Armando Monteón García

Expediente 2355/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2355/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Armando Monteón García
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se desprende que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 99 y 100), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de once de ese mes (fojas 103 y 104), se ordenó dar vista al promovente del amparo con la referida documental y anexo, así como con los diversos libelos suscritos por el aludido ente y anexos, recibidos en este Órgano Federal el veintiuno y veintisiete de febrero, así como el cinco de marzo, todos del presente año (fojas 89 a 90, 94 y 96 a 97), a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho término, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó al promovente el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 105 a 107); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veinticinco del mes inmediato anterior. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:*** Bajo ese contexto, mediante sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 47 a 64), por una parte, se sobreseyó en este sumario constitucional y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al promovente del amparo, en los términos siguientes:*** Resolución que causó ejecutoria el doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 70 y 71). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- El Director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, deberán desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el contenido de los artículos 19, fracción I, inciso B), 20 fracción II y la tabla del arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, absteniéndose de aplicarlo en su contra, en tanto estos sean reformados; dejar insubsistente el dictamen de pensión, por retiro de edad y tiempo de servicio, otorgado el uno de noviembre de dos mil dieciocho; y, emitir un nuevo dictamen, dando un trato igualitario a aquel señalado en la tabla del ordinal 21 de la Ley citada para el caso de las mujeres. B).- El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al promovente de amparo el importe de la pensión en los términos señalados en la sentencia, reintegrándole el pago retroactivo de las cantidades que el quejoso dejó de percibir desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, esto es, el uno de noviembre de dos mil dieciocho. Luego, por oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno de febrero de este año (fojas 89 y 90), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos declarados inconstitucionales: asimismo que dejó insubsistente el dictamen de pensión que fue otorgado a la parte agraviada el uno de noviembre de dos mil dieciocho. Posteriormente el referido Director General, mediante comunicado y anexo, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco de marzo de este año (fojas 96 a 97), remitió copia certificada del Dictamen de Pensión por Retiro por Edad y Tiempo de Servicio, en favor del quejoso Armando Monteón García, con fecha de expedición de catorce de febrero de dos mil diecinueve, con el porcentaje de 61.54% con un importe mensual que asciende a la cantidad de $14,842.87 (Catorce mil ochocientos cuarenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional). Además, la autoridad mencionada en el párrafo que antecede el ocho del mes inmediato anterior (fojas 99 y 100), comunicó que le fueron cubiertas al agraviado las cantidades retroactivas derivadas de la modificación del porcentaje del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio del quejoso, mediante transferencia bancaria efectuada el seis de marzo de dos mil diecinueve a través de la institución denominada Santander. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías por una parte, se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado. Finalmente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, mediante los cuales informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se desprende que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 99 y 100), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de once de ese mes (fojas 103 y 104), se ordenó dar vista al promovente del amparo con la referida documental y anexo, así como con los diversos libelos suscritos por el aludido ente y anexos, recibidos en este Órgano Federal el veintiuno y veintisiete de febrero, así como el cinco de marzo, todos del presente año (fojas 89 a 90, 94 y 96 a 97), a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho término, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó al promovente el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 105 a 107); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veinticinco del mes inmediato anterior. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:*** Bajo ese contexto, mediante sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 47 a 64), por una parte, se sobreseyó en este sumario constitucional y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al promovente del amparo, en los términos siguientes:*** Resolución que causó ejecutoria el doce de febrero de dos mil diecinueve (fojas 70 y 71). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- El Director General y Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, deberán desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el contenido de los artículos 19, fracción I, inciso B), 20 fracción II y la tabla del arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, absteniéndose de aplicarlo en su contra, en tanto estos sean reformados; dejar insubsistente el dictamen de pensión, por retiro de edad y tiempo de servicio, otorgado el uno de noviembre de dos mil dieciocho; y, emitir un nuevo dictamen, dando un trato igualitario a aquel señalado en la tabla del ordinal 21 de la Ley citada para el caso de las mujeres. B).- El Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al promovente de amparo el importe de la pensión en los términos señalados en la sentencia, reintegrándole el pago retroactivo de las cantidades que el quejoso dejó de percibir desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, esto es, el uno de noviembre de dos mil dieciocho. Luego, por oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno de febrero de este año (fojas 89 y 90), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos declarados inconstitucionales: asimismo que dejó insubsistente el dictamen de pensión que fue otorgado a la parte agraviada el uno de noviembre de dos mil dieciocho. Posteriormente el referido Director General, mediante comunicado y anexo, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el cinco de marzo de este año (fojas 96 a 97), remitió copia certificada del Dictamen de Pensión por Retiro por Edad y Tiempo de Servicio, en favor del quejoso Armando Monteón García, con fecha de expedición de catorce de febrero de dos mil diecinueve, con el porcentaje de 61.54% con un importe mensual que asciende a la cantidad de $14,842.87 (Catorce mil ochocientos cuarenta y dos pesos 87/100 Moneda Nacional). Además, la autoridad mencionada en el párrafo que antecede el ocho del mes inmediato anterior (fojas 99 y 100), comunicó que le fueron cubiertas al agraviado las cantidades retroactivas derivadas de la modificación del porcentaje del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio del quejoso, mediante transferencia bancaria efectuada el seis de marzo de dos mil diecinueve a través de la institución denominada Santander. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías por una parte, se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado. Finalmente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexos, mediante los cuales informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el primero de los ocursos de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo de mérito y documental adjunta, para los efectos legales correspondientes. Además, visto el contenido del segundo de los oficios de cuenta y anexo, únicamente agréguense a sus autos los mismos, toda vez que por determinación de seis de este mes (foja 98), se tuvo a la autoridad promovente informando lo coducente. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que mediante el citado proveído de seis del mes y año en curso (foja 98), se tuvo al aludido ente responsable exhibiendo copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, en favor del quejoso Armando Monteon García, con fecha de expedición de catorce de febrero del actual año; sin embargo, de la referida documental se aprecia que dicho dictamen le fue notificado a una persona distinta al aquí quejoso, sin que se asentara la calidad con la que se ostentó la misma (foja 97). Luego, atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el Juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal al solicitante del amparo y tercero interesado para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Entonces, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, en su favor, mismo que fue expedido el catorce de febrero del presente año. Es aplicable al respecto por analogía, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "**Finalmente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con el libelo y anexo de cuenta, así como con los diversos comunicados signados por el ente oficiante y anexos, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintiuno y veintisiete de febrero y cinco de marzo, todos del actual año (fojas 89 a 90, 94 y 96 a 97), dése vista a la parte quejosa a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en este sumario constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el primero de los ocursos de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo de mérito y documental adjunta, para los efectos legales correspondientes. Además, visto el contenido del segundo de los oficios de cuenta y anexo, únicamente agréguense a sus autos los mismos, toda vez que por determinación de seis de este mes (foja 98), se tuvo a la autoridad promovente informando lo coducente. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que mediante el citado proveído de seis del mes y año en curso (foja 98), se tuvo al aludido ente responsable exhibiendo copia certificada del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, en favor del quejoso Armando Monteon García, con fecha de expedición de catorce de febrero del actual año; sin embargo, de la referida documental se aprecia que dicho dictamen le fue notificado a una persona distinta al aquí quejoso, sin que se asentara la calidad con la que se ostentó la misma (foja 97). Luego, atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el Juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal al solicitante del amparo y tercero interesado para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Entonces, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita a este Órgano Jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, en su favor, mismo que fue expedido el catorce de febrero del presente año. Es aplicable al respecto por analogía, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "**Finalmente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, con el libelo y anexo de cuenta, así como con los diversos comunicados signados por el ente oficiante y anexos, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintiuno y veintisiete de febrero y cinco de marzo, todos del actual año (fojas 89 a 90, 94 y 96 a 97), dése vista a la parte quejosa a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en este sumario constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. **

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