Arcadio Gilberto Macias Torrentera

Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
949/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Arcadio Gilberto Macias Torrentera

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 31799/2021, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Téngasele informando que por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 1630/2021 de su índice, dicho órgano jurisdiccional, entre otras determinaciones, aceptó la competencia legal planteada por este órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho cuaderno, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. CONSIDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda de amparo -con la que se dio cuenta- fue presentada el uno de octubre pasado -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma cuenta con evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 949/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. INCOMPETENCIA. Previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, se procede a examinar si en el caso, este órgano Jurisdiccional, es legalmente competente para conocer del presente asunto, promovido por Arcadio Gilberto Macías Torrentera, por propio derecho; en razón de que ello es presupuesto procesal de orden público y de examen preferente. En el caso, el peticionario de amparo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como tal: ( A la Juez Tercero especializado en materia Civil de la ciudad de Puebla, ( Al diligenciario del Juzgado Tercero especializado en materia Civil de la ciudad de Puebla, encargado de los expedientes cuyo último número es terminación par. Ambas con domicilio oficial, bien conocido, en la llamada ciudad judicial. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAME. De la Juez Tercero especializado en materia Civil de la ciudad de Puebla reclamo: ( El no cumplir con su obligación de denunciar inmediatamente al Ministerio Público, pese a que en ejercicio de funciones públicas tuvo el conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, ni proporcionarle todos los datos que tiene, incumpliendo lo establecido en el artículo 222 del código nacional de procedimientos penales, ( La demora e injustificado retardo en la impartición de justicia, ante la falta de dar vista al Ministerio Público adscrito a dicho juzgado, Con la indebida conculcación de las Garantías Fundamentales y los Derechos Humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del diligenciario del Juzgado Tercero especializado en materia Civil de la ciudad de Puebla, encargado de los expedientes cuyo último número es terminación par, reclamo: ( La falta de notificar la resolución referida en el párrafo inmediato anterior, a más tardar el día siguiente a aquél en que se dicte en el expediente número 1254/1997. Con lo que se me han conculcado mis Garantías Fundamentales y los Derechos Humanos a la Prerrogativa petición, de seguridad, legalidad, certeza, congruencia jurídica, e impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, del debido proceso, de la tutela judicial y del acceso a la justicia, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 222 del código nacional de procedimientos penales." Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "Primero.- Se instauró en el año de mil novecientos noventa y siete, juicio ejecutivo mercantil en contra de MARICELA GONZÁLEZ MORALES, siendo el documento base de la acción un cheque que libró en favor de MARCO ANTONIO GARCÍA GONZALEZ, este último quien se lo endosó inicialmente en procuración a Enrique García Gámez; habiéndose radicado en el expediente número 1254/1997 del índice del entonces Juzgado Tercero de lo Civil de la capital de Puebla, actualmente el Juzgado Tercero especializado en materia Civil de la ciudad de Puebla; se dictó al auto de exeqüendo, se procedió a emplazar, como también se substanció dicho juicio en el cual se dictó sentencia condenatoria de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la cual se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas, dicho fallo se encuentra debidamente ejecutoriado, por lo que se está en la fase de ejecución. Segundo.- Posteriormente MARCO ANTONIO GARCÍA GONZALEZ cancelo dicho endoso que inicialmente realizó en favor de Enrique García Gámez y efectúo nuevo endoso en favor del suscrito promovente y/o la Licenciada en Derecho Alma Delia Velázquez Vidaña, mediante ocurso de data trece de mayo de dos mil dos, quien se presentó el día diecisiete de dicho mes y año (mayo de 2002), recayendo el proveído respectivo y compareció personalmente a este juzgado MARCO ANTONIO GARCÍA GONZALEZ y ante el personal del mismo se realizó la diligencia revocando y otorgando los endosos en comento. Tercero.- Se formularon por parte del suscrito mediante escritos de fecha ocho de junio de dos mil cuatro, el cual se presentó al día siguiente, esto fue, el nueve de junio de dos mil cuatro, la liquidación de sentencia, la cual con fecha dieciséis de agosto de dos mil cuatro se dictó la interlocutoria correspondiente, se han venido realizando las actualizaciones de la liquidación de sentencia respectiva, hasta la última actualización de la liquidación de sentencia formulada el siete de septiembre de dos mil veinte por la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, CINCUENTA CENTAVOS, ($784,777.50), habiéndome reservado el Derecho de actualizar la liquidación de Sentencia en el momento procesal oportuno. Cuarto.- Teniendo que el día nueve de septiembre de dos mil uno recibí un mensaje en mi correo electrónico: arcadiogilberto@gmail.com en el cual se me avisa que tengo una Notificación Electrónica del Expediente: 1254/1997, al entrar en el Sistema de Control y Gestión Judicial Puebla, para consultar la información ingrese a la dirección del mundo de internet: www.htsjpuebla.gob.mx/acuerdos/login.php para revisarla, encontrándome el proveído que a continuación que a continuación inserto íntegramente: (.) Vista la diligencia que antecede y con fundamento en los artículos 1° y 14, de la Constitución General de la República, así como los diversos 33, 80, 88, 201 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente al 1054 del Código de Comercio, se tiene a la parte actora ENRIQUE GARCIA GAMEZ, ratificando el escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno. PRIMERO.- Advirtiéndose de las presentes actuaciones las cuales tienen pleno valor probatorio, se hace constar que ENRIQUE GARCIA GAMEZ, beneficiario del documento fundatorio de la acción y que en la especie es un pagaré, por diligencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, compareció ante este juzgado a desistirse de la ejecución por haber alcanzado el objeto perseguido. SEGUNDO: En consecuencia se ordena devolver todos y cada uno de los documentos que se exhibieron como fundatorios de la acción a la parte demandada, previa su identificación, constancia y toma de razón que conste de ello en autos, mismos que podrá recoger directamente el interesado o su abogado patrono quien deberá comparecer en el término de ocho días hábiles, siguientes a la notificación de este auto, previa su identificación y toma de razón que obre en autos. (.) Quinto.- Acuerdo en el cual se acreditan plenamente los hecho con apariencia de los delitos del tipo penal de responsabilidad de litigantes, falsedad en declaraciones ante autoridad, uso de documento falso y Fraude realizados por parte de ENRIQUE GARCIA GAMEZ, en perjuicio de mi endosante, como de la Sociedad en general y su probable responsabilidad, tanto con el escrito que presentó la promoción el día treinta de agosto de dos mil veintiuno, mismo que ratificó en la diligencia realizada en las instalaciones de ese juzgado señalado, ese mismo día treinta de agosto de esta anualidad (2021), el personal de este juzgado lo tuvo como parte actora del presente juicio, cuando no tiene dicha personalidad, ni carácter en dicho expediente número 1254/1997 del índice del entonces Juzgado Tercero de lo Civil de la capital de Puebla, actualmente el Juzgado Tercero especializado en materia Civil de la ciudad de Puebla que promovió. Sexto.- A simple vista, se aprecia la temeridad y mala fe de parte de ENRIQUE GARCÍA GAMEZ, con la que se condujo en el juicio en comento, y lo más grave aún es que el personal de dicho Juzgado y principalmente que la Ciudadana Juez, hayan dado trámite al ocurso referido y e reconocieran la personalidad que no tiene en dicho expediente al individuo señalado, de donde se colige su ilegal, ilícito e ilegal proceder con los hechos referidos, causando un daño en el patrimonio del actor quien represento, como de la Sociedad en general. Resolución precisada en el punto inmediato anterior, en contra de la cual instauré el día diez de septiembre de 2021, el incidente penal respectivo y le pedí a la juez señalada que le corra traslado con la fotocopia simple del escrito respectivo a mi contraparte, para los efectos legales correspondientes y al Ministerio Público adscrito a este Juzgado de conformidad con lo establecido en los artículos 637 del código adjetivo civil para el Estado de Puebla y los arábigos 222, 223 y 224 del código nacional de procedimientos penales, como el que denuncie inmediatamente al Ministerio Público, en ejercicio de funciones públicas de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, cumpliendo lo establecido en el artículo 222 del código nacional de procedimientos penales, sin que hasta la presente fecha, la responsable haya dado el trámite debido y adecuado, aunado a la falta de administrar justicia al suscrito por dicha responsable, toda vez que han transcurrido con exceso los términos establecidos en el Código nacional de procedimientos penales, sin que la responsable haya dado el trámite debido y menos notificado la misma a las partes de dicho juicio, con lo que tenemos un ilegal retraso en la impartición de justicia en los plazos y términos que señala la ley, razones por las cuales acudo ante esta Honorable Autoridad a impetrar el Amparo y Protección de la Justicia Federal a efecto de que no se me conculquen las Garantías Fundamentales de seguridad y legalidad jurídica, congruencia, certeza e impartición de justicia pronta, completa e imparcial, consagradas en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, del acto reclamado por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud que una vez analizada la demanda de amparo y atenta la naturaleza jurídica del acto reclamado, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, estima que corresponde conocer de la demanda de amparo señalada, al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en Turno. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54, 55 y 56 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el último de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De dicho precepto se obtiene que los asuntos de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son los siguientes: Resoluciones judiciales del orden penal. Actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el particular, el promovente de amparo reclama a la autoridad responsable Juez Tercero Especializado en Materia Civil de la ciudad de Puebla, los actos consistentes en: a) el no cumplir con su obligación de denunciar inmediatamente al Ministerio Público, pese a que en ejercicio de funciones públicas tuvo el conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, ni proporcionarle todos los datos que tiene, incumpliendo lo establecido en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) la demora e injustificado retardo en la impartición de justicia, ante la falta de dar vista al Ministerio Público adscrito a dicho juzgado. Mientras que a la diversa autoridad responsable Diligenciario del Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil de la ciudad de Puebla, encargado de los expedientes cuyo último número es terminación par: c) la falta de notificar la resolución referida en líneas precedentes, a más tardar el día siguiente a aquél en que se dicte en el expediente número 1254/1997, así como sus efectos y consecuencias. Lo cual, no significa que dichos actos sean de naturaleza penal; puesto que los actos reclamados no derivan de alguna carpeta de investigación o averiguación previa; aunado a ello, los actos de los que se duele la parte quejosa, no son reclamados a ningún agente del Ministerio Público, ni autoridad del orden penal. En efecto, los actos que se reclaman a las autoridades responsables emanan de un juicio de naturaleza mercantil, específicamente, del juicio ejecutivo mercantil 1254/1997 del índice del ahora Juzgado Tercero Especializado en Materia Civil en la Ciudad de Puebla, además, como ya se precisó, si bien un agente del Ministerio Público fue señalado como parte tercera interesada en el presente controvertido constitucional, este no está señalado como autoridad responsable, aunado a que de los antecedentes narrados no se advierte que se haya iniciado alguna carpeta de investigación o emitido alguna determinación judicial del orden penal, máxime, que como ya se puntualizó, las actuaciones judiciales de las que se duele el quejoso, derivan de un procedimiento mercantil; de ahí, que esta potestad Federal no tenga competencia para conocer del acto reclamado. Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección-Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente por materia para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en Turno, para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es al que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, en el que se peticiona comedidamente, precise si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se hace constar que el quejoso no designó a persona alguna, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo ACCESO Y NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO VÍA ELECTRÓNICA. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del mencionado Acuerdo General 12/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acreditó que el quejoso Arcadio Gilberto Macías Torrentera es titular del usuario "ArcadioGilberto", el cual se encuentra vigente, se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte quejosa solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada, entre ellos, los datos personales del promovente como lo solicitó. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Notifíquese electrónicamente al promovente; personalmente por cualquier medio de comunicación interna, al Oficial Judicial "A" de la adscripción encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, por oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

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