Araceli Rico Morales

Expediente 344/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
344/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
04/05/2017

Partes del expediente

  • Araceli Rico Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Incidental

    V I S T O S los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 344/2017-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Araceli Rico Morales, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Araceli Rico Morales, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que se tuvieron como actos reclamados los siguientes: I. La orden de presentación, comparecencia o cita para la formulación de la imputación emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión. TERCERO. Autoridad inexistente. En la audiencia incidental que antecede se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como "16. Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Delegación Puebla", por lo tanto, no pueden existir los actos que se le atribuyen y debe negarse la suspensión definitiva. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir las referidas autoridades responsables, no pueden existir actos que afecten a la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de la citada autoridad responsable. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Oficio Autoridad Responsable Sentido Foja 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 32 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 33 3. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 34 4. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 35 5. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 36 6. Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 37 7. Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 38 8. Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 39 9. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla Negó 52 10. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla Negó 40 11. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla Negó 46 12. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla Negó 49 13. Fiscal General del Estado de Puebla, Negó 41 14. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 42 15. Delegado de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla Negó 43 Las cuales, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar esas negativas, por lo que, dichos actos deben tenerse por inexistentes. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Araceli Rico Morales, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguese el informe justificado recibido vía electrónica de la autoridad responsable 9. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Araceli Rico Morales, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veintidós de marzo pasado (fojas 2 a 4), solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y de otras autoridades; de quienes reclamó lo siguiente: "Por lo que respecta a las autoridades judiciales señaladas como responsables ordenadoras, mencionadas en los puntos 1 al 12 del apartado que antecede, reclamo la orden de aprehensión y/o comparecencia librada en mi contra. Por lo que respecta a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, mencionadas en los puntos 13 a 18 del apartado que antecede, reclamo el cumplimiento que pretenden dar las citadas órdenes." Ahora bien, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte lo siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Justificado Foja 1 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 18 2 2. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 19 3 3. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 20 4 4. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 21 5 5. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 22 6 6. Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 23 7 7. Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 24 8 8. Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Negó 25 9 9. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla Negó 37 10 10. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla Negó 26 11 11. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla Negó 32 12 12. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla Negó 35 13 13. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación Negó 27 14 14. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 28 15 15. Delegado en el Estado de Puebla de la Procuraduría General de la República Negó 29 Las referidas autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclama. En el mismo sentido debe considerarse respecto de autoridad 16. Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Delegación Puebla, no obstante que la parte quejosa a la fecha no haya señalado cuál es su denominación correcta, toda vez que, en su calidad de ejecutora, se encuentra imposibilitada para ejecutar una orden inexistente, pues su existencia ha sido negada por las autoridades responsables ordenadoras. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 9. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo.

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