Arisbel Benitez Benitez
Expediente 516/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Arisbel Benitez Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a) y c) del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 516/2022, promovido por ****por propio derecho; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: El dieciocho de abril de dos mil veintidós1 . II. Admisión de la demanda. El veinte de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintiuno de abril de dos mil veintidós. IV Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado al Director Jurídico del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, se hace consistir en: a La resolución de cinco de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual la autoridad responsable al resolver el expediente administrativo *****, determinó desechar de plano el recurso de reconsideración hecho valer por la quejosa contra el acto de clausura de un predio en el que se pretende realizar un fraccionamiento. III Existencia del acto reclamado La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. IV Causa de improcedencia fundada. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que al actualizarse alguna se obstaculizaría el examen de los actos reclamados conforme a los conceptos de violación propuestos. Con respecto a los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del numeral transcrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo La existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa. Por tanto, podemos decir que los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1 Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2 Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, 3 Que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos del acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 4 Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el entendido de que no existe obligación de agotar tales recursos, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Asimismo, cabe trae a colación el artículo 107, fracción IV, constitucional, numeral que a la letra dispone lo siguiente: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Así, el principio de definitividad encuentra justificación de la aplicación armónica del citado precepto constitucional y de su Ley Reglamentaria, en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia, modificación o revocación del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción legal establecidos y que, en esencia, se relacionan con el examen puro de aspectos de constitucionalidad de leyes, en la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución o en tratándose de actos carentes de total fundamentación, lo cual no acontece en la especie. Bajo esa línea de estimación, es menester transcribir los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, los cuales prevén: "Artículo 1 En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones Artículo 4 Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. Por su parte, el artículo 18, apartado B, fracción I, inciso a y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, disponen: Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: A B Competencias: I Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares ; Artículo 28 Los Magistrados de las Salas de Instrucción y de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones siguientes: I Substanciar el procedimiento en todas sus etapas, teniendo la más amplia facultad para subsanar cualquier omisión que notaren para el solo efecto de regularizar el procedimiento, conforme a la normativa aplicable; II. En el caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, suplir la deficiencia de la queja; III Proceder a la ejecución de la sentencia; IV Resolver el Recurso de Reconsideración previsto en la Ley de Justicia Administrativa; V Cursar la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma; VI Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos de las Salas; VII Dictar las medidas que exijan el orden, el buen servicio y la disciplina de las Salas y exigir se guarde el respeto y consideración debidos; VIII Dictar acuerdos para el mejor desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y administrativos de la Sala; IX Imponer las correcciones disciplinarias al personal administrativo en aquellos casos en que no esté reservada expresamente la imposición de las sanciones al Pleno; X Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de las Salas; XI Solicitar al Gobernador del Estado, Secretarios de Despacho, Presidentes Municipales y demás autoridades el apoyo necesario para hacer cumplir sus determinaciones; XII. Emitir opinión, con relación a las solicitudes de licencias que presente el personal de las Salas; XIII Informar mensualmente al Pleno de las labores de la Sala; XIV Proponer al Pleno, a través de su Presidente, los nombramientos y remociones de los funcionarios y del personal administrativo de la Sala a su cargo; XV. La aprobación de los convenios debidamente ratificados que lleguen a celebrarse con motivo de un Acuerdo Conciliatorio entre las partes para elevarlos a categoría de cosa juzgada. XVI Las jurisdicciones voluntarias relacionadas con los convenios de terminación de la resolución administrativa para elevarlos a categoría de cosa juzgada, y XVII Someter al Pleno que corresponda, los proyectos de resolución de los asuntos de su competencia." De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de impugnar el acto que reclama del Director Jurídico del Municipio de Atlatalahucan, Morelos dependencias de la Administración Pública Municipal, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. Además, del análisis de los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los diversos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que prevén similares requisitos para el otorgamiento de la suspensión de los actos que se impugnan. En efecto, los numerales antes señalados de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establecen que la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, y antes de la citación para sentencia; siempre que no se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio; y tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en la citada ley, así como que la autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. Por su parte, los preceptos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, prevén como requisitos para la procedencia de la suspensión, en lo que interesa, que la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto; y en los casos en que la suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio; asimismo, cuando se solicite la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, se concederá previo depósito total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o a la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamiento, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Así, como puede advertirse, la ley que dispone la procedencia del juicio de nulidad contra los actos que reclama la parte quejosa, no dispone plazo mayor que el establecido en la Ley de Amparo, con lo que se satisface el último requisito que impone la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, para que el quejoso deba agotar previamente el medio ordinario de defensa Ahora, por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que de la lectura preliminar de la constancia en la que obra el acto reclamado se puede apreciar que contiene la cita de diversas disposiciones para sustentar su determinación e incluso en la demanda de amparo se cuestiona la legalidad de las determinaciones ahí tomadas, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por lo que hace a la excepción consistente en que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud de que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa plantea sus argumentos desde un tema de legalidad. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la demanda se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no exime a la parte quejosa de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que prevé la ley ordinaria, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el único hecho de señalar violaciones a la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley de la materia establezca. Así también, no se actualiza la excepción relativa a que el recurso o medio de defensa ordinario esté previsto en un reglamento, ello toda vez que como se analizó a lo largo de la sentencia, el juicio de nulidad está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Finalmente, resulta también obligatorio para la parte quejosa agotar el medio de defensa ordinario previsto en la ley a que se ha hecho referencia, en virtud de que contra la actuación de la autoridad municipal que dio origen a la determinación que hoy se reclama promovió el recurso ordinario, lo que lo obliga a recorrer todas las instancias ordinarias antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior conforme a la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 165998, visible en la página 836, tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO. Cuando el particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia" Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos y autoridades antes reseñadas, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, atendiendo a las razones esgrimidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece una prueba documental. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente formulando alegatos, mismos que serán relacionados al momento de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. De la prueba. Conforme a lo establecido en el numeral 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba documental que anexa a su escrito de cuenta, la cual se desahoga en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. En relación a las manifestaciones, en la que hace de conocimiento hechos que a su juico son conductas constitutivas de delitos, por lo que solicita se de vista al Ministerio Público, se considerada no ser necesario puesto que el Ministerio Público es parte dentro del presente juicio y puede imponerse de los autos en cualquier etapa procesal. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil veintidós. Glósese a los autos el ocurso firmado por el Director Jurídico del Municipio de Atlatlahucan, Morelos mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en acuerdo de siete de junio del año en curso, remite copias certificadas de las constancias con las que soporta la existencia del acto reclamado. Requerimiento satisfecho. Al respecto, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en autos y, por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. No ha lugar a dar vista a las partes. Ahora bien, no ha lugar a dar vista a las partes con las constancias remitidas por el notario oficiante mediante el oficio de cuenta, en virtud de que las mismas únicamente fueron requeridas por este juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es, con el propósito de contar con mayores elementos para resolver. Notifíquese.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes
- Argimiro Pedraza Santamaria741/2022
- Ariadna Barrera Vazquez668/2022
- Ariadna Rodriguez Garcia395/2022
- Ariana Ligia Cruz Pelaez1518/2022
- Ariel Marcelo Goitea1701/2022
- Ariel Ramírez Hernández351/2023
- Aristedes Bello Soto8/2022
- Armando Alvarado Velazco1670/2022
- Armando Ayocuan Mojica Díaz390/2023
- Armando Ayocuan Mojica Diaz de Leon1734/2022
- Armando Ayocuan Mojica Díaz de León890/2023
- Armando Ayocuan Mojica Diaz de León1387/2022