Ariadna Natividad Sierra Vázquez

Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
384/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Ariadna Natividad Sierra Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia que le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. Por lo que, transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hacer constar que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la razón signada por el Actuario adscrito a este Juzgado, toda vez que informa que no le fue posible notificar la sentencia engrosada el trece de octubre del año en curso, al tercero interesado HIGINIO ÁLVARO SIERRA VÁSQUEZ, toda vez que no tiene designado domicilio para tal efecto en la Ciudad de Oaxaca; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha sentencia, así como las subsecuentes que surjan en este juicio de amparo, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto designe domicilio para ello. NOTIFÍQUESE. - - - En cumplimiento a lo ordenado notifico la sentencia que se enseguida se inserta:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 384/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ARIADNA NATIVIDAD SIERRA VÁZQUEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado ante el Secretario de guardia de este juzgado de Distrito el veintidós de julio de dos mil veinte, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en: el auto de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 901/2017, en la parte que no acuerda favorablemente su petición de dejar insubsistente la multa impuesta en diverso de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a la parte tercera interesada, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un asunto en materia administrativa que corresponde a la jurisdicción de este Tribunal. SEGUNDO. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación del mismo, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este juzgado de Distrito advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el magistrado responsable considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, al tratarse el acto reclamado de uno derivado de otro consentido. Es infundada la referida causa de improcedencia. En efecto, pues contrario a lo invocado por el magistrado responsable, de la lectura de la demanda de amparo y acto reclamado (auto de siete de febrero de dos mil veinte), se tiene que la quejosa se inconforma con la negativa de revocar la multa impuesta en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, con motivo de no haber exhibido la documentación requerida en diverso de trece de agosto del mismo año. Por lo que la causa generadora de la presente instancia constitucional, lo es la negativa para revocar la multa impuesta, no la multa en sí, de ahí que no se actualice la causa de improcedencia invocada. Al no existir diversa causa de improcedencia, se pasa al estudio del fondo del asunto. CUARTO. Los conceptos de violación formulados por la quejosa devienen infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79 fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo; para ello, conviene narrar en esencia los siguientes antecedentes del acto reclamado. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio agrario 901/2017, no se tuvo a la quejosa cumpliendo con el requerimiento formulado en diverso de trece de agosto del referido año, esto es, exhibiendo de forma completa los documentos que integran su contestación de demanda y reconvención con todos sus anexos, motivo por el cual se le requirió nuevamente, subsistiendo el apercibimiento con multa decretado en dicho auto; tal actuación le fue notificada por medio de lista el nueve de septiembre siguiente. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, y al no cumplir la quejosa con el referido requerimiento, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado (multa), requiriéndosele nuevamente para que exhibiera la documentación requerida; tal proveído le fue notificado mediante lista el uno de octubre de dos mil diecinueve. En auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, y en atención a las manifestaciones formuladas por la quejosa, el magistrado responsable requirió a la jefa de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, encargada del área de la Oficialía de Partes, aclarara las inconsistencias detectadas con el acuse de recibo exhibido por la quejosa respecto a la documentación requerida, y verificara hoja por hoja la documentación recibida, para corroborar si se presentó de forma completa. En cumplimiento a lo anterior, en acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la jefa de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo del Tribunal Unitario Agrario número 46, en Huajuapan de León, Oaxaca, informando que la documentación se entregó de forma incompleta, detallándose la faltante en ese informe; razón por la cual, el magistrado responsable requirió nuevamente a la quejosa para que los exhibiera; por cuanto a su petición de que se dejara insubsistente la multa impuesta, el magistrado responsable resolvió que no había lugar a acordar favorablemente, toda vez que no puede revocar sus propias determinaciones, aunado a que del referido informe se determinó que la documentación no se presentó de manera completa. Siendo éste el acto reclamado. Conforme a lo anterior, se tiene que la determinación emitida por el magistrado responsable es ajustada a derecho. En efecto, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, para que éstos no realicen sus funciones arbitrariamente, sino conforme lo indique la ley. Así, en el orden jurisdiccional, la materia procesal se rige por la máxima consistente en que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones, lo que atiende a que un principio de justicia y de orden social exige que los procedimientos llevados en juicio tengan firmeza y los derechos que por ellos se conceden a las partes, gocen de estabilidad. En ese sentido, todo juzgador, como conductor del proceso, debe velar porque éste se integre debidamente con la finalidad de emitir una sentencia válida. Para ello, se encuentra constreñido a verificar que las actuaciones procesales a su cargo, se emitan de manera congruente con lo solicitado y hacer efectivo el derecho a la jurisdicción contenido en el diverso artículo 17 de la Constitución Federal. Contrario a ello, existe la figura de la regularización procedimental, prevista en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la cual se da en caso de que la actuación correspondiente se haya emitido de manera incongruente, o bien, hubiera faltado algún pronunciamiento del órgano jurisdiccional que hiciera posible la prosecución del procedimiento. Conforme a lo anterior, se deduce que la figura de regularización procede cuando en el juicio se adviertan omisiones, es decir, actos negativos que por su naturaleza impliquen la abstención del juzgador de hacer o decir algo, necesario o conveniente para la substanciación del juicio; pero que no esté de por medio una determinación expresa del propio juzgador, pues de existir alguna resolución en ese sentido, en todo caso, quien se vea agraviado deberá agotar el medio de defensa -ordinario o extraordinario- conducente para obtener su modificación o revocación. En el caso, ni en la Ley Agraria ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta por disposición expresa de su numeral 167, existe disposición alguna que faculte al Tribunal Agrario a revocar sus propias determinaciones, ya que sólo en caso de que la actuación correspondiente se haya emitido de manera incongruente, o bien, hubiera faltado algún pronunciamiento que hiciera posible la prosecución del procedimiento, existe la figura de la regularización procedimental, ya descrita. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 558, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 205143, de contenido siguiente: "TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES. Se infringen las normas del procedimiento que rigen al juicio agrario, mismas que el Tribunal responsable está obligado a observar como lo ordena el artículo 164 de la Ley Agraria, cuando en la audiencia del juicio, habiéndose tenido por ciertas las manifestaciones hechas por los actores en su demanda ante la incomparecencia del demandado, el Tribunal responsable deja sin efecto aquella determinación mediante un proveído posterior, vulnerándose con ello en forma directa las garantías del debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, cuenta habida que las autoridades administrativas se encuentran imposibilitadas jurídicamente para revocar sus propias resoluciones cuando deciden una controversia, conforme al criterio jurisprudencial número 1630, publicado a fojas 2627, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCACION DE LAS". Asimismo, por su contenido, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 429, Tomo XIII, Marzo de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO, OMISIONES EN EL. LOS JUECES Y TRIBUNALES PUEDEN SUBSANARLAS, PERO NO DEJAR SIN EFECTO SUS DETERMINACIONES. (ARTICULO 155 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO). El artículo 155 del Código Civil Adjetivo de la entidad, permite a los jueces o tribunales subsanar las omisiones en que hayan incurrido durante el procedimiento pero no les faculta para dejar sin efecto sus propias determinaciones, con el argumento de que no están dictadas conforme a derecho". Conforme a lo expuesto, si el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, impuso multa a la hoy quejosa por no haber exhibido la documentación completa que le fue requerida, tal determinación no es susceptible de revocación por su parte, ya que no existe precepto alguno que lo faculte para ello, por ende, debe subsistir en sus términos. En ese orden, aún si existiera una deficiente fundamentación o motivación en el acto hoy impugnado (siete de febrero de dos mil veinte), a nada práctico llevaría la concesión del amparo, pues el sentido de la nueva determinación seguiría siendo el mismo, esto es, que no podría revocar su determinación emitida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio agrario 901/2017. En las relatadas consideraciones, y al resultar infundados los conceptos de violación planteados por ARIADNA NATIVIDAD SIERRA VÁZQUEZ, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79 fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección que de la Justicia Federal pide contra el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 901/2017. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ARIADNA NATIVIDAD SIERRA VÁZQUEZ, contra el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 901/2017, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 384/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ARIADNA NATIVIDAD SIERRA VÁZQUEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado ante el Secretario de guardia de este juzgado de Distrito el veintidós de julio de dos mil veinte, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en: el auto de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 901/2017, en la parte que no acuerda favorablemente su petición de dejar insubsistente la multa impuesta en diverso de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a la parte tercera interesada, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un asunto en materia administrativa que corresponde a la jurisdicción de este Tribunal. SEGUNDO. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación del mismo, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. TERCERO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este juzgado de Distrito advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el magistrado responsable considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, al tratarse el acto reclamado de uno derivado de otro consentido. Es infundada la referida causa de improcedencia. En efecto, pues contrario a lo invocado por el magistrado responsable, de la lectura de la demanda de amparo y acto reclamado (auto de siete de febrero de dos mil veinte), se tiene que la quejosa se inconforma con la negativa de revocar la multa impuesta en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, con motivo de no haber exhibido la documentación requerida en diverso de trece de agosto del mismo año. Por lo que la causa generadora de la presente instancia constitucional, lo es la negativa para revocar la multa impuesta, no la multa en sí, de ahí que no se actualice la causa de improcedencia invocada. Al no existir diversa causa de improcedencia, se pasa al estudio del fondo del asunto. CUARTO. Los conceptos de violación formulados por la quejosa devienen infundados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79 fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo; para ello, conviene narrar en esencia los siguientes antecedentes del acto reclamado. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio agrario 901/2017, no se tuvo a la quejosa cumpliendo con el requerimiento formulado en diverso de trece de agosto del referido año, esto es, exhibiendo de forma completa los documentos que integran su contestación de demanda y reconvención con todos sus anexos, motivo por el cual se le requirió nuevamente, subsistiendo el apercibimiento con multa decretado en dicho auto; tal actuación le fue notificada por medio de lista el nueve de septiembre siguiente. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, y al no cumplir la quejosa con el referido requerimiento, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado (multa), requiriéndosele nuevamente para que exhibiera la documentación requerida; tal proveído le fue notificado mediante lista el uno de octubre de dos mil diecinueve. En auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, y en atención a las manifestaciones formuladas por la quejosa, el magistrado responsable requirió a la jefa de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo, encargada del área de la Oficialía de Partes, aclarara las inconsistencias detectadas con el acuse de recibo exhibido por la quejosa respecto a la documentación requerida, y verificara hoja por hoja la documentación recibida, para corroborar si se presentó de forma completa. En cumplimiento a lo anterior, en acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la jefa de la Unidad de Registro, Seguimiento y Archivo del Tribunal Unitario Agrario número 46, en Huajuapan de León, Oaxaca, informando que la documentación se entregó de forma incompleta, detallándose la faltante en ese informe; razón por la cual, el magistrado responsable requirió nuevamente a la quejosa para que los exhibiera; por cuanto a su petición de que se dejara insubsistente la multa impuesta, el magistrado responsable resolvió que no había lugar a acordar favorablemente, toda vez que no puede revocar sus propias determinaciones, aunado a que del referido informe se determinó que la documentación no se presentó de manera completa. Siendo éste el acto reclamado. Conforme a lo anterior, se tiene que la determinación emitida por el magistrado responsable es ajustada a derecho. En efecto, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, para que éstos no realicen sus funciones arbitrariamente, sino conforme lo indique la ley. Así, en el orden jurisdiccional, la materia procesal se rige por la máxima consistente en que el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones, lo que atiende a que un principio de justicia y de orden social exige que los procedimientos llevados en juicio tengan firmeza y los derechos que por ellos se conceden a las partes, gocen de estabilidad. En ese sentido, todo juzgador, como conductor del proceso, debe velar porque éste se integre debidamente con la finalidad de emitir una sentencia válida. Para ello, se encuentra constreñido a verificar que las actuaciones procesales a su cargo, se emitan de manera congruente con lo solicitado y hacer efectivo el derecho a la jurisdicción contenido en el diverso artículo 17 de la Constitución Federal. Contrario a ello, existe la figura de la regularización procedimental, prevista en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la cual se da en caso de que la actuación correspondiente se haya emitido de manera incongruente, o bien, hubiera faltado algún pronunciamiento del órgano jurisdiccional que hiciera posible la prosecución del procedimiento. Conforme a lo anterior, se deduce que la figura de regularización procede cuando en el juicio se adviertan omisiones, es decir, actos negativos que por su naturaleza impliquen la abstención del juzgador de hacer o decir algo, necesario o conveniente para la substanciación del juicio; pero que no esté de por medio una determinación expresa del propio juzgador, pues de existir alguna resolución en ese sentido, en todo caso, quien se vea agraviado deberá agotar el medio de defensa -ordinario o extraordinario- conducente para obtener su modificación o revocación. En el caso, ni en la Ley Agraria ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta por disposición expresa de su numeral 167, existe disposición alguna que faculte al Tribunal Agrario a revocar sus propias determinaciones, ya que sólo en caso de que la actuación correspondiente se haya emitido de manera incongruente, o bien, hubiera faltado algún pronunciamiento que hiciera posible la prosecución del procedimiento, existe la figura de la regularización procedimental, ya descrita. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 558, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 205143, de contenido siguiente: "TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES. Se infringen las normas del procedimiento que rigen al juicio agrario, mismas que el Tribunal responsable está obligado a observar como lo ordena el artículo 164 de la Ley Agraria, cuando en la audiencia del juicio, habiéndose tenido por ciertas las manifestaciones hechas por los actores en su demanda ante la incomparecencia del demandado, el Tribunal responsable deja sin efecto aquella determinación mediante un proveído posterior, vulnerándose con ello en forma directa las garantías del debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, cuenta habida que las autoridades administrativas se encuentran imposibilitadas jurídicamente para revocar sus propias resoluciones cuando deciden una controversia, conforme al criterio jurisprudencial número 1630, publicado a fojas 2627, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCACION DE LAS". Asimismo, por su contenido, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 429, Tomo XIII, Marzo de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO, OMISIONES EN EL. LOS JUECES Y TRIBUNALES PUEDEN SUBSANARLAS, PERO NO DEJAR SIN EFECTO SUS DETERMINACIONES. (ARTICULO 155 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO). El artículo 155 del Código Civil Adjetivo de la entidad, permite a los jueces o tribunales subsanar las omisiones en que hayan incurrido durante el procedimiento pero no les faculta para dejar sin efecto sus propias determinaciones, con el argumento de que no están dictadas conforme a derecho". Conforme a lo expuesto, si el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, impuso multa a la hoy quejosa por no haber exhibido la documentación completa que le fue requerida, tal determinación no es susceptible de revocación por su parte, ya que no existe precepto alguno que lo faculte para ello, por ende, debe subsistir en sus términos. En ese orden, aún si existiera una deficiente fundamentación o motivación en el acto hoy impugnado (siete de febrero de dos mil veinte), a nada práctico llevaría la concesión del amparo, pues el sentido de la nueva determinación seguiría siendo el mismo, esto es, que no podría revocar su determinación emitida el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio agrario 901/2017. En las relatadas consideraciones, y al resultar infundados los conceptos de violación planteados por ARIADNA NATIVIDAD SIERRA VÁZQUEZ, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79 fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección que de la Justicia Federal pide contra el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 901/2017. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ARIADNA NATIVIDAD SIERRA VÁZQUEZ, contra el acto reclamado al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 901/2017, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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