Armandito Valenzuela Martinez

Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
80/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Armandito Valenzuela Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el libro de registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el tres de febrero del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del ocho al catorce de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual en síntesis se acordó: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************contra actos de la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 80/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En efecto, la parte quejosa señaló como actos reclamados la resolución de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil número ********************-C, mediante la cual confirma el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, así como el cumplimiento que pretenden darle a la resolución reclamada. En esa tesitura, el suscrito advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los numerales 170, fracción I, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual trae como consecuencia desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. Los numerales 61 fracción XXIII, 170 fracción I, y 172, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; (.)" Ahora bien, resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser en grado predominante o superior, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad judicial dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro de la contienda judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Sentado lo anterior, resulta necesario destacar que al existir medios de defensa válidamente establecidos en los que puede ser reparada, en caso de que existiera, la violación procesal que se reclama, el juicio de amparo en la vía indirecta únicamente puede ser procedente si la actuación judicial cuestionada es de imposible reparación por vincularse con los derechos fundamentales de la persona, lo que en la especie no ocurre. Expuesto lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil número ********************-C, mediante la cual confirma el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, así como el cumplimiento que pretenden darle a la resolución reclamada. Luego, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se desprende, en lo que interesa, que por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, le tuvo por no interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones, por considerarlo frívolo e improcedente, ya que al haber dado contestación a la demanda reconvencional se subsanan las irregularidades que pudieran haberse ocasionado en la diligencia de emplazamiento. Inconforme con la anterior determinación, el aquí promovente interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido por la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur, quien el dieciséis de enero del año en curso, resolvió confirmar la interlocutoria dictada el veintiséis de septiembre del año pasado, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; -el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio-. De lo anterior, se aprecia que el impetrante pretende deducir la acción constitucional contra una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad civil, emitida en segunda instancia, cuya ejecución no es de imposible reparación ni resulta violatoria de un derecho sustancial, ya que versa sobre el desechamiento de un incidente de nulidad de actuaciones, dentro del juicio, por lo que resulta patente que se trata de una actuación intraprocesal, que se encuentra prevista como violación al procedimiento en el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Derechos que per se, no son susceptibles de ser examinados en el juicio de amparo indirecto, tomando en cuenta, como se dijo, que este medio de control convencional y constitucional es excepcional, y su procedencia no depende de la violación de derechos procesales si éstos no se encuentran vinculados con derechos sustantivos cuya ejecución, además, sea irreparable. Al respecto, es oportuno citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.LVIII/2004, página 10, Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." También apoya lo anterior, la diversa jurisprudencia IX.1o. J/10, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, de rubro siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 170 fracción I, y 172, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con relación a los actos reclamados consistentes en la resolución de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil número ********************-C, mediante la cual confirma el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, así como el cumplimiento que pretenden darle a la resolución reclamada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************en esta ciudad, y únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados José Ricardo Hernández Vázquez y Álvaro Camacho Flores, por así haberlo solicitado. SI Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico ********************. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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