Armando Eleazar Poot Tamay
Expediente 1323/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Armando Eleazar Poot Tamay
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del treinta de julio al cinco de agosto de dos mil veintiuno. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quienes se ostentan defensores particulares de********************, en contra del acto que reclaman del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; consistente en lo siguiente: No asegurarse que el imputado tuviese una adecuada defensa en sus dos vertientes formal y material, en la causa penal ********************, que se le instruye al imputado por el delito de homicidio por culpa. RADICACIÓN DE DEMANDA Fórmese expediente, regístrese con el número 1323/2021-II-A, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese sentido, se debe entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Ahora, en el presente asunto, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa, no constituyen actos de imposible reparación, pues hasta este momento procesal no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior se estima de tal forma, toda vez que de conformidad con lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales señala las etapas que conforman el procedimiento penal. En efecto, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado Código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al ordinal 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, expuestos por los promoventes en su demanda de amparo, se advierte que el mismo está sujeto a proceso con motivo del auto de vinculación a proceso que le dictó en su contra el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el delito de homicidio cometido por culpa. Señalaron que desde el inicio de las audiencias, existieron deficiencias de la defensa, pudiendo advertirse de los audios y videos, que los defensores no estaban preparados en el sistema penal acusatorio, ya que desde la audiencia de vinculación no aportaron datos o medios de prueba, aunado a que la argumentación manifestada no era acorde con lo manifestado por el Fiscal. Siendo que luego de la audiencia de la etapa intermedia, la defensa pretendía incorporar un peritaje en esa etapa, lo que ocasionó que el imputado manifestara al Juez de Control que él no sabía mucho de derecho, pero que eran demasiados los errores cometidos por éstos; por tal razón consideran que se ha violado en perjuicio del directo quejoso su derecho humano a una defensa adecuada, porque no ha tenido debida asistencia o asesoría jurídica en el proceso penal que se sigue en su contra. Como se aprecia de los antecedentes narrados, el quejoso señala especialmente la falta de una defensa adecuada; no obstante, como se expuso con antelación, el juicio de amparo resulta improcedente contra el acto reclamado por el quejoso, pues no constituye un acto de imposible reparación, ya que no afecta materialmente y por sí algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, tales como la vida, la libertad, la salud, entre otros. Por el contrario, los actos reclamados se encuentran relacionados con cuestiones que, aducen los promoventes, violentan su derecho a una defensa adecuada ya que los defensores no realizaron actos tendentes a su defensa efectiva, lo que únicamente se traduce en un perjuicio procesal que pudiera resentir en sus derechos adjetivos, cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, además de ser susceptibles de repararse si la resolución definitiva que se pronuncie le es favorable, por lo que el quejoso aún puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor. Sirve de apoyo a lo anterior, lo que informa el criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, del siguiente rubro y texto: "DEFENSA TÉCNICA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ÉXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVADA DE SU ACTUACIÓN, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La tutela del derecho de defensa técnica adecuada del imputado en un proceso penal acusatorio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica analizar su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que impone a las autoridades la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado, respecto del órgano acusador, por lo que el órgano de control debe estar al tanto de que no exista en el defensor una actitud pasiva del tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, siendo que debe repararse esa violación, cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Sin embargo, la falta de éxito de la teoría del caso planteada por su defensor, derivada de su actuación, no implica una vulneración a este derecho, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria." En esas condiciones, al no tratarse de actos de imposible reparación, puesto que no afectan materialmente derechos, en razón de que si bien están relacionados con derechos constitucionales, lo cierto es que no se traducen, por sí mismos, en actos arbitrarios que impidan el ejercicio de algún derecho en forma presente; aunado a que tampoco revisten la categoría de "sustantivos", dado que pueden ser reparados en la sentencia definitiva. Además de lo anterior, debe precisarse que dentro del juicio de amparo no es posible analizar la actuación de un defensor dentro del proceso penal que se instruye en contra del imputado, toda vez que ello no es materia de análisis del juicio de amparo, ya que ello conllevaría a la imparcialidad que debe imperar dentro de la función jurisdiccional. Resulta como criterio orientador lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Por ello, debe tomarse en consideración que la actuación de un defensor dentro de un proceso penal, no puede ser materia de un juicio de amparo, toda vez que su actuación no depende de la autoridad judicial, sino que su función se verá reflejada en el sentido del fallo que se emita en el juicio primario, en cuyo caso podrá ser recurrido por el imputado a través de los medios legales que la ley respectiva tiene contemplados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y por autorizados a las personas que menciona, únicamente para los efectos precisados en el escrito de demanda ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización a la parte quejosa para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio, a través del usuario que proporciona para tal efecto. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CORREO ELECTRONICO En cuanto al señalamiento del correo electrónico que proporciona, se tiene por precisado únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 01/2021 y 05/2021, en relación con el periodo de vigencia. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones por esa vía; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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