Areli Cecilia Cuevas Ruíz

Expediente 1066/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1066/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Areli Cecilia Cuevas Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    PREVIO CITATORIO .- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido del oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, al que acompaña un cuadernillo del juicio de amparo directo 798/2019 y tres cuadernos de pruebas; acúsese recibo. Fórmese expediente bajo el número 1066/2019 y regístrese en el libro de gobierno correspondiente. Del oficio y anexos de cuenta se advierte que en auto de veinticinco del actual, el aludido Tribunal Colegiado declinó competencia legal a este juzgado federal, al estimar que el acto reclamado en el asunto de origen, no encuadra en los supuestos de la procedencia del juicio de amparo directo, previstos en los numerales 45 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 41 de la ley de la materia, que en lo conducente establece que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior, se acepta el conocimiento del juicio de amparo que promueve Areli Cecilia y Edgar Javier, ambos de apellidos Cuevas Ruiz, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y otra autoridad. Examinada en su integridad la demanda constitucional, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Al interpretar en forma armónica ambos numerales, se colige que el juicio de amparo resulta procedente contra actos cuyos efectos son de imposible reparación, esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo improcedente, cuando los actos no cumplan tal condición. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. En ese tenor, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de catorce de octubre del año en curso, dictada en el toca familiar número 108/2019, que en lo conducente resolvió: "PRIMERO.- Se REVOCA la resolución apelada para el efecto de notificar el auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince a EDGAR HERNÁNDEZ MORALES, dejando sin efecto la notificación efectuada por el ejecutor del juzgado de origen al apelante el veintidós de septiembre de dos mil quince, así como las subsecuentes actuaciones judiciales realizadas en el expediente 109/2014, relativo al Juicio de Controversias de Orden Familiar, sobre Investigación y Reconocimiento de la paternidad, promovido por ARELI CECILIA CUEVAS RUIZ en representación de su entonces hijo menor de edad EDGAR JAVIER CUEVAS RUIZ, en contra del recurrente". Es pertinente señalar que el expediente 109/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán, Oaxaca, en el que se emitió el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince, que se ordenó notificar de nueva cuenta al demandado Edgar Hernández Morales, se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, por ende, aún no se ha dictado sentencia en cuanto al fondo de la controversia. Con base en lo anterior, se estima que el acto reclamado no es de aquéllos que tienen una ejecución de imposible reparación, ya que los efectos de la resolución reclamada se traducen únicamente en notificar de nueva cuenta al demandado Edgar Hernández Morales, el proveído de veintisiete de agosto de dos mil quince, en el que, entre otras cosas, se tuvo a éste oponiendo la excepción de incompetencia del juzgado natural, y se proveyó lo conducente al desahogo de la prueba pericial en genética, ofrecida por las partes, lo que representan solamente derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados, ya que en el supuesto de que la impetrante del amparo obtenga sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo, y en el supuesto de que le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del amparo directo en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 172 de la ley de la materia (se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad). Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia(s): Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". De igual forma, por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/84, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2403, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad". Los criterios judiciales que preceden a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables al caso concreto de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva ley de la materia, dado que no se oponen a ésta. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, con apoyo en el arábigo 113, de la ley rectora del juicio de garantías, se desecha la demanda de mérito. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, a Erving Noel León Aquino, por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, y a las restantes personas que designa sin las facultades previstas en ese numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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