosa el veintidós de abril del año en curso, celebró convenio con su contraparte Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, dentro del contradictorio de origen 141/2012, del que se advierte que se pagó al solicitante del amparo la cantidad total de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional); asimismo, se estipuló la reinstalación del quejoso en las funciones que venía desempeñando. En relación con lo anterior, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en trece de julio del año en que se actúa, se tuvo a la responsable informando la ratificación del convenio antes mencionado, también refirió que la cantidad correcta que recibió fue de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional) y además, se tuvo por concluido el juicio laboral 141/2012 y se ordenó el archivo definitivo (fojas 172 a 173). Esto demuestra que las partes en el juicio laboral convinieron las modalidades del cumplimiento del laudo respectivo, lo que da como resultado que se actualice un cumplimiento sustituto de la sentencia de garantías sin la intervención del Órgano Jurisdiccional que concedió el amparo y que, por ende, no pueda exigirse a la autoridad responsable que cumpla aquélla en sus términos. En este sentido, es dable dejar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo privilegiarse cualquier posibilidad o alternativa que las partes acuerden para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial que se persigue es que de alguna manera, incluso la convencional como en el caso sucede, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LIX/2009, publicada en la página 317, del Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se ordenó la remisión de los autos del juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las partes, mediante compromiso sancionado por la Junta respectiva, celebraron convenio dando por concluido el juicio laboral, no puede exigirse a la Junta responsable el cumplimiento en sus términos, de ahí que el incidente de inejecución de sentencia deba declararse sin materia atento a que se privilegia cualquier alternativa acordada por las partes para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo". En este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 196 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 172 a 173), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de julio del año en curso (foja 174), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 61 a 74), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto: ".de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución del laudo dictado el veinte de enero de dos mil catorce, en el juicio laboral ordinario 141/2012." Resolución que causó ejecutoria el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 80 a 81). Luego, del oficio y anexo recibidos en la oficialía de partes de este juzgado en seis de julio de dos mil dieciocho, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, se advierte que dicha autoridad, tiene imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, porque no existe materia para ello, toda vez que la parte quejosa el veintidós de abril del año en curso, celebró convenio con su contraparte Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, dentro del contradictorio de origen 141/2012, del que se advierte que se pagó al solicitante del amparo la cantidad total de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional); asimismo, se estipuló la reinstalación del quejoso en las funciones que venía desempeñando. En relación con lo anterior, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en trece de julio del año en que se actúa, se tuvo a la responsable informando la ratificación del convenio antes mencionado, también refirió que la cantidad correcta que recibió fue de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional) y además, se tuvo por concluido el juicio laboral 141/2012 y se ordenó el archivo definitivo (fojas 172 a 173). Esto demuestra que las partes en el juicio laboral convinieron las modalidades del cumplimiento del laudo respectivo, lo que da como resultado que se actualice un cumplimiento sustituto de la sentencia de garantías sin la intervención del Órgano Jurisdiccional que concedió el amparo y que, por ende, no pueda exigirse a la autoridad responsable que cumpla aquélla en sus términos. En este sentido, es dable dejar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo privilegiarse cualquier posibilidad o alternativa que las partes acuerden para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial que se persigue es que de alguna manera, incluso la convencional como en el caso sucede, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis LIX/2009, publicada en la página 317, del Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO SE ACREDITA QUE LAS PARTES CELEBRARON CONVENIO CONCILIATORIO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. Si de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se ordenó la remisión de los autos del juicio de garantías a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las partes, mediante compromiso sancionado por la Junta respectiva, celebraron convenio dando por concluido el juicio laboral, no puede exigirse a la Junta responsable el cumplimiento en sus términos, de ahí que el incidente de inejecución de sentencia deba declararse sin materia atento a que se privilegia cualquier alternativa acordada por las partes para poner fin a la ejecución de los fallos constitucionales, pues el objetivo primordial perseguido es que de alguna manera, incluso la convencional, se dé una solución rápida al cumplimiento de las sentencias de amparo". En este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 196 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa la ratificación del convenio entre las partes en el juicio laboral 141/2012; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que acompaña, de los que se desprende que las partes en el juicio 141/2012 de su estadística, realizaron un convenio, el cual se debe ratificar el doce de julio del año en que se actúa; por tanto, agréguese el comunicado en vías de cumplimiento. En acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a dicho ente, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al transcurra la fecha de ratificación del convenio mencionado, remita las constancias de dicho acto, o bien, informe el impedimento que tenga para realizarlo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.

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