Aristeo QUIÑONES Sarabia
Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Aristeo QUIÑONES Sarabia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fueron notificadas en primer y último lugar, esto es, el cinco y ocho de noviembre de este año, quedando comprendido dicho plazo del nueve al veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, en la inteligencia de que el lapso para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.
- Principal
Téngase recibido el alegato ministerial 556/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual formula manifestaciones; en atención a su contenido, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, en razón de que por acuerdo de cinco de noviembre pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. No obstante lo anterior, en relación con las copias simples que solicita, deberá estarse a lo acordado en auto de admisión de demanda.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 956/2021, signado por los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado; memorial que se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Asimismo, remite copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado; mismas que con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que anexa. Ahora bien, del estado de los autos, se advierte que el promovente del amparo esencialmente hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral JE4-11-1265/16, que se sigue en contra de Programas Especializados Oceánica, sociedad anónima de capital variable, Fuente de Trabajo Consistente en el Centro de Rehabilitación en Adicciones denominado Oceánica, Inmobiliaria Rincón del Sábalo, sociedad anónima de capital variable. Luego, en el caso, a juicio de quien esto provee, atendiendo al contenido integral de las pruebas documentales allegadas por la autoridad responsable de referencia que anexó a su oficio de cuenta, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; [.]. Como se aprecia del contenido de los preceptos normativos recién transcritos, la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, que aún y cuando el mismo subsista, no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto rezan: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, ya que el reclamado lo constituye la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral JE4-11-1265/16, que se sigue en contra de Programas Especializados Oceánica, sociedad anónima de capital variable, Fuente de Trabajo Consistente en el Centro de Rehabilitación en Adicciones denominado Oceánica, Inmobiliaria Rincón del Sábalo, sociedad anónima de capital variable. Mientras que, de la información aportada por la autoridad responsable integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de las constancias que anexa a su oficio de cuenta, se advierte que remite copia certificada de la sentencia dictada el veintiséis de octubre del año en curso, en autos del juicio JE4-11-1265/16, así como la constancia de notificación de dicha determinación practicada a la parte actora, aquí quejosa. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidas por una autoridad legalmente facultada para ello y son aptas para acreditar que el veintiséis de octubre del año en curso, fue dictado el laudo en autos del juicio JE4-11-1265/16, determinación de la cual fue notificada la parte actora, aquí quejosa, por conducto de su apoderado legal, el veintiocho de octubre pasado. Por tanto, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos de las violaciones que constituían la materia de análisis en esta vía constitucional, restableciéndose así las cosas en el estado que guardaban antes de la promoción del juicio biinstancial en que se actúa, como si se hubiere concedido el amparo solicitado. De ahí que se estime que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional en estudio, en virtud de que ya no subsiste el acto inicialmente reclamado. En ese contexto, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa y, por ende, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la referida audiencia de ley. Sustenta lo anterior, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil trece, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: . PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, quince de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo signada por Aristeo Quiñónez Sarabia, contra actos de la Junta Especial número 04 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 801/2021. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el juicio laboral JE4-11-1265/16, que se sigue contra Programas Especializados Oceánica, Sociedad Anónima de Capital Variable, fuente de trabajo consistente en el Centro de Rehabilitación en Adicciones denominado Oceánica, Inmobiliaria Rincón del Sábalo, Sociedad Anónima de Capital Variable. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales, 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115, y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de este año, y el diverso 1/2021 que lo reforma, con relación al periodo de vigencia, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, la responsable al rendir su informe justificado, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirá en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que puede remitir el informe que le fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx o fax al número telefónico 016699826690, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señale. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se le hace saber a la autoridad señalada como responsable que tiene la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir dichos memoriales se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se le hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberá notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsables y tercera interesada que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO. De igual forma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que emplace a juicio a la parte tercero interesada Programas Especializados Oceánica, Sociedad Anónima de Capital Variable, Fuente de Trabajo consistente en el Centro de Rehabilitación en Adicciones denominado Oceánica, Inmobiliaria Rincón del Sábalo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de quien legalmente las representen, en el domicilio ubicado en avenida del Mar número 80, local 10, zona Costera de esta ciudad; asimismo, en términos del arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, el fedatario de la adscripción deberá requerirles a fin de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad en el acto de la notificación, o bien, comunicarles que podrán hacerlo mediante escrito, dentro del término de tres días, bajo apercibimiento que en caso contrario las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se les practicarán en el antes indicado, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda y autorizada del presente auto. Además, deberá hacer de su conocimiento la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. PRUEBAS. Ahora bien, respecto a las pruebas documentales que ofrece el promovente consistentes en las actuaciones que forman el expediente laboral JE4-11-1265/16, radicado ante la responsable, se hace de su conocimiento que las anotadas documentales ya fueron requeridas al solicitarle su respectivo informe justificado. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el diverso artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Baluarte número 98, local 5, en la colonia Reforma de esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Clicerio Díaz Guzmán, Silverio Díaz Guzmán, Roberto Valdez Ibarra, Silvia Patricia Wong Salas y Eddie Noemí Díaz Barraza, quienes tienen sus cédulas profesionales 997419, 9517293, 2580236, 7351662 y 10030332, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se tiene a la parte promovente señalando como correo electrónico juridicomzt@hotmail.com, para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso 1/2021 que lo reforma, con relación al periodo de vigencia, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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