Armando Martín Martín

Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Armando Martín Martín

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del nueve al trece de noviembre del año en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, a al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por el quejoso Armando Martín y Martín, mediante el cual da cabal cumplimiento a la prevención efectuada por proveído de dieciocho de febrero actual. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Armando Martín y Martín, contra los actos que reclama del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente, todos con residencia en esta ciudad, que hacen consistir en: Del Tribunal Colegiado: La omisión de formular el acuerdo correspondiente en cuanto a la resolución al conflicto competencial plateado por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. De la Junta Especial Número Veintiuno: La omisión de enviar de nueva cuenta los autos del juicio de origen 607/2018 a la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado. De la Junta Local Número Uno y su Presidente: La omisión de proveer lo conducente en cuanto a la radicación de la demanda en comento, así como el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho por medio del cual ordena remitir los autos del juicio de origen a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, se toma en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por ello, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, respecto del acto reclamado al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, que hace consistir en la omisión de formular el acuerdo correspondiente en cuanto a la resolución al conflicto competencial planteado por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el expediente 607/2018, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; .". Como se advierte, el precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo promovido en contra de las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese contexto, en el caso se aprecia que la parte quejosa reclama del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, la omisión de resolver el conflicto competencial planteado por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el expediente 607/2018. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que el motivo de reclamo de la parte quejosa, aun siendo de naturaleza omisiva, se atribuye a un Tribunal Colegiado de Circuito. Y siendo así, existe disposición expresa en la ley que contra las resoluciones de los tribunales colegiados es improcedente el juicio constitucional, en el entendido de que al hacer mención el legislador de resoluciones, quedan comprendidas también las relativas a las omisiones, pues del análisis integral de la Ley de Amparo, se advierte que en ésta se contempla tanto la procedencia como improcedencia de actos u omisiones que pueden estar inmersas en el dictado o no de las resoluciones derivadas o no de una controversia jurisdiccional, o bien, de actuaciones meramente administrativas. Por tanto, se colige que no es factible la impugnación de dichos actos u omisiones a través del juicio de amparo indirecto, contra los tribunales colegiados, pues incluso del numeral 41 de la Ley de Amparo, se prevé una regla general en el sentido de que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior; lo que trae consigo, que tampoco pueda un organo inferior como un juzgado de Distrito, analizar las actuaciones u omisiones de los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía jurídica, como lo son los Tribunales Colegiados de Circuito. Aunado a que la vía constitucional tiene por objeto proteger y preservar dicho régimen, mediante la protección de los derechos fundamentales (prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano forma parte), sin que sea dable estimar que en los actos u omisiones acontecidas dentro un procedimiento de amparo de competencia de un Tribunal Colegiado Federal, se violen tales derechos en perjuicio de los gobernados, pues se insiste, la protección y preservación de los mismos es precisamente la función que se ejerce mediante el juicio de amparo. Resulta aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 41/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO." Además, atendiendo a la naturaleza jurídica de la autoridad señalada como responsable, cabe destacar que los Magistrados de Circuito al conocer de los juicios de amparo, ejercen función de control constitucional, por la investidura que les otorga la ley, por lo que no es jurídicamente factible combatir mediante este medio de control actos u omisiones derivados de otro juicio de derechos fundamentales, porque, de lo contrario, se desnaturalizaría la única vía establecida para ejercer la reclamación de inconstitucionalidad de actos, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. También, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta oportuno que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el ocursante interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, a más de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Ahora bien, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente, consistentes en: De la Junta Especial Número Veintiuno: La omisión de enviar de nueva cuenta los autos del juicio de origen 607/2018 a la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado. De la Junta Local Número Uno y su Presidente: La omisión de proveer lo conducente en cuanto a la radicación de la demanda en comento, así como remitir los autos del juicio de origen a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por cuanto hace a dichos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, el último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En principio, cabe acotar que conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República Mexicana y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate, afectando derechos sustantivos y no los objetivos. Entendiéndose por los primeros, los que lesionan materialmente los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio. Por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 189, en la página 154, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Los elementos de dicha definición no se dan en los presentes actos reclamados, porque con ellos sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; en atención a las siguientes consideraciones, y tampoco se afectan derechos adjetivos de carácter trascendental y grave. En este orden, los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo, no constituyen un acto que tenga sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación, ni son definitivos, porque de acuerdo a la narrativa de la demanda de amparo, se advierte que la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se declaró incompetente para conocer del juicio y ordenó remitir la demanda a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para su conocimiento, trámite y sustanciación; la cual radicó dicho asunto con el número 607/2018, rechazando la competencia y a su vez la remitió al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resolviera lo correspondiente, lo que a la fecha se encuentra pendiente por resolver. De lo que se desprende que el procedimiento de incompetencia no ha concluido, al no emitirse aún la determinación final que el Tribunal Colegiado de Circuito asuma al respecto, y de la cual alguna de las Juntas señaladas como responsables haga pronunciamiento sobre la competencia propuesta. Pues para considerar que se ha dado tal afectación, debe existir una determinación definitoria sobre la declinación de la competencia planteada, lo que a la fecha no existe y, por tanto, no se ha puesto fin a dicho conflicto, trayendo como consecuencia que no haya afectación alguna en la esfera jurídica de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Por lo que los actos combatidos en los que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente declaran su incompetencia legal, no se tornan en un acto definitivo de imposible reparación, reclamable mediante el juicio de amparo, pues dicha competencia se encuentra subjudice a la determinación que emita el Tribunal Colegiado en el conflicto competencial propuesto por una de las autoridades responsables. Así las cosas, como quedó precisado con antelación, la ejecución de imposible reparación de una determinación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da actualmente cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución, y no como sucede en el caso particular. No pasa inadvertido el contenido de la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, mismo que establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, dicha fracción no debe interpretarse en forma aislada, sino concatenada con la fracción IV del citado artículo 107, e incluso, con las fracciones XVIII y XIX del artículo 61, todos de la Ley de Amparo. En efecto, cuando la fracción VIII en comento establece que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, el legislador no pretendió desconocer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de tal forma, que la resoluciones intermedias no pueden ser atacadas, por no encontrarse firmes y ser susceptibles de ser modificadas o nulificadas incluso de oficio, como ocurre en los casos en que existe un conflicto competencial. Así, la citada fracción VIII prevé la procedencia del amparo contra determinaciones en las cuales se declina competencia, entendiéndose dicha hipótesis normativa, siempre y cuando ya sean definitivas y no exista la posibilidad de que puedan ser modificadas por un acto posterior. Pues a nada práctico conduciría que el legislador haya establecido la obligatoriedad de agotar los medios de impugnación ordinarios, sino es porque buscara privilegiar, el carácter extraordinario de la acción de amparo, de tal forma que el gobernado, pudiera ser restituido en sus derechos fundamentales por algún medio posterior (ya sea a petición de parte o de oficio), que no se abusara del juicio de amparo y que se evitare el dictado de resoluciones contradictorias. De ahí que el acto de declinación de competencia, sea impugnable hasta que tenga el carácter de definitivo, pues el principio de definitividad rige en todo momento y si la parte quejosa puede ser resarcida en sus derechos por la autoridad a favor de quien se declinó competencia, es evidente que los actos impugnadas aún no le irrogan perjuicios de imposible reparación. Máxime, que el acto por el cual se declina competencia, debe ser analizado de igual forma que un acto dentro de procedimiento en forma de juicio, esto es, en relación a la fracción III, inciso b) y si aún no le irroga perjuicios de imposible reparación, el amparo debe desecharse, ponderando que dicho acto es intermedio y aún no invade la esfera de derechos del gobernado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia: P./J. 17/2015 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Jurisprudencia visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Así como la tesis VII.1º.A.5. K (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Décima Época, Materia Común, publicada en la página 2105, libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE INCOMPETENCIA, SI NO SE TRATA DE UNA QUE SEA FIRME Y DEFINITIVA, QUE CAUSE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Como en una cuestión de competencia participan diversas autoridades y cada una puede emitir resoluciones que determinen inhibirla o declinarla, o bien, aceptar o rechazar el conocimiento del asunto, aun cuando el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", no es factible que aquél proceda contra cada una de las resoluciones que recaigan mientras se decide dicho aspecto, sino sólo respecto de una que sea firme y definitiva, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del precepto referido, con la que ha de relacionarse aquella fracción VIII, dada la estrecha vinculación existente entre ambas; de modo que la determinación de la autoridad en la cual declina conocer del asunto no pueda considerarse definitiva hasta en tanto la otra lo acepte, al constituir solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta directamente los de carácter sustantivo, pues, incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Armando Martín y Martín, contra los actos que reclaman del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, para los efectos legales conducentes, el oficio DGAJ/7595/2020, remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director de Catastro Rural de dicho desconcentrado, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en relación a las gestiones realizadas en acatamiento al fallo protector dictado en el presente asunto, informa, que llevó a cabo la modificación de la superficie requerida respecto de la parcela ********************Estado de Yucatán, lo cual hizo del conocimiento de la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional mediante correo electrónico de uno de octubre de dos mil veinte. En tal virtud, dado que el presente asunto aún se encuentra en vías de ejecución, requiérase de nueva cuenta a la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, cumpla sin demora con la ejecutoria de mérito, esto es, realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato concluya con el procedimiento y/o trámite con folio ********************, y en breve término, sea entregado al promovente el certificado por trasmisión de derechos ordenado en autos del juicio ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, para lo cual deberá adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten. Para efectos de lo anterior, remítase a la referida autoridad copia del oficio de cuenta. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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