Argentina Castellanos Martínez

Expediente 748/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
748/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Argentina Castellanos Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Escrito de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de la Fiscalía General del Estado Delegación Norte II, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto concreto que reclama la parte quejosa es la abstención u omisión de integrar y determinar o resolver la carpeta de investigación ***que se inició por el delito de despojo y abigeato, a pesar del tiempo transcurrido desde su inicio, así como la abstención u omisión de proponer el ejercicio de la acción penal en la referida carpeta de investigación. En esas condiciones, en el caso operan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del precepto antes mencionado en su fracción XX se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio legal de defensa, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los previsto en la Ley de Amparo, así como si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que del citado artículo y fracción se puede advertir uno de los principios rectores del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, esto es, el principio de definitividad, que consiste en que la parte que busca la protección constitucional, previo a accionar la misma, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, como lo prevé el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial con número de registro 2000300, se establece que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, por lo que establece en otras palabras, la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a acudir a la instancia de protección constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte promovente estime afecta su esfera jurídica. Establecido lo anterior, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el derecho que tiene la victima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación de los posibles hechos que la ley señale como delito, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien de los preceptos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que contra las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la victima u ofendido cuenta con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro del término previsto en el citado ordenamiento legal; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Tras la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se concluye que la parte quejosa puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de impugnación innominado que prevé el artículo 258 del Código nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo lo el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2017640. Por lo que es posible estimar tras el estudio realizado por este Juez de Distrito, que en el caso concreto toda omisión o inactividad por parte de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser necesariamente impugnada ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior es así, puesto que en el presente juicio de garantías quien comparece como parte quejosa es la víctima u ofendido de un delito, quien a diferencia del imputado, debe agotar obligatoriamente el principio de definitividad, mediante el medio de impugnación innominado en comento, sustenta el presente criterio la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito con número de registro 2021064. Ahora bien, la etapa de investigación inicial del procedimiento acusatorio y oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o césar en su curso, dado que por regla general dicha etapa está exenta del control constitucional mediante promoción de juicio de amparo, tanto en su inicio y trámite. Lo anterior, resulta de tal forma puesto que los actos verificados durante esta etapa, como lo es la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio en el gobernado, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule su imputación ante el Juez de Control, o bien estime el no ejercicio de la acción penal. Esto es así ya que considerar que los actos u omisiones del Ministerio Público, durante la substanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, obstaculizarían injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que la persona indiciada lo cometió o participó en su comisión. De lo antes narrado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I de la Constitución Federal; lo anterior, toda vez que el acto reclamado no le causa afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de sustento a lo anterior la tesis con número de registro 2012423 del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza Tales circunstancias motivan la actualización de las causales de improcedencia advertidas, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los preceptos invocados en el estudio hecho en los párrafos que anteceden. 3. Domicilio y autorizado para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como autorizado en término amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que acreditó contar con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. Asimismo, la parte quejosa señala el número telefónico ***, a fin de que les puedan ser realizadas las notificaciones respectivas, por esos medios. 4. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 5. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 6. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la propósito, previos trámites de ley. 7. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 8. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 9. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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