Armando Ayocuan Mojica Diaz de León
Expediente 1387/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Armando Ayocuan Mojica Diaz de León
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se determinó sobreseer el presente asunto fuera de audiencia. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que este, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos al que anexó diversas constancias que guardan relación con el acto reclamado. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Pruebas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, las que serán tomadas en consideración en párrafos posteriores. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, la autoridad responsable manifiestan que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Personalidad del promovente. En un diverso orden de ideas, con fundamento en el numeral 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a ****************, como apoderado legal de ***********, acorde con las constancias remitidas de manera anexa al oficio de cuenta. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a la responsable el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Ahora, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación a continuación. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de la omisión reclamada. Omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con folio 13447, dentro del expediente laboral 30/391/2022. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que el veinticinco de agosto del año en curso, el tribunal responsable dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, registrada con folio 13447, dentro del expediente laboral 30/391/2022, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. Ahora bien, si el peticionario de amparo reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, registrado con folio 13447, dentro del procedimiento laboral de origen, es dable concluir que las molestias en su esfera jurídica han cesado, ya que la responsable acordó lo conducente a dicha promoción y lo notificó a la parte quejosa el diecinueve de octubre del año en curso, por ende, se le restituyó en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Conclusión. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del quince de noviembre de dos mil veintidós. Se instruye a la oficial judicial "A". Finalmente, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ha fenecido el término de tres días otorgado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, a fin de que diera cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, el cual según constancias de autos, le fue notificado desde el cuatro de octubre del actual. Se formula nuevo requerimiento a autoridad vinculada. En esas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la misma para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo: 1. Remita copia certificada de las constancias con las que acredite el trámite y/o respuesta que ha dado al exhorto JE3/335/202, que le giró su homóloga Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con el objeto de emplazar dentro del juicio laboral 01/402/21-III, a la parte demandada denominada Protección y Alarmas Privadas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en Calle Río Culiacán número 203, Pte. Guadalupe, Código Postal 80220, en Culiacán, Sinaloa. Asimismo, no se omite informar que, de acuerdo con los datos proporcionados por su homóloga en esta ciudad, dicha comunicación oficial fue recibida desde el veintiuno de septiembre de la presente anualidad y enviado al área de exhortos para su diligenciación, por lo que a esta data ha transcurrido tiempo suficiente para realizar la encomienda procesal de referencia. Apercibimiento. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Nuevo requerimiento a autoridad responsable. Por otra parte, en tanto se atiende el requerimiento anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo informe a este Juzgado de Distrito: -Si a la fecha ya recibió o no las constancias de diligenciación del exhorto JE3/335/2022, que giró a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, o en su defecto, informe las gestiones que haya realizado con posterioridad al veintidós de septiembre pasado, para lograr el desahogo del mismo, debiendo remitir en cualquiera de dichas hipótesis copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibimiento. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables y vinculada. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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