Ariana Ligia Cruz Pelaez

Expediente 1518/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1518/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Ariana Ligia Cruz Pelaez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ, el auto y/o resolución de VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Quejosa subsana prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa *******, en atención a la prevención realizada en auto de veintidós de noviembre del presente año; manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Por tanto, en atención a dichas manifestaciones y tomando en consideración que a la fecha en que se actúa no se ha admitido el presente asunto, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto a dicha autoridad y al acto que se le atribuyó, no pasa desapercibida que la promoción de cuenta se encuentra a nombre y firmada por "*********"; no obstante dicha circunstancia se estima un mero error mecanográfico. Atento a lo anterior, se está en condiciones de proveer en relación a la demanda intentada; en consecuencia, provéase lo conducente. Radicación de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1518/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que la parte quejosa promueve juicio de amparo en contra de la autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado. La negativa de admitir el recurso de apelación dentro de la controversia familiar, *******. En ese sentido el acto reclamado por Ariana Ligia Cruz Peláez, por propio derecho, al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, consistente en la negativa de admitir el recurso de apelación dentro de la controversia familiar, ***, se estima que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Luego entonces, se advierte con claridad que los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y la ley ordinaria tiene previsto un medio de defensa idóneo. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consiste el acto reclamado y qué recurso o medio de impugnación por el cual puede ser anulado, modificado o revocado. En el caso en concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, reclama el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en donde la responsable le fue negada la admisión del recurso de apelación interpuesto, dentro del incidente de cambio de guardia y custodia, en la controversia familiar, ******. En ese orden de ideas, el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, vigente, establece la procedencia de diversos medios de impugnación para atacar las determinaciones emitidas en primera instancia, como a continuación se transcribe: "ARTÍCULO 556.- DE LOS RECURSOS LEGALES. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación y reposición; II. Apelación, y III. Queja." Por su parte, la ley procesal en cita estatuye en su dispositivo 590, la procedencia del recurso de queja contra el juez de primera instancia: "ARTÍCULO 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; Contra la denegación de la apelación; Por exceso, o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, Derogada En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." De ahí que, es inconcuso que el recurso de queja es el procedente, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar válidamente el auto que reclama en esta vía, ante autoridad de jurisdicción ordinaria. En razón de lo anterior, resulta obvio que la parte peticionaria de amparo debió hacer valer el medio de impugnación correspondiente antes de acudir a esta instancia constitucional. Sirve de sustento a lo antes manifestado, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así las cosas, es contundente que la promovente debe agotar el recurso previsto en la legislación secundaria, antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones al procedimiento y así obtener la revocación o nulificación del acto impugnado. Así, en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, por sí una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso, pues en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en donde la responsable desechó el recurso de apelación interpuesto, dentro del incidente de cambio de guardia y custodia, en la controversia familiar, ******., procede el recurso de queja, como ya se analizó. Asimismo, se estima que el hecho que dentro del controvertido de origen, se encuentran vinculados intereses de menores, tampoco actualiza una causa de excepción al principio de defintividad en el presente asunto; lo anterior, en virtud que el acto reclamado lo es el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en donde la responsable le fue negada el recurso de apelación interpuesto, dentro del incidente de cambio de guardia y custodia, en la controversia familiar, ********., Lo anterior, revela que el auto inicialmente combatido no genera alguna vulneración directa a los derechos de los infantes, pues como tal, solamente tiene como efecto el desechamiento de un medio de impugnación dentro del procedimiento familiar de origen. En el caso que se estima que ante dicha imposibilidad de impugnar, se pudiera ejecutar la diligencia de cambio de guardia y custodia, lo cierto es que aquella no trae aparejada alguna afectación de los derechos de los menores, pues en aquella se escucharan las razones de los menores para efecto de ser tomadas en consideración al momento de resolver la controversia familiar de origen. Al respecto, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Máxime que en el caso, la presente instancia se promovió por Ariana Ligia Cruz Peláez, únicamente por propio derecho y no en representación de los menores involucrados en la controversia de origen. De ahí que, al no haber cumplido con el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ariana Ligia Cruz Peláez,, en términos del numeral 113 de la legislación en cita, máxime que el acto combatido no encuadra en ninguna de las excepciones que se establecen por la fracción normativa que contempla la causal de improcedencia de que se trata. Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 94, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se leen: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Quejosa subsana prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa *******, en atención a la prevención realizada en auto de veintidós de noviembre del presente año; manifiesta que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Por tanto, en atención a dichas manifestaciones y tomando en consideración que a la fecha en que se actúa no se ha admitido el presente asunto, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto a dicha autoridad y al acto que se le atribuyó, no pasa desapercibida que la promoción de cuenta se encuentra a nombre y firmada por "*********"; no obstante dicha circunstancia se estima un mero error mecanográfico. Atento a lo anterior, se está en condiciones de proveer en relación a la demanda intentada; en consecuencia, provéase lo conducente. Radicación de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1518/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que la parte quejosa promueve juicio de amparo en contra de la autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión del acto reclamado. La negativa de admitir el recurso de apelación dentro de la controversia familiar, *******. En ese sentido el acto reclamado por Ariana Ligia Cruz Peláez, por propio derecho, al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, consistente en la negativa de admitir el recurso de apelación dentro de la controversia familiar, ***, se estima que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Luego entonces, se advierte con claridad que los actos reclamados provienen de una autoridad judicial, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues, en el caso, fue emitido por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y la ley ordinaria tiene previsto un medio de defensa idóneo. Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consiste el acto reclamado y qué recurso o medio de impugnación por el cual puede ser anulado, modificado o revocado. En el caso en concreto, tenemos que la parte peticionaria de amparo, en esencia, reclama el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en donde la responsable le fue negada la admisión del recurso de apelación interpuesto, dentro del incidente de cambio de guardia y custodia, en la controversia familiar, ******. En ese orden de ideas, el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, vigente, establece la procedencia de diversos medios de impugnación para atacar las determinaciones emitidas en primera instancia, como a continuación se transcribe: "ARTÍCULO 556.- DE LOS RECURSOS LEGALES. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación y reposición; II. Apelación, y III. Queja." Por su parte, la ley procesal en cita estatuye en su dispositivo 590, la procedencia del recurso de queja contra el juez de primera instancia: "ARTÍCULO 590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; Contra la denegación de la apelación; Por exceso, o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, Derogada En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." De ahí que, es inconcuso que el recurso de queja es el procedente, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar válidamente el auto que reclama en esta vía, ante autoridad de jurisdicción ordinaria. En razón de lo anterior, resulta obvio que la parte peticionaria de amparo debió hacer valer el medio de impugnación correspondiente antes de acudir a esta instancia constitucional. Sirve de sustento a lo antes manifestado, el criterio jurisprudencial I.6o.C.J/37, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2002, tomo XV, página 902, cuyo rubro estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así las cosas, es contundente que la promovente debe agotar el recurso previsto en la legislación secundaria, antes aludido, a través del cual puede hace valer las violaciones al procedimiento y así obtener la revocación o nulificación del acto impugnado. Así, en los juicios que se traten de actos de imposible reparación no generan, por sí una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, como acontece en el caso, pues en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en donde la responsable desechó el recurso de apelación interpuesto, dentro del incidente de cambio de guardia y custodia, en la controversia familiar, ******., procede el recurso de queja, como ya se analizó. Asimismo, se estima que el hecho que dentro del controvertido de origen, se encuentran vinculados intereses de menores, tampoco actualiza una causa de excepción al principio de defintividad en el presente asunto; lo anterior, en virtud que el acto reclamado lo es el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en donde la responsable le fue negada el recurso de apelación interpuesto, dentro del incidente de cambio de guardia y custodia, en la controversia familiar, ********., Lo anterior, revela que el auto inicialmente combatido no genera alguna vulneración directa a los derechos de los infantes, pues como tal, solamente tiene como efecto el desechamiento de un medio de impugnación dentro del procedimiento familiar de origen. En el caso que se estima que ante dicha imposibilidad de impugnar, se pudiera ejecutar la diligencia de cambio de guardia y custodia, lo cierto es que aquella no trae aparejada alguna afectación de los derechos de los menores, pues en aquella se escucharan las razones de los menores para efecto de ser tomadas en consideración al momento de resolver la controversia familiar de origen. Al respecto, es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica y en lo que interesa, la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10a) Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta diciembre de 2013, tomo I, libro 1, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Máxime que en el caso, la presente instancia se promovió por Ariana Ligia Cruz Peláez, únicamente por propio derecho y no en representación de los menores involucrados en la controversia de origen. De ahí que, al no haber cumplido con el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ariana Ligia Cruz Peláez,, en términos del numeral 113 de la legislación en cita, máxime que el acto combatido no encuadra en ninguna de las excepciones que se establecen por la fracción normativa que contempla la causal de improcedencia de que se trata. Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 94, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se leen: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Parte quejosa pretende subsanar prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ******, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada en proveído de diez de noviembre del año en curso. No se tiene por desahogada la prevención formulada en autos. Ahora bien, no ha lugar a tener por satisfecha la prevención de mérito, toda vez que la ocursante insiste en señalar como acto reclamado al actuario del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos "el posible cumplimiento a un mandato judicial, ordenado por su superior jerárquico, hasta en tanto no se resuelva la litis constitucional en el juicio de garantías que se actúa" (sic), lo cual resulta impreciso y ambiguo, y por tanto no resulta procedente tener por satisfecha la prevención ordenada en autos. En efecto, se reitera a la promovente del amparo que por acuerdo de diez de noviembre del año en curso, se previno la demanda de amparo en los siguientes términos: "(.) Único: Precise el acto reclamado al Actuario adscrito a la Primera Secretaria del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia adscrito al Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior, en atención a que si bien, refiere reclamar "La posible ejecución de un mandamiento judicial ordenado por su superior jerárquico en perjuicio de los menores de iniciales T.V.S.C y M.S.C, dentro del expediente de controversia familiar 416/2020-1", no obstante, de la lectura de la demanda que nos ocupa se advierte que al titular del órgano jurisdiccional señalado como responsable se le reclama el desechamiento del recurso de apelación hecho valer en contra del desahogo de una diligencia de escucha de menor. De ahí que la resolución inicialmente reclamada no tenga efectos y consecuencias materiales por ejecutar como se pretende hacer valer, sino que únicamente tiene efectos declarativos relativos a la procedencia o improcedencia de un medio de impugnación hecho valer dentro de la controversia familiar de origen. Razón por la cual, se estima procedente que la parte quejosa desahogue la presente prevención a fin de poder fijar correctamente el acto reclamado en esta instancia constitucional. (.)" De la anterior trascripción se advierte que el motivo de la prevención efectuada en autos radicó en establecer el acto de ejecución que la peticionaria de amparo pretendía reprochar al citado fedatario público, en atención a que el acto reclamado a la autoridad ordenadora, como se dijo, carecía de ejecución material y por tanto resultara necesario estableciera el mandamiento judicial que ejecutaría el actuario señalado como responsable para determinar la procedencia del juicio de amparo que nos ocupa. Ahora bien, de las manifestaciones que vierte la promovente del amparo refiere que la petición tiene su procedencia en actos materiales que no constan en el sumario natural, pues refiere que el aludido fedatario público se constituyó en su domicilio para intentar notificarla el pasado veintiuno de octubre de dos mil veintidós, lo cual estima contrario a derecho. Bajo ese sentido, a efecto de que la parte quejosa pueda dar cumplimiento a la prevención formulada en autos que consiste en precisar el acto que reclama del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se le requiere para que precise si lo que reclama de la citada autoridad es: La ejecución de un acuerdo o resolución dictada en autos del controvertido de origen, para lo cual deberá precisar a que determinación se refiere; o bien, La notificación que la parte quejosa refiere que el citado fedatario pretendió efectuar el veintiuno de octubre del año en curso. Subsiste la prevención. Ante tal circunstancia, dígase a la promovente que subsiste la prevención formulada, así como el apercibimiento efectuado; indicándole que el plazo otorgado para tal efecto, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en la inteligencia de que cuenta con dos días hábiles, para que dé respuesta a la prevención antes aludida. Sirve de sustento a lo antes manifestado, la tesis 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Así como lo establecido en el criterio III.2o.A.38 K, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, tomo XXI, abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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