Armando José Tello Domínguez

Expediente 2299/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2299/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Armando José Tello Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense los informes previos rendidos vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de********************, Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Administración Central de Operación de Padrones, Jefa del Servicio de Administración Tributaria y Administración General de Servicios al Contribuyente, todos con sede en la Ciudad de México. Al efecto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónense al celebrarse la audiencia incidental relativa. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la legislación invocada, ténganse como domicilio y delegados de las responsables en cita, los que se señalan en los informes de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que lo alegue alguna de las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario. Los numerales acabados de señalar, establecen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" Constitución Federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose de amparo contra leyes, las normas jurídicas pueden ser impugnadas según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En cualquier caso, debe quedar acreditado que las normas generales reclamadas produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicitó la protección constitucional, porque su entrada en vigor produjo efectos de inmediato, o bien, porque se llevaron a cabo por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Es decir, para que una norma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa, produzca efectos en la esfera jurídica de un gobernado, éste debe tener incorporado el derecho afectado por la misma (interés jurídico), pues si quien promueve el juicio de amparo no demuestra esa titularidad o la afectación a su esfera de derechos, carece de interés jurídico para combatir acto o norma alguna. El criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada"; se ha entendido la noción de norma autoaplicativa, como aquella que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de "autoejecución", con la cual se explicaba esta categoría de normas. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Materias(s): Constitucional, Común, con registro digital 198200, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.En virtud de las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo, en el supuesto de la norma autoaplicativa, el estudio de la afectación jurídica debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia. Mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado es a partir del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, debido a que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, con motivo de esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. Cabe señalar que el análisis del carácter autoaplicativo o no de una ley, corresponde al Juzgador llevarlo a cabo, para lo cual debe atender al texto del ordenamiento tildado de inconstitucional; por lo que en esas condiciones, no puede dejarse a criterio de la parte quejosa el determinar la naturaleza de las normas cuya constitucionalidad se reclama, esto conforme a la tesis aislada 1796, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, página 1239, con registro digital 232592, que es del tenor siguiente: "LEYES. IMPUGNACION POR SU SOLA EXPEDICION. En ese contexto, conviene destacar que los artículos 47-AH, 47 AI, 47-AL, 47-AR, 47-AS y 47-AV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, con motivo de la reforma del Decreto 442-2021 que se impugna, señalan lo siguiente: Impuesto a la emisión de gases a la atmósfera "Artículo 47-AH.- Es objeto de este impuesto la emisión a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el Estado y que originen una afectación a su territorio. Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera, la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente o cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que provoquen un deterioro ambiental por su simple emisión. Artículo 47-AI.- Son sujetos, y están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas, personas morales y las unidades económicas, residentes en el Estado o los residentes fuera del Estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto en el territorio del Estado. También quedan comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federación, el Estado y los municipios, los organismos descentralizados federales, estatales y municipales, las empresas de participación estatal mayoritaria de carácter federal y estatal, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de la administración pública federal, por el Estado y por los municipios, así como las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Federal o del Estado. Artículo 47-AL.- El impuesto a que se refiere este capítulo se pagará mediante declaración anual relacionando la totalidad de emisiones a la atmosfera gravadas por este impuesto que el contribuyente haya generado en el ejercicio fiscal. La declaración anual se presentará en el mes de mayo del año siguiente a aquel en que termine el ejercicio fiscal de que se trate. A cuenta del impuesto los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales, mediante declaración que relacionará las emisiones a la atmósfera que el contribuyente haya generado desde el inicio del ejercicio fiscal y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, y se presentará a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago, conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. En la declaración anual se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda." Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua Artículo 47-AR.- Es objeto de este impuesto la emisión de sustancias contaminantes generadas por actividades industriales o agropecuarias, que se depositen, desechen, descarguen o inyecten al suelo, subsuelo o al agua en el territorio del Estado. Artículo 47-AS.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas que, en el territorio del Estado, independientemente del domicilio fiscal del contribuyente, bajo cualquier título, por sí mismas o a través de intermediarios, realicen los actos o actividades establecidas en el artículo anterior. Artículo 47-AV.- El impuesto se calculará aplicando a las unidades de contaminantes, previstas en el artículo 47-AT, de esta Ley, la cuota impositiva. El impuesto se pagará mediante declaración mensual definitiva, que relacionará las unidades de contaminantes en metros cuadrados de terreno o metros cúbicos de agua afectados según corresponda a que se refiere el artículo 47-AT de esta ley que el contribuyente haya generado en el mes de calendario que corresponda, y que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a más tardar el día diecisiete del mes de calendario siguiente, a la fecha de su causación o el día hábil siguiente si aquel no lo fuere." En ese contexto, la normativa transcrita, prevé que son sujetos de impuestos: las personas físicas, personas morales y las unidades económicas, residentes en el Estado o los residentes fuera del Estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera, así como las que realicen actos emisión de sustancias contaminantes generadas por actividades industriales o agropecuarias, que se depositen, desechen, descarguen o inyecten al suelo, subsuelo o al agua en el territorio del Estado. Por otra parte, señala que respecto al pago del Impuesto a la emisión de gases a la atmósfera, se pagará mediante declaración anual; que la declaración anual se presentará en el mes de mayo del año siguiente a aquel en que termine el ejercicio fiscal de que se trate; que efectuarán pagos provisionales mensuales, mediante declaración desde el inicio del ejercicio fiscal y hasta el último día del mes al que corresponda el pago; y que se presentará a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago. Igualmente, señala que respecto al pago del Impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, se pagará mediante declaración mensual definitiva que el contribuyente haya generado en el mes de calendario que corresponda; y que la presentarán en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a más tardar el día diecisiete del mes de calendario siguiente, a la fecha de su causación o el día hábil siguiente si aquel no lo fuere. Ahora, el diverso Decreto 469/2022 por el que se otorgan diversos estímulos fiscales en materia de impuestos ecológicos para el ejercicio fiscal 2022, esencialmente señala, entre otros puntos, que los Estímulos fiscales en relación con el impuesto a la emisión de gases a la atmósfera, podrán ser aplicados en los pagos provisionales y en la declaración anual que correspondan al ejercicio fiscal 2022; y respecto a los Estímulos fiscales en relación con el impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, para el ejercicio fiscal 2022, los contribuyentes podrán optar por presentar la declaración a que se refiere el artículo 47-AV de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, mediante declaración trimestral definitiva o declaración semestral definitiva, en el entendido, que deberán informar la opción elegida a través de los medios que para tal efecto establezca la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. De lo expuesto, deviene incuestionable que la disposición legal impugnada constituye una norma de naturaleza autoaplicativa, pues con su sola entrada en vigor, obliga a las personas físicas, personas morales y las unidades económicas, residentes en el Estado o los residentes fuera del Estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera, así como las que realicen actos de emisión de sustancias contaminantes generadas por actividades industriales o agropecuarias, que se depositen, desechen, descarguen o inyecten al suelo, subsuelo o al agua en el territorio del Estado, a pagar el impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, así como a la emisión de gases a la atmósfera, en los términos ahí señalados. Una vez establecido lo anterior, es menester señalar que tratándose de leyes autoaplicativas, como en el caso que nos ocupa, el gobernado tendrá la oportunidad de impugnarlas dentro de los treinta días contados a partir de la fecha en que cobre vigencia la misma; o bien, dentro los quince días contados a partir del primer acto de aplicación de la norma. En ese sentido, del ocurso constitucional se desprende que la parte quejosa expresamente acudió al juicio de amparo a fin de impugnar los decretos señalados como actos reclamados, con motivo de su primer acto de ampliación; lo que si bien como ya se vio le está permitido, lo cierto es que tal supuesto trae consigo la obligación del inconforme de acreditar fehacientemente la existencia del acto de aplicación de que se trate. Sin embargo, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no obra documento alguno por el cual la moral quejosa haya realizado algún tipo de declaración fiscal y/o pago de los impuestos citados; por ende, tampoco solicitado la aplicación del estímulo fiscal en materia de impuestos ecológicos para el ejercicio fiscal 2022. Esto es, si bien, se desprende que exhibió los avisos correspondientes para la aplicación de los mismos, así como el Título de Concesión expedido por el Organismo de Cuenca Península Yucatán de la Comisión Nacional del Agua a su favor; la declaración en la que reportó la descarga realizada al cuerpo federal denominado "Acuífero Península de Yucatán" y el pago de los derechos correspondiente a la misma; la constancia de recepción de operación anual; el listado emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria; la licencia de uso de suelo; la sentencia emitida en el juicio de amparo 368/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Siendo que tales documentales demuestran que la persona jurídica quejosa se encuentra legalmente constituida, su objeto social, duración, así como la posibilidad de actuar por conducto de sus autorizados; destacándose que las actividades de su objeto social están vinculadas con la producción, engorda y cuidado en general de ganado porcino. Sin embargo, dichos medios de convicción, resultan insuficientes para demostrar la aplicación de la norma impugnada, dado que no demuestran que la parte quejosa hubiere realizado el pago de los impuestos señalados en las normas impugnadas, asñi como que hubiere solicitado a la autoridad la aplicación de los citados estímulos fiscales previstos en el decreto impugnado, para considerar que existe un acto de aplicación en su perjuicio de la norma. Lo anterior, porque la descripción de las actividades que realiza, contenidas en el acta ante citada, por sí misma no resulta suficiente para demostrar el acto concreto de aplicación de las normas combatidas. Bajo el anotado contexto, se revela que de las constancias que obran en autos, la parte quejosa no demostró algún acto de aplicación relacionado con el decreto impugnado, por lo que se concluye que se actualiza la causa de improcedencia aludida, dado que no causó un perjuicio en la esfera jurídica del impetrante. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis número P.XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital 200276 de contenido siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. Tiene aplicación la jurisprudencia por reiteración de tesis 3ª./J.45/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y nueve, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen: "INTERES JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Máxime que de los propios artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto 442/2021 por el que se modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, prevé las fechas de pago provisional y presentación de primera declaración mensual, las cuales en la data que se falla el presente asunto han transcurrido, sin que, se insiste, la parte quejosa hubiera aportado medio de convicción alguno que genere al menos de manera indiciaria le hubiese sido aplicada la porción normativa que combate o se la hubiere autoaplicado, o solicitado la aplicación del estímulo. En consecuencia, siendo el interés jurídico indispensable para la procedencia de la acción constitucional, al no haberse acreditado en la especie, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Yucatán y al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. En ese orden de ideas, resulta innecesario analizar las diversas causales de improcedencia que en contra de los actos reclamados invocaron las autoridades responsables en sus informes justificados, pues cualquiera que fuera el resultado de su análisis, en nada cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis aislada sin número, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por en contra de los actos que reclama del Jefe del Departamento de Orientación, Trámites y Servicios de la Dirección de Servicios al Contribuyente, de la Agencia Administración Fiscal del Estado de Yucatán; Director de Servicios al Contribuyente de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán; Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán; y, Director General de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por , en contra de los actos que reclama del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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