Argeo Cortes Flores
Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Argeo Cortes Flores
Actuaciones
- Principal
MESA VII ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio, con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, e informa que admitió dicho medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número ...de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la boleta de turno de cuenta, proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con la que informa que el presente asunto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para que se avoque al conocimiento del recurso interpuesto. De lo que se toma nota para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. SE INTERPONE QUEJA Visto el escrito firmado por el promovente del amparo ..., atento a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el auto de desechamiento de ocho de septiembre del año en curso, de este índice. SE RINDE INFORME En consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en Turno, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para su substanciación, manifestándole que es cierta la determinación impugnada. SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, de conformidad con el artículo 26 y 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal de alzada tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII !... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSA ARGEO CORTES FLORES, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2.- CAMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3.- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 4.- SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 5.- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 6.- DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 7.- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 8.- SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN EL ESTADO DE OAXACA. ACTOS RECLAMADOS Del Congrego de la Unión (Cámara de Senadores y Diputados), reclama: -La discusión, aprobación y expedición del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, específicamente el 51 párrafo segundo. Del Presidente de la Republica, reclama: a) La promulgación y orden de publicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, específicamente el 51 párrafo segundo. b) La expedición y promulgación del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, específicamente el artículo 12 párrafo segundo. Del Secretario de Gobernación, reclama: -El refrendo que otorgó a la ley que reclamó como inconstitucional y que contiene la porción normativa de que me duelo. Del Secretario de Hacienda, reclama: -Su participación en la expedición del artículo 12, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación. Del Director del Diario Oficial de la Federación, reclama: -La publicación en dicho órgano de difusión del Decreto publicado el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente hasta el treinta y uno de maro de dos mil siete, así como el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve. Del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, reclama: La aplicación a su perjuicio, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve, específicamente de la normativa que tildo de inconstitucional. Del subdelegado de Prestaciones Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, reclama: La aplicación del artículo 51 SEGUNDO PARRAFO del Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, contenida en la LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA número de documento 2023LPDT0015888. B) La aplicación del artículo 12, párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, contenida en la LIQUIDACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA número de documento ... C) Con base en los fundamentos legales descritos el acto concreto se aplicaron esos preceptos legales a mi pensión de viudez en el documento liquidación de pago, como hecho notorio la DEDUCCIÓN en la INCORPORACIÓN DE PAGO PREVIA INCORPORACIÓN A NÓMINA de su pensión de viudez, bajo el concepto 48: C... DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 123 Constitucionales. DESECHAMIENTO En efecto, se advierte que en el caso, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE AMPARO, consistente en que la parte promovente no agotó el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA por lo que debe DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO. El numeral citado, en lo conducente establece: [...] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." [...] El cuerpo normativo transcrito regula el principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos contra los cuales procede el amparo, siempre y cuando no sean reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, con el que el afectado pueda obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales -a través del recurso ordinario-, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Principio que responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Lo cual significa que, si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente; entre otros, cuando se reclama la constitucionalidad de leyes; se proponen en exclusiva, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. En el caso, como ya se dijo el acto que en esencia se reclama consiste en la aplicación del artículo 51 segundo párrafo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide dicha ley, para negarle la compatibilidad de la pensión por viudez (concepto 48), por la muerte de la pensionada Remedios Reyes Ríos. Sin embargo, resulta patente, que previamente a instar el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el MEDIO ORDINARIO de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el JUICIO DE NULIDAD en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y del artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyos lineamientos para la procedencia de la suspensión del acto se encuentra previsto en el diverso numeral 28, de la última legislación en cita; preceptos legales que establecen lo siguiente: [...] LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "Artículo 2.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". [...] De la transcripción que antecede se desprende que el juicio contencioso administrativo federal procede ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra asuntos que se determinen en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, con la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos de la resolución combatida, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, ya que la ley que lo rige prevé esa medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva de los actos impugnados, ni contempla un plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar provisional; de ahí que, se considera improcedente el juicio de amparo que se intenta. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Igualmente, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." Sin que de la demanda de amparo, se advierta que el quejoso se ubique en alguna excepción al principio de definitividad -en materia administrativa-. Es así, pues si bien se puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; pero ello solo acontece, cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna; como sucede en el caso. Por lo que en el caso en concreto, no opera excepción del referido principio de definitividad; y es factible para el quejoso obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, en el que al interponerlo, puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de que la responsable deje de efectuar los descuentos aplicados a su pensión y proceda a realizar la devolución de cada una de las cantidades que ha dejado de percibir por la aplicación del concepto 48 (compatibilidad de pensión) relativo a su pensión por viudez por muerte de la pensionada Remedios Reyes Ríos; correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el acto reclamado, porque de todas maneras al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido podría quedar sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Tampoco es obstáculo que el acto reclamado se fundamente en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues se estima que tales cuestiones son exclusivamente de legalidad, que atienden a demostrar vicios propios del acto de autoridad, cuyo análisis corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 212/2021, estableció que: el hecho de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte, no actualiza, por sí mismo, alguna de las excepciones al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, en comento; en lo conducente, sostuvo: [...] "42. I. El hecho de que el asunto se relacione o no con una violación directa a la Constitución y, por ende, se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión que resulta enteramente independiente a si existe o no jurisprudencia al respecto -ésta, en todo caso, determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo -; 43. II. La circunstancia de que ciertas normas generales hayan sido declaradas inconstitucionales, jurisprudencialmente, no implica que hayan perdido su validez jurídica; y, 44. III. Finalmente, la excepción al principio de definitividad consistente en que el acto carezca de fundamentación tiene una connotación específica de indeterminación o situación de indefensión para la persona, cuestión que en forma alguna acontece cuando el acto sí está fundamentado, pero alguna de las normas invocadas ha sido considerada inconstitucional jurisprudencialmente -pues en esta hipótesis, el gobernado sí se encuentra en aptitud de determinar si existe algún medio de defensa ordinario que pueda promoverse en su contra, al conocer la norma en que se sustenta el acto de autoridad-. 45. I. La existencia de una violación directa a la Constitución acontece con o sin jurisprudencia. Como se ha señalado, una primera razón por la cual el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito consideró que se actualiza una excepción al principio de definitividad, cuando alguna de las normas aplicadas en el acto reclamado fue declarada inconstitucional por jurisprudencia de esta Corte, radica en el hecho de que esa circunstancia se traduce en "una violación directa a la Constitución, en específico, al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Carta Magna". [...] Consideraciones anteriores que dieron origen la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, materia común, registro digital 2024511, fuente: Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte." En tales condiciones, el hecho de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte, no actualiza, por sí mismo, alguna de las excepciones al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; habida cuenta, que la función jurisprudencial en este contexto, no atiende a expulsar del sistema jurídico alguna norma general por resultar contraria a la Constitución, sino únicamente se concreta a asegurar que los tribunales se apeguen al criterio constitucional fijado por la Suprema Corte, al momento de resolver algún caso donde se controvierta la misma norma general. Con base en todo lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el quejoso se encuentra obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 103/2011, sustentada por la Primera Sala publicada en la página 754, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES." En virtud de la actualización de la aludida causal de improcedencia analizada; por lo que hace a la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, se imposibilita a este juzgador abordar su análisis, ya que al ser improcedente el acto de aplicación impugnado, resulta innecesario analizar la constitucionalidad de tales preceptos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, deducida del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, página 235, con registro digital 191311, de rubro y contenido siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizados con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Avisai Iván Martínez Vázquez, Cesar López Ramos, Miguel Ángel Ramírez Salazar, Flavio Rodríguez Sangines, Norma Patricia Herrera Martínez y Nelly Quiroz Tecpanecatl, toda vez que su cédula está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para imponerse de los autos, a las restantes personas que menciona. ALTA DE USUARIO Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30 fracciones I y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza que las notificaciones relativas a este expediente se practiquen al promovente por la vía electrónica con el nombre de usuario "Avisai85ivan", así como la consulta del expediente electrónico; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con el gistro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA.
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