Arael Jonatan Ramos Santiago

Expediente 518/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
518/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Arael Jonatan Ramos Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, al impugnarse una determinación de una autoridad ministerial residente en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en el acuerdo de diecisiete de septiembre de veinte, en que le negó el acceso a la carpeta de investigación , la obtención de copias, registro o reproducción fotográfica de los datos de prueba en dicha carpeta de investigación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 20. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]" Del precepto constitucional se advierte que consagra como derecho del imputado, el acceso a todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Al efecto, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. En congruencia con lo anterior, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan en términos similares al postulado constitucional, los supuestos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a tal información; siendo los siguientes: Cuando el imputado se encuentre detenido; Cuando sea citado para comparecer como imputado; sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y Una vez que hayan sido convocados a la audiencia inicial. Previsiones de la ley fundamental que tienen la finalidad de resguardar el principio de reserva que rige toda investigación ministerial. Y es que de no ser así y permitir que cualquier persona pueda tener acceso pleno a ella, sin tener el carácter de imputado o de víctima u ofendido, podría poner en riesgo su éxito, con la consecuente afectación general que se ocasionaría a la sociedad de que el sistema de procuración de justicia no fuera efectivo. Por tanto, el que se niegue a una persona el acceso a una carpeta de investigación sin tener el carácter de imputado, víctima u ofendido, con base en tales preceptos, no le ocasiona a aquella, ninguna afectación jurídica. Bajo esa directriz, del informe justificado que rindió la agente del Ministerio Público se desprende que el quejoso no encuadra en alguno de dichos supuestos, esto es, que se encuentre detenido; que se haya dictado en su contra un acto de molestia para que rinda su declaración o entrevista o, que haya sido convocado a su primera comparecencia ante el Juez de Control respectivo, en consecuencia, es correcto que dicha autoridad le negara el acceso a la indagatoria de origen. No es óbice a esa situación, que el quejoso alegue que cualquier afectación a sus derechos, requiere que se cumpla con el debido procedimiento legal en el cual se respete su derecho de defensa para ofrecer pruebas y formular alegatos, lo cual se restringe en el caso porque desconoce de qué se le acusa, quién o quiénes deponen en su contra, qué delito se le acusa y demás datos necesarios para su debida defensa; ya que al no encuadrar en alguno de los supuestos constitucionales y legales que permiten su acceso a la indagatoria, no se irroga, en este momento y condición, agravio alguno en su contra. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, materia Penal, página 994, con el rubro y contenido: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido.". Ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse la protección constitucional. QUNTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a .. por propio derecho, contra el acto que reclamó de la agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en la negativa de acceso a la carpeta de investigación . SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE DETERMINACION SE PUBLICA HASTA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, al impugnarse una determinación de una autoridad ministerial residente en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en el acuerdo de diecisiete de septiembre de veinte, en que le negó el acceso a la carpeta de investigación , la obtención de copias, registro o reproducción fotográfica de los datos de prueba en dicha carpeta de investigación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 20. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; [.]" Del precepto constitucional se advierte que consagra como derecho del imputado, el acceso a todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Al efecto, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. En congruencia con lo anterior, los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan en términos similares al postulado constitucional, los supuestos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a tal información; siendo los siguientes: Cuando el imputado se encuentre detenido; Cuando sea citado para comparecer como imputado; sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y Una vez que hayan sido convocados a la audiencia inicial. Previsiones de la ley fundamental que tienen la finalidad de resguardar el principio de reserva que rige toda investigación ministerial. Y es que de no ser así y permitir que cualquier persona pueda tener acceso pleno a ella, sin tener el carácter de imputado o de víctima u ofendido, podría poner en riesgo su éxito, con la consecuente afectación general que se ocasionaría a la sociedad de que el sistema de procuración de justicia no fuera efectivo. Por tanto, el que se niegue a una persona el acceso a una carpeta de investigación sin tener el carácter de imputado, víctima u ofendido, con base en tales preceptos, no le ocasiona a aquella, ninguna afectación jurídica. Bajo esa directriz, del informe justificado que rindió la agente del Ministerio Público se desprende que el quejoso no encuadra en alguno de dichos supuestos, esto es, que se encuentre detenido; que se haya dictado en su contra un acto de molestia para que rinda su declaración o entrevista o, que haya sido convocado a su primera comparecencia ante el Juez de Control respectivo, en consecuencia, es correcto que dicha autoridad le negara el acceso a la indagatoria de origen. No es óbice a esa situación, que el quejoso alegue que cualquier afectación a sus derechos, requiere que se cumpla con el debido procedimiento legal en el cual se respete su derecho de defensa para ofrecer pruebas y formular alegatos, lo cual se restringe en el caso porque desconoce de qué se le acusa, quién o quiénes deponen en su contra, qué delito se le acusa y demás datos necesarios para su debida defensa; ya que al no encuadrar en alguno de los supuestos constitucionales y legales que permiten su acceso a la indagatoria, no se irroga, en este momento y condición, agravio alguno en su contra. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, materia Penal, página 994, con el rubro y contenido: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido.". Ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse la protección constitucional. QUNTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a .. por propio derecho, contra el acto que reclamó de la agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en la negativa de acceso a la carpeta de investigación . SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. la presente resolucion se notifica a la parte quejosa, previo aviso, en terminos de la ley de amparo

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