Ariana Denise García Bosque
Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ariana Denise García Bosque
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría en la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ...contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado Delegación Norte I, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 864/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhorto a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del citado Acuerdo General. 5. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. El dispositivo legal invocado impone la obligación de de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La tesis citada explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 5.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa Ariana Denise García del Bosque, es la omisión del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado Delegación Norte I, con sede en esta ciudad, de dar contestación, admisión y/o trámite a la denuncia penal presentada en contra de la Agente del Ministerio Público, Irma Nallely Anguiano Rangel, por ocultamiento, afectación o simulación de evidencia física, documento, elemento o medio de prueba. 6. Improcedencia de la demanda. En esas condiciones, en el caso operan la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción invocada del citado precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio legal de defensa, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los previsto en la Ley de Amparo, así como si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6.1 Definitividad. De lo anterior se puede advertir uno de los principios rectores del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, esto es, el principio de definitividad, que consiste en que la parte que busca la protección constitucional, previo a accionar la misma, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, como lo prevee el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial con número de registro 2000300, establece que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, por lo que establece en otras palabras, la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a acudir a la instancia de protección constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte promovente estime afecta su esfera jurídica. Establecido lo anterior, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el derecho que tiene la victima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación de los posibles hechos que la ley señale como delito, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien de los preceptos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que contra las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la victima u ofendido cuenta con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro del término previsto en el citado ordenamiento legal; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. De la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se concluye que la parte quejosa puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de impugnación innominado que prevé el artículo 258 del Código nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo lo el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2017640. Por lo que es posible estimar tras el estudio realizado por este Juez de Distrito, que en el caso concreto toda omisión o inactividad por parte de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser necesariamente impugnada ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, debido a que en este juicio de amparo quien comparece como parte quejosa es la víctima u ofendido de un delito reclamando esencialmente la omisión del Agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación relativa a la denuncia interpuesta, quien a diferencia del imputado, debe agotar obligatoriamente el principio de definitividad, mediante el medio de impugnación innominado en comento, tal y como se acotó en la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas circunstancias motivan la actualización de la causal de improcedencia advertida. 7. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los preceptos invocados en el estudio hecho en los párrafos que anteceden. 8. Domicilio y autorizados para notificaciones. La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 201 poniente, de la colonia Saltillo 2000, en Saltillo, Coahuila. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal el proveído mencionado, así como las subsecuentes notificaciones en el presente juicio, inclusive las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, se tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados...por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, y en términos restringidos a Evelin Guadalupe Vásquez Silva, por no tener su cédula registrada... En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 8.2 Instrucción a Oficial Judicial A. Se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 13. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 14. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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