Arcadio Gilberto Macías Torrentera

Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
81/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Arcadio Gilberto Macías Torrentera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el once de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual informó que por auto de ocho de los referidos mes y año, dictado en el juicio de amparo directo D-16/2021 de su índice, radicó el sumario citado al rubro, que le fue turnado con motivo de la incompetencia legal decretada en la sentencia emitida en el juicio de derechos fundamentales del que deriva el presente cuaderno de antecedentes y, que previo a declararse competente o no en el conocimiento del asunto, requirió al juez de origen diversas constancias; sin embargo, a la fecha, el referido órgano colegiado no ha hecho del conocimiento de este juzgado Federal, si se avocó al conocimiento del asunto o no. En consecuencia, a efecto de acordar lo que conforme a derecho corresponda en este asunto, solicítese comedidamente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que de no tener inconveniente legal alguno, informe el estado procesal que actualmente guarda el juicio de amparo directo D-16/2021 de su estadística, y en su caso, si se declaró legalmente competente para conocer del mismo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano de control constitucional, que por auto de ocho de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo D-16/2021 de su índice, radicó el juicio de amparo citado al rubro, que le fue turnado con motivo de la incompetencia legal decretada en la sentencia emitida en el sumario constitucional del que deriva el presente cuaderno de antecedentes y, previo a declararse competente o no en el conocimiento del asunto, requirió al juez de origen diversas constancias. De lo que este juez constitucional toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 81/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Arcadio Gilberto Macías Torrentera, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el dos de febrero de dos mil veintiuno -ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación-y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el tres siguiente, Arcadio Gilberto Macías Torrentera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una resolución dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite del asunto. Por acuerdo dictado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 81/2021; la admitió a trámite-sin incidente de suspensión-; requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al citado proveído admisorio -y en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia-, el cinco de febrero del año en curso, se emplazó -con el carácter de tercero interesado- al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, Puebla (como se advierte del acuse de recibo del oficio 93-2 vinculado al expediente electrónico). Cuarto. Cita para audiencia. En el multicitado acuerdo de cuatro de febrero del actual, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Arcadio Gilberto Macías Torrentera respecto al acto que reclama del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la resolución de diez de septiembre de dos mil doce, dictada en el proceso 210/2009, en la que declaró prescrita la acción penal persecutoria, ordenó girar oficio al entonces Procurador General de Justicia para que dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en dicha causa y ordenó el archivo del asunto; atento a que no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin al procedimiento, cuyo conocimiento, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegido en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito. Para explicar lo anterior, en principio resulta necesario precisar que la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigio, cuyo estudio es de orden público y oficioso pronunciamiento. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflicto, sino sólo aquellos para los que la ley le faculta, es decir, para los cuales es competente. Por tanto, el concepto de competencia en sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General de la República, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Tomando en cuenta lo anterior y lo que al respecto señala la doctrina, se distinguen, entre otros, los siguientes criterios de competencia: I. Por materia. II. Por territorio. III. Por cuantía. IV. Por grado. V. Inicial. VI. Derivada. VII. Por razón de la vía. Ahora bien, en el caso únicamente se analizará la competencia por razón de la vía, la cual se estima aplicable al presente asunto. En tal sentido, debe señalarse que el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Federal, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a). En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" Por su parte, los artículos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" Los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Asimismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por la que pueda ser modificada o revocada. En tanto que, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas (sentencias, interlocutorias o autos) que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; esto es, que sin dirimir la controversia principal, dan por terminada la contienda judicial. Finalmente, disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que derivan de las constancias remitidas por el juez penal responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que son los siguientes: 1. El catorce de mayo de dos mil nueve, la Agente del Ministerio Público adscrita a la agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, tercer turno, derivado del oficio 216, signado por la fiscal adscrita al Juzgado de lo Civil y Penal de Atlixco, Puebla, inició la averiguación previa 728/2009/ATLIX, en contra de Maricela González Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia a un mandato de autoridad judicial (foja 1, anexo I del juicio de amparo 757/2020). 2. Sustanciado el procedimiento de averiguación previa, el veintiséis de mayo de dos mil nueve, la representación social ejerció acción penal contra Maricela González Morales, como probable responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad judicial, cometido en agravio de la autoridad y denunciado por la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla (fojas 39 a 47, anexo I del juicio de amparo 757/2020). 3. El doce de junio de dos mil nueve, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, radicó la indagatoria con el número de causa penal 210/2009 y, en la misma fecha, libró orden de aprehensión en contra de Maricela González Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia a un mandato de autoridad judicial, previsto y sancionado por el artículo 200, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de la autoridad, denunciado por la Jueza de lo Civil de Atlixco, Puebla (fojas 48 a 51, anexo I del juicio de amparo 757/2020), girándose al entonces Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, el oficio 2046 de la misma fecha (fojas 52 y 55, ibídem). 4. En catorce de agosto de dos mil doce, se agregó a los autos el escrito de Arcadio Gilberto Macías Torrentera, en el cual, se le indicó que no se le tenía como parte coadyuvante, pues es un derecho de la víctima y, en el caso, lo era la autoridad y no el ocursante; y, en relación al cateo solicitado se le indicó que no había lugar a acordar de conformidad, pues el artículo 16 Constitucional, párrafo octavo precisa las formalidades para solicitar una orden de cateo (foja 56, anexo I del juicio de amparo 757/2020). 5. En auto de diez de septiembre de dos mil doce, el juez de la causa acordó el ocurso de Arcadio Gilberto Macías Torrentera -mediante el cual solicitó que se giraran oficios para la localización de Maricela González Morales, a quien se libró orden de aprehensión por la comisión del delito de desobediencia a un mandato de autoridad judicial-, declarando prescrita la acción penal persecutoria en dicha causa penal; ordenando girar oficio al entonces Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, para que dejara sin efectos la orden de captura librada mediante oficio 2046 de doce de junio de dos mil nueve; acordando improcedente la solicitud del ocursante, porque dentro de la causa penal no tenía la calidad de agraviado, además que había declarado extinta la acción penal persecutoria; y, ordenando el archivo de la causa penal (fojas 58 y 59, anexo I del juicio de amparo 757/2020). El contenido del citado acuerdo es del tenor literal siguiente: "Atlixco, Puebla; a 10 diez de septiembre del año dos mil doce. Téngase a ARCADIO GILBERTO MACÍAS TORRENTERA, manifestando mediante escrito de fecha 15 quince de agosto de 2012 dos mil doce, en el que solicita a esta Autoridad Judicial se giren oficios para que la localización de MARICELA GONZÁLEZ MORALES a quien se le giró orden de aprehensión por la comisión del delito de DESOBEDIENCIA A UN MANDATO DE AUTORIDAD JUDICIAL, ilícito previsto y sancionado por el artículo 200 del Código de Defensa Social vigente para el Estado que prevé: (.) En el mismo contexto, tomando en consideración que delito se perpetró el 01 uno de Abril de 2009 dos mil nueve, por lo que hasta esta fecha han transcurrido 03 tres años con 05 meses y 05 días y el artículo 200 contempla una sanción máxima de 01 un año de prisión; en consecuencia, se declara PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL PERSECUTORIA en la presente causa, con fundamento en los diversos 125, 126, 127 y 131 del Código de Defensa Social, en esa virtud, se ordena girar oficio al Procurador General de Justicia del Estado, para que deje sin efecto la orden de captura ordenada mediante oficio 2046 de fecha 12 doce de junio de 2009 dos mil nueve. (.). Por lo anteriormente expuesto, dígasele a ARCADIO GILBERTO MACIAS TORRENTERA, que no ha lugar a acordar de conformidad en razón a que dentro de la causa penal en que se actúa no tiene la calidad de agraviado, pues el delito de desobediencia a mandato de autoridad judicial, es precisamente la autoridad y no así el particular que promueve, aunado a que en párrafos que anteceden ha sido declarada extinta la ACCIÓN PENAL PERSECUTORIA. Por lo que previas las anotaciones en el libro de gobierno, deberá archivarse la presente causa penal." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." (Fojas 58 y 59, anexo I del juicio de amparo 757/2020). Resolución que constituye el acto que por esta vía se combate. 6. El referido auto fue notificado al hoy quejoso el veintidós de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional dictada en el juicio de amparo 757/2020 del índice de este juzgado (información que se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). En ese sentido, la resolución de diez de septiembre de dos mil doce, que declaró prescrita la acción penal persecutoria (acto reclamado), es una determinación que pone fin al juicio. Lo anterior es así, ya que tal resolución no permite al Ministerio Público que se allegue de nuevos datos para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad de la indiciada. En consecuencia, se estima que la resolución que declara prescrita la acción penal persecutoria, se equipara por igualdad en sus efectos jurídicos, a un auto de libertad absoluta por falta de elementos para procesar, puesto que tiene por efecto impedir que el Ministerio Público pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido; máxime que dicha declaración adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada. Sirven de apoyo, en lo conducente, las tesis aisladas de rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño." "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA). La resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión con efectos de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva del Ministerio Público, tiene por efecto impedir que éste pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. En consecuencia, contra dicha determinación procede el juicio de amparo directo, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tratarse de una resolución que pone fin al proceso penal. Sin que sea obstáculo para lo anterior que la última parte del artículo citado prevea expresamente que: "Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional", y que conforme al artículo décimo transitorio de la propia ley, las referencias que en ésta se hagan respecto del "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión en aquellos órdenes normativos donde aún no haya entrado en vigor el sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. Lo anterior, en virtud de que la disparidad entre los principios y las reglas que rigen en el sistema penal acusatorio y el sistema mixto (actual), así como la naturaleza y los efectos que producen los autos de vinculación a proceso y de formal prisión, impiden que estos dos actos sean equiparados. De ahí que tratándose de asuntos tramitados conforme al sistema penal mixto, sea inaplicable la parte in fine del invocado artículo 170, fracción I y, por ende, que en estos casos, para efectos del juicio de amparo en materia penal, el proceso inicie con el auto de radicación." En otra guisa, no es obstáculo para resolver en este sentido que, en su caso, el quejoso no haya agotado el principio de definitividad, ya que atinente a dicho tópico será el Tribunal Colegiado de Circuito quien realice el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Bajo esa línea de pensamiento, salvo mejor opinión de la Superioridad, contra la resolución reclamada de diez de septiembre de dos mil doce, dictada por el juez responsable en el proceso penal 210/2009, en la cual declaró prescrita la acción penal persecutoria; procede el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por lo anterior, se ordena enviar este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que provea lo que conforme a derecho corresponda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracciones III, inciso a); V, inciso a), y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador, se declara legalmente incompetente para resolver el fondo del presente asunto. Por tanto, se estima, constitucional y legalmente competente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, dado que a dicho órgano le corresponde conocer de los amparos promovidos en contra de sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales, salvo decisión distinta de la superioridad; ante esa situación, remítase este juicio de amparo al Tribunal Colegiado respectivo; y, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. SEGUNDO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 34, 47, párrafo primero, 75, 77 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara su incompetencia legal, por razón de la vía, para dictar sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Arcadio Gilberto Macías Torrentera, contra el auto de diez de septiembre de dos mil doce, emitido por el juez señalado como responsable en el proceso penal 210/2009, de su índice. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del informe de cuenta se aprecia que el presente asunto guarda estrecha relación con el diverso 757/2020 del índice de este juzgado; en consecuencia, se ordena traer a la vista dicho expediente, junto con su tomo de pruebas (anexo I), al momento de dictarse sentencia en el presente controvertido Constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad, el duplicado de la causa penal 210/2009 de su índice, mismo que obra como anexo I, del referido juicio de amparo 757/2020, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio electrónico a la autoridad tercero interesada; y al agente del Ministerio Público de la adscripción...

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