Arely Guadalupe Torres Ortíz
Expediente 434/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Arely Guadalupe Torres Ortíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa allegó documentos originales al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, en acatamiento a lo que dispone el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se previene a dicha parte procesal para que acuda a este juzgado, dentro del plazo de noventa días naturales a recoger dichas constancias, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas al realizarse la desincorporación del expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto dictado por este juzgado el veintidós de junio de dos mil veintidós, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público adscrita, la parte quejosa y tercera interesada fueron notificados el veintidós y veintisiete siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veinticuatro de los citados mes y año al doce de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que, como se indicó, se decretó el sobreseimiento en el juicio.
- Principal
De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio 756/2022 signado por el Pleno de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado y ofrece pruebas documentales. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. En efecto, la quejosa Arely Guadalupe Torres Ortiz, reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA (ACTO RECLAMADO): Se reclama la paralización total o dilación excesiva del juicio laboral número JE4-01-50/2021 por parte de la responsable, toda vez que han transcurrido más de 45 días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo establecido por el numeral 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, sin que la autoridad laboral haya emitido auto pronunciándose respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral mencionado." De las constancias remitidas en copia certificada por el Pleno de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, del expediente JE4-01-50/2021, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que dicha autoridad en auto quince de junio del año en curso, se pronunció en torno a las pruebas ofrecidas por las partes, y desechó (1) la ratificación de escritura y firmas al igual que (2) la pericial en grafoscopía, ambas sobre el documento denominado acción disciplinaria al igual que (3) el cotejo o compulsa del contrato individual de trabajo de seis de junio de dos mil diecinueve. Y admitió las siguientes: (1) instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, (2) documentales, (3) confesional a cargo de Inmoci, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ernesto Ursus Rojo, Martha Saucedo, María Candelaria Carrillo, Arely Guadalupe Torres Ortiz, Eduardo Rodríguez Patrón, Javier Figueroa Juárez y Rubén Bravo Castellanos, (4) testimoniales a cargo de Ana Xaviera Muñoz Sánchez, Lorena Morales Montes, Karla Patricia Sarabia Ortega, Eduardo Rodríguez Patrón, Javier Figueroa Juárez y Rubén Bravo Castellanos (5) pruebas documentales en vía de informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Salud Digna, asociación civil e (6) inspección ocular. Asimismo, fijó fecha y hora para desahogar los medios de convicción que requieren de preparación, lo que hizo del conocimiento del licenciado Joel González González, apoderado legal de la quejosa Arely Guadalupe Torres Ortiz, de manera personal el veinte de junio del año en curso. De ahí que sea patente que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado. Para arribara la citada conclusión, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado no es factible examinarlo en cuando ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese contexto, la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ya fue procesalmente superada. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro:
- Principal
PARA CONOCIMIENTO DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se recibe el oficio 756/2022 signado por el Pleno de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado y ofrece pruebas documentales. Ahora bien, del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado. En efecto, la quejosa Arely Guadalupe Torres Ortiz, reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA (ACTO RECLAMADO): Se reclama la paralización total o dilación excesiva del juicio laboral número JE4-01-50/2021 por parte de la responsable, toda vez que han transcurrido más de 45 días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo establecido por el numeral 880, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, sin que la autoridad laboral haya emitido auto pronunciándose respecto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral mencionado." De las constancias remitidas en copia certificada por el Pleno de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, del expediente JE4-01-50/2021, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que dicha autoridad en auto quince de junio del año en curso, se pronunció en torno a las pruebas ofrecidas por las partes, y desechó (1) la ratificación de escritura y firmas al igual que (2) la pericial en grafoscopía, ambas sobre el documento denominado acción disciplinaria al igual que (3) el cotejo o compulsa del contrato individual de trabajo de seis de junio de dos mil diecinueve. Y admitió las siguientes: (1) instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, (2) documentales, (3) confesional a cargo de Inmoci, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ernesto Ursus Rojo, Martha Saucedo, María Candelaria Carrillo, Arely Guadalupe Torres Ortiz, Eduardo Rodríguez Patrón, Javier Figueroa Juárez y Rubén Bravo Castellanos, (4) testimoniales a cargo de Ana Xaviera Muñoz Sánchez, Lorena Morales Montes, Karla Patricia Sarabia Ortega, Eduardo Rodríguez Patrón, Javier Figueroa Juárez y Rubén Bravo Castellanos (5) pruebas documentales en vía de informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y Salud Digna, asociación civil e (6) inspección ocular. Asimismo, fijó fecha y hora para desahogar los medios de convicción que requieren de preparación, lo que hizo del conocimiento del licenciado Joel González González, apoderado legal de la quejosa Arely Guadalupe Torres Ortiz, de manera personal el veinte de junio del año en curso. De ahí que sea patente que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado. Para arribara la citada conclusión, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado no es factible examinarlo en cuando ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. En ese contexto, la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ya fue procesalmente superada. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro:
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