Armando Esmith Pérez

Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1298/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Armando Esmith Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Recepción del oficio Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente y Tercer Arbitro, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado por proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del desahogo de la diligencia de investigación de beneficiarios, efectuada el veintitrés de noviembre de la presente anualidad, ordenada en los autos del juicio de origen 01/461/20. Se tiene por satisfecho requerimiento En consecuencia, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad responsable y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. No ha lugar a dar vista a las partes Cabe precisar que no ha lugar a dar vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, en virtud de que la misma no forma parte de su informe justificado, sino que fue requerida por este juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, para resolver el presente juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: Autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado La omisión de la responsable de realizar investigación económica correspondiente, dentro de los autos del expediente laboral 01/461/20. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjunta al oficio de cuenta, se aprecia que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el auxiliar dictaminador en funciones de actuario del Tribunal responsable realizó la investigación de beneficiarios y/o dependientes económicos de quien en vida llevó el nombre de Cecilia Pérez Delgado, ordenada dentro de los autos del expediente 01/461/20; constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En ese sentido, si la peticionaria de amparo reclamó la omisión de realizar la aludida investigación económica dentro de los autos del expediente 01/461/20, es dable concluir que las molestias en su esfera jurídica han cesado, ya que la responsable ya realizó la investigación a que alude el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, se le restituyó en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emitan una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conclusión En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del siete de diciembre de dos mil veintidós. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Recepción del oficio Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente y Tercer Arbitro, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado por proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del desahogo de la diligencia de investigación de beneficiarios, efectuada el veintitrés de noviembre de la presente anualidad, ordenada en los autos del juicio de origen 01/461/20. Se tiene por satisfecho requerimiento En consecuencia, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad responsable y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. No ha lugar a dar vista a las partes Cabe precisar que no ha lugar a dar vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, en virtud de que la misma no forma parte de su informe justificado, sino que fue requerida por este juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, para resolver el presente juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se precisa: Autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado La omisión de la responsable de realizar investigación económica correspondiente, dentro de los autos del expediente laboral 01/461/20. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjunta al oficio de cuenta, se aprecia que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el auxiliar dictaminador en funciones de actuario del Tribunal responsable realizó la investigación de beneficiarios y/o dependientes económicos de quien en vida llevó el nombre de Cecilia Pérez Delgado, ordenada dentro de los autos del expediente 01/461/20; constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En ese sentido, si la peticionaria de amparo reclamó la omisión de realizar la aludida investigación económica dentro de los autos del expediente 01/461/20, es dable concluir que las molestias en su esfera jurídica han cesado, ya que la responsable ya realizó la investigación a que alude el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, se le restituyó en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Justificación Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emitan una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conclusión En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del siete de diciembre de dos mil veintidós. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a la autoridad responsable. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Recepción del oficio. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto de diecisiete de noviembre de dos mi veintidós, donde se advierte que señaló nueva fecha y hora para que tenga verificativo la investigación de beneficiarios ordenada en los autos del juicio de origen 01/461/20. Satisfecho requerimiento y sin efectos apercibimiento. En consecuencia, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad responsable y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. No ha lugar a dar vista a las partes. Cabe precisar que no ha lugar a dar vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, en virtud de que la misma no forma parte de su informe justificado, sino que fue requerida por este juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, para resolver el presente juicio. Requerimiento de constancias. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable señaló las once horas del veintitrés de noviembre del año en curso, a efecto de que los actuarios de su adscripción efectúen la investigación de beneficiarios ordenada en los autos del juicio laboral de origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que tenga verificativo dicha diligencia, remita a este juzgado federal copia certificada de la misma. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el lapso que se le concede, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo estipulado en los numerales 237, fracción I, y 238 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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