Arely Sarahi Espino Ibarra
Expediente 951/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Arely Sarahi Espino Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
I. Causa estado auto. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de veinticinco de enero del año en curso (fojas 114 a 119), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante acuerdo de diecisiete de enero del año en curso (foja 110), se tuvo por recibido el oficio 002/2018, signado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, del que se desprende que dentro de la carpeta de investigación número 01748/ACU/UIACU/2017, a las tres horas del catorce de noviembre del año pasado, la aquí quejosa ***, fue puesta a disposición de dicha agencia del Ministerio Público, por parte de los elementos de la Policía de Investigación Criminal de esa ciudad, por haberla encontrado en flagrancia de un hecho que la ley considera como el delito de resistencia de particulares; motivo por el cual, se inició en contra de la referida quejosa; posteriormente, a las una hora con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año pasado, se ordenó su libertad (foja 107) . I. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. Mediante escrito presentado ante el Secretario de guardia adscrito a este Juzgado de Distrito, el catorce de noviembre del año pasado (fojas 1 y 2), ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables siguientes: Denominación: Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa I. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa II. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Agente Investigador del Ministerio Público Mesa III. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado, consistente en tortura, detención e incomunicación cometida en su perjuicio. Al respecto, mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 3 a 7), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 951/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte de la quejosa directa y se ordenó suspender de plano los actos reclamados. En esa tesitura, de la constancia de notificación de seis de noviembre del año en curso (foja 15), se advierte que la quejosa directa ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre; asimismo, el Actuario hizo constar que la referida quejosa manifestó que no fue objeto de maltratos, golpes, tortura, e incomunicación por parte de sus captores (foja 11). Por tanto, expuesto lo anterior, al haber externado la quejosa que no fue golpeada, ni torturada, se tiene únicamente como acto reclamado la detención de que fue objeto. II. Admisión. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 18 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. Informe. Ahora bien, del informe justificado que rindió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se desprende que a las tres horas del catorce de noviembre del año pasado, la quejosa ***, fue puesta a disposición por parte de los elementos de la Policía de Investigación Criminal de esa ciudad, por haberla encontrado en flagrancia de un hecho que la ley considera como el delito de resistencia de particulares; motivo por el cual, se inició en contra de la referida quejosa, la carpeta de investigación número 01748/ACU/UIACU/2017; posteriormente, a la una hora con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año pasado, se ordenó la libertad de la aquí quejosa (foja 107). Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende, actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "*** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la tortura, detención e incomunicación; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: **** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la quejosa ***, obtuvo su libertad a la una hora con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias (foja 107). Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. VI. Audiencia Constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 74).
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: Autoridad Responsable: Inspectora de la Primer Comandancia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Norte II. Ciudad Acuña. Coahuila de Zaragoza. En consecuencia, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar de notificar a la parte quejosa de forma personal para que se imponga del mismo, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia , no constriñe al Juzgado a realizarlo de esa manera. No se soslaya que la fracción k), del citado dispositivo legal, indica que queda a juicio del órgano jurisdiccional notificar de forma personal las resoluciones que lo ameriten; sin embargo, dado que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte, este Juzgador no lo considera necesario, pues la carga de imponerse de autos es del impetrante de amparo, quien debe de estar al pendiente del procedimiento e imponerse de los informes justificados que tiene a su disposición en el presente sumario.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 002/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de dieciocho de diciembre del año pasado (foja 74), y al efecto remite copia certificada de las constancias solicitadas. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la citada autoridad, la documental que anexó al oficio de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional.
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