Argelia Vázquez Gallegos

Expediente 1099/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1099/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Argelia Vázquez Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad contra el auto de dos de diciembre de dos mil veinte (que tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria); por tanto, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Vistos los autos, toda vez que ha transcurrido el término otorgado a la quejosa, con la vista relacionada respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, se procede al estudio relativo. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en sentencia dictada el veintiuno de enero de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa en los términos siguientes: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Argelia Vázquez Gallegos, contra el acto que reclama de la Jefa del Departamento de Control y Seguimiento del Pago dependiente de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, consistente en la falta de acuerdo a su petición contenida en escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho, para los efectos precisados en la parte final del penúltimo considerando de esta sentencia". Los efectos precisados en ese fallo consistieron en lo siguiente: Que la responsable Jefa del Departamento de Control y Seguimiento del Pago dependiente de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca: De inmediato diera respuesta congruente, completa, fundada y motivada a la petición de la quejosa, contenida en escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho, donde solicitó: 1.- Copia certificada de la impresión del TABULADOR REGIONAL correspondiente a su puesto y nivel, respecto de la plaza de: "COORDINADOR DE TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN T06803", por los conceptos de "07 SUELDOS COMPACTADOS", "A5 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS", "44 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE", "CT AYUDA DE TRASPORTE", "CC AYUDA POR SERVICIOS", "77 ASIGNACIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA" y "DR DIFERENCIAL REESCTRUCTURABLE" y "PROFESORA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TÉCNICA FORÁNEA E0463", por los conceptos "07 SUELDOS COMPACTOS", "39 MATERIAL DIDÁCTICO", "44 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE", "CT AYUDA DE TRANSPORTE", "E9 ASIGANCIÓN DOCENTE GENÉRICA", "Q5 ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA" y "SC ASIGNACIÓN POR SERVICIOS COCURRICULARES", percibidos de manera quincenal, en relación al año 2012, y 2.- Copia certificada del HISTORIAL DE COTIZACIONES, de la plaza y los conceptos referidos. Le notificara la respuesta en la forma que legalmente procediera. En auto de once de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia, requiriendo su cumplimiento. En acato al fallo protector, el delegado de la autoridad responsable Jefa del Departamento de Control y Seguimiento del Pago dependiente de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mediante oficio de doce de febrero de dos mil veinte, con número de registro 2339, remitió copia certificada del acuse de recibo del oficio DF-DCSP/199/2020, de fecha dieciséis de enero de dos mil veinte, del que se advierte dio contestación al escrito de la quejosa Argelia Vásquez Gallegos, presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho, en donde le hizo saber la imposibilidad para otorgarle la información y documentación solicitada, por carecer de facultades para expedir tabuladores regionales, así como historial de cotizaciones, ya que de acuerdo al marco normativo que rige las atribuciones de esa entidad paraestatal, no existe disposición que la faculte para almacenar la información y expedir la documentación requerida. Así también, hizo del conocimiento de la quejosa que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), conforme a su ley, el encargado de expedir el historial de cotizaciones solicitado; y que conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Secretaría de Administración le compete llevar y actualizar el registro y control de tabuladores salariales y todo tipo de remuneración aplicable a la administración pública. Oficio de respuesta que fue notificado a la promovente por conducto de su autorizada Zita Juárez Vargas, el cinco de febrero de dos mil veinte. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Argelia Vázquez Gallegos, contra actos de la Jefa del Departamento de Control y Seguimiento del Pago, dependiente de la Dirección Financiera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 1099/2019, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado en capitulo expreso la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional ($8,449.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 951 502-3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, cualquiera de las partes deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100, moneda nacional ($2,534.70), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola a que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DOCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonia Carrillo Quintero y solo para recibir notificaciones a las restantes personas que indica, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que Antonia Carrillo Quintero, se encuentra registrada en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, se ordena agregar al expediente electrónico el usuario "ACarrilloQ", para ese fin. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

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