Ariel Gonzalez Castro
Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ariel Gonzalez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se declaró ejecutoriada la resolución de amparo ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que en parte se concedió y negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente se ordena devolver al Juez de Control del Circuito Judicial de la Cañada con sede en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, los dos disco DVD certificados que contienen el audio y video de la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós en la causa penal de origen y el archivo en formato PDF de la transcripción del referido auto de vinculación a proceso; solicítese acuse de recibo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama las resoluciones de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la causa penal 2/2022, en las que se vinculó a proceso al quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley califica como delito de violación agravada, cometido en agravio de Guadalupe Cruz Ramiro; y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva de oficio. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. SON CIERTOS los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, consistente en un disco versátil en formato DVD, que contiene la transcripción en formato PDF del auto de vinculación a proceso reclamado; así como los registros de audio y video de la audiencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, llevada a cabo en la causa penal 2/2022. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. .... CUARTO. Antecedentes. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: ... ... (...) Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: . SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en sus escritos de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: ... SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del imputado; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si le resulta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Sobre la base anterior, RESULTAN INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, expresados por la parte quejosa, sin que exista queja deficiente por suplir. . Por lo tanto, contrario a lo que afirma, no desarrolló su relato de manera detallada, pues omitió precisar, momento a momento, lo que aconteció en la fecha y hora que la víctima dijo se verificó la agresión sexual cuya comisión atribuye al quejoso. También resulta infundado lo que señaló en su motivo de disenso 3, dado que si bien, como lo indica, el dictamen médico de integridad física, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas emitido por la perito de la Fiscalía, apoya su declaración; esto es únicamente en lo que señala en el concepto de violacón en análisis, es decir, en relación a la infección que presentaba la víctima y que diagnosticó el médico en la cita a la que acudieron el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno en Tehuacán; lo que en forma alguna desvirtúa la narrativa de la pasivo en torno a la agresión sexual que se le imputa. Son infundados los conceptos de vioación 5, ., que planteó para establecer que las pruebas aportadas por la representación social, corroboraron su dicho. Lo anterior, porque los datos de prueba que aportó su defensa, en forma alguna logran desvirtuar los hechos acreditados, en grado de probabilidad, por la Fiscalía; y por ende, tampoco demostrar su teoría del caso, la cual planteó en el sentido de que los hechos no acontecieron como los narró la víctima. . Es infundado el concepto de violación 23, mediante el cual el quejoso refiere que fue incorrecto le impusiera la Juez una carga probatoria indebida y desproporcionada, al señalar que como había sido vinculado a proceso por el delito de violación a gravada, nada garantizaba que pudiera presentarse a las posteriores audiencias; y con base en ello decretara en su contra la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Ello se considera así, pues los artículos 154, fracción II y 159, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: ".... El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal . En la especie, la representación social solicitó al Juez de Control impusiera al imputado prisión preventiva de manera oficiosa, en atención a que el delito por el que fue vinculado a proceso permitía que se impusiera de esa forma. Para imponer la medida cautelar, la Juez consideró que, tanto la representación social y la defensa, expusieron argumentos que no sustentaron con dato de prueba alguno, por lo que no estaba en condiciones de ir más allá de un alcance probatorio que las partes técnicas incorporaran en audiencia. Y que con la comparecencia ante el Juzgado de Control, derivado de los citatorios que se le han formulado, no podía garantizar, desde ese momento, que se presentaría durante el resto del proceso de manera voluntaria, sabedor de su situación jurídica. Circunstancia que si bien no se advierte justificada con base en los preceptos invocados, en nada modifica el hecho de que, existe disposición expresa en la Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que procede la imposición oficiosa de la prisión preventiva como medida cautelar, entre otros supuestos, al haber sido dictado auto de vinculación a proceso por el delito de violación, como en la especie aconteció. En efecto, el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal dispone que por los ilícitos ahí mencionados -como el de violencia sexual contra menores y violación- amerita que el juez de oficio imponga la medida cautelar de prisión preventiva, lo que se debe a que el Constituyente Permanente tuvo la intención de condicionar el derecho a la libertad en esas hipótesis; de manera que debe considerarse como una restricción expresa de rango constitucional. Lo anterior, se reiteró por el legislador federal al crear el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -en su párrafo tercero- establece que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de violación, entre otros. Esa restricción constitucional, encuentra plena justificación en la medida en que en el sistema jurídico penal de nuestro país, la prisión preventiva tiene un carácter excepcional, cuya finalidad es el garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que, si fue expresa la intención del Constituyente Permanente de limitar la libertad de los imputados a los que se les atribuye un hecho con apariencia de alguno de los delitos que contempla el numeral 19, segundo párrafo, de la Constitución, como lo son el de violación, tal cuestión es una restricción de rango constitucional que debe ser acatada. Así, el Constituyente Permanente brindó las justificaciones para restringir la libertad a quienes se les imputa un hecho con apariencia de delito de los contemplados en el numeral, segundo párrafo del Pacto Federal, que pretende garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando éste sea procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa no sea acumulable o conexa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo anterior, resulta constitucional y legal la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al imputado por el juez de control en la audiencia inicial veintiocho de febrero de dos mil veintidós, al estar justificada su imposición, de conformidad con el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal y con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1,...contra actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de la Cañada con sede en Cuicatlán, Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de la Cañada con sede en Cuicatlán, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y personalmente a las demás partes.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con un minuto del tres de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 263/2022 y acumulado 302/2022, promovido por ARIEL GONZÁLEZ CASTRO, por tal motivo en audiencia pública RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de JOSÉ ERNESTO SALINAS PÉREZ, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 7/2022 del aludido pleno. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto continuo, el secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, se hace relación de las constancias de autos. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que hace el secretario y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. PERIODO DE PRUEBAS Y ALEGATOS Abierto el periodo probatorio, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de la Cañada con sede en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, ofreció un disco DVD certificado, el cual contiene: El registro de audio y video de la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, realizada dentro de la causa penal 2/2022, en la que la Juez de Control del Circuito Judicial de la Cañada con sede en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley califica como delito de violación agravada, cometido en agravio de Guadalupe Cruz Ramiro; misma en la cual se impuso al quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Y el archivo en formato PDF de la transcripción del referido auto de vinculación a proceso. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofrecidas por la autoridad judicial responsable. Como no existen diversas pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. PERIODO DE ALEGATOS Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar y certifica que sólo la Agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General de Control Regional los formuló. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza la referida representación social; y al no existir cuestión pendiente por acordar, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA JOSÉ ERNESTO SALINAS PÉREZ SECRETARIO
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