Arath Alejandro Abrego Gonzalez
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arath Alejandro Abrego Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Autoridad remite constancia de notificación Agréguese al sumario para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio que suscribe el magistrado propietario de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, a través del cual remite la constancia de notificación del auto de nueve de los presentes dictado en este juicio - en que se ordenó el archivo definitivo del asunto- practicada al agente del Ministerio Público de su adscripción.C
- Principal
Recepción de testimonio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 19/2022, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya en funciones de juez, en el juicio de amparo indirecto 621/2022-6. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arath Alejandro Abrego González y Gabriel Abrego González contra de la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación 50/2021-O del índice de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato que confirmó el auto a vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos Arath Alejandro Abrego González y Gabriel Abrego González, en la audiencia inicial de la causa penal 1P2121-21, celebrada el tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón, por el hecho considerado por la ley como delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Guanajuato". Asimismo, devuelve los autos originales del presente juicio y un sobre que contiene un disco versátil digital; acúsese recibo vía interconexión y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Clasificación de cuadernillo de antecedentes. En atención al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, glósense únicamente las actuaciones originales que se encuentren en el cuaderno de antecedentes formado y una vez hecho lo anterior, el referido cuadernillo deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho artículo; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, mientras que el original del incidente de suspensión relativo, susceptible de depuración, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se negó el amparo, la cual fue revocada por la superioridad para sobreseer en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar definitiva, en el entendido que se deberá conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que el actuario judicial de la adscripción practicó la notificación a los quejosos ***********, respecto del proveído de seis de junio del año en curso, dictado en los autos del amparo en revisión 19/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el cual se revocó la resolución recurrida dictada en el expediente en que se actúa y decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por tanto, remítanse al tribunal colegiado requirente vía mensajería acelerada (estafeta), las constancias de notificación originales.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ma del Carmen Zúñiga Cleto, jueza Octava de Distrito en el estado de Guanajuato, asistida de Antonio Guiza Cabrera, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que contiene la inserción del proveído de seis de los actuales, dictado en el amparo en revisión 19/2022 de su índice, mediante el cual, el órgano de su adscripción, revocó la resolución recurrida y decretó el sobreseimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, ello al haber sobrevenido una causal de improcedencia En ese sentido, como lo ordena la superioridad, se encomienda al actuario de la adscripción para que notifique la resolución citada en el párrafo que antecede a los quejosos, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Hecho lo anterior, remítase de inmediato las constancias respectivas al tribunal colegiado oficiante. En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que precede, se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído dictado el seis de junio de dos mil veintidós, emitido por la Superioridad, que a la letra dice: "Vista la cuenta que antecede, agréguese el dictamen de referencia, mismo que dice: "El presente asunto fue listado para verse en sesión ordinaria -por videoconferencia- de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fecha en que se emitió acuerdo por el pleno de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y en estricto acatamiento: Primero. Se turna el expediente a la secretaría de acuerdos. Segundo. Ello, para que, con fundamento en la fracción III del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el párrafo último del artículo 64 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia P./J. 6/2017 (10a.) , en el asunto que quedó en lista, se dicte proveído en que se dé vista a la parte quejosa, mediante notificación personal, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga con la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, por lo siguiente: "[.] SEXTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se adviertan, acorde con lo previsto en el artículo 6217 de la Ley de Amparo, e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma del acto cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el presente considerando. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época, visible a página 272, con registro digital 181325, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." El medio de impugnación que nos ocupa, fue interpuesto por los quejosos, en contra de la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno dictada por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en funciones de juez, en el juicio de amparo indirecto en la cual, negó el amparo solicitado, respecto a la conformación del auto de vinculación a proceso decretado dentro de la causa Penal al considerar que dicha determinación reunió los requisitos legales y constitucionales para su emisión. No obstante lo anterior, no será necesario realizar el análisis de la sentencia de amparo recurrida, dado que este Tribunal Colegiado, advierte de oficio una causal de improcedencia sobrevenida, que conlleva a revocar la resolución recurrida y decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. En efecto, este tribunal considera, que en relación con el acto reclamado en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Ahora bien, cabe hacer notar que de conformidad con la fracción trascrita, el cambio de situación jurídica por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Como puede advertirse, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, tiene lugar cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, y que de pronunciarse una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso, el amparo será improcedente si de concederlo se afectase esta última y, por ello, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Y, en materia penal, se hace la acotación de que cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Federal, la sentencia de primera instancia será la única que actualice la causa de improcedencia en estudio. Por tanto, si en un proceso penal, con posterioridad a la emisión del acto reclamado, se emite diversa actuación que cambie el estatus legal en que se encontraba el quejoso, en relación con el acto por el cual promovió el juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, se considera que se evidencia la causal de improcedencia de que se habla, porque los quejosos reclaman en sede constitucional: La resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso de tres de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercer Región en el Estado de Guanajuato, Sede Acámbaro, Base Moroleón, Guanajuato, en la causa Penal. Sin embargo, durante el trámite del presente recurso de revisión, se advirtió que posteriormente a la presentación de la demanda, incluso de la emisión de la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercer Región en el Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón, en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, decretó el sobreseimiento de la causa penal determinación que tiene el efecto de sentencia absolutoria; por lo que se estima se actualiza un cambio de situación jurídica. Se explica. En efecto, el acto reclamado en el juicio de origen de donde deriva la presente revisión, es la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno dictada en el toca de apelación por la que se confirmó el auto a vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos recurrentes en la audiencia inicial de la causa penal celebrada el tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercer Región en el Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón, por el hecho considerado por la ley como el delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 210 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, circunstancia que pone en evidencia que el acto reclamado deriva de un proceso penal. De las constancias recabadas oficiosamente por este órgano colegiado mediante dictamen de fecha once de abril del año en curso, se advierte que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercer Región en el Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón, remitió copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la que decretó el sobreseimiento de la causa penal con motivo de que el ofendido Juan Carlos León Patiño concedió el perdón a los imputados aquí recurrentes debido a que repararon el daño causado en su totalidad, por lo que se decretó el sobreseimiento de la causa penal y la extinción de la acción penal, con fundamento en el artículo 114 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. En el mismo orden de ideas, tenemos que la autoridad responsable remitió la razón de firmeza de sobreseimiento de veinticinco de abril de dos mil veintidós, levantada por la Encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercer Región en el Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón, en la cual, hizo constar que transcurrió el plazo que la ley le otorga a las partes para impugnar el sobreseimiento, sin que se hubiera realizado alguna manifestación, por lo que causó firmeza procesal el sobreseimiento decretado. Luego, si en el juicio de amparo de donde deriva el presente, el acto reclamado fue la resolución de doce de agosto de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación que confirmó el auto a vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos y, posteriormente el ofendido aquí tercero interesado les otorgó el perdón, razón por la cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, determinación que tiene efecto de sentencia absolutoria, resulta evidente que la determinación asumida por el juez de control en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, actualiza un cambio de situación jurídica. Cabe agregar, que si bien en la causa penal que se seguía en contra de los aquí recurrentes no se dictó propiamente una sentencia, se tiene que la audiencia en la que se decretó el sobreseimiento sí tiene efecto de sentencia absolutoria. Al respecto, el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estable: "Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado." Lo antes expuesto, pone de manifiesto las razones por las que se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, pues la determinación que confirmó el auto de vinculación a proceso, quedó sustituida procesalmente con el pronunciamiento del sobreseimiento en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, el cual en términos del artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el efecto de sentencia absolutoria; de manera que, este cambio de situación jurídica hace que los efectos del acto reclamado no tengan eficacia alguna, máxime que el sobreseimiento hace cesar cualquier medida que se haya tomado en la causa penal, por lo que ese cambio de estatus jurídico hace que las posibles violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos, en virtud del cambio de la situación jurídica. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXVI, agosto de 2007, en la página 50, del rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Bajo esa óptica, es posible que en el caso se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V de la invocada legislación. [.]" Tercero. Hecho lo cual, se devuelva el expediente al magistrado ponente, Francisco Javier Araujo Aguilar, para los efectos legales procedentes. En Guanajuato, Guanajuato, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE: FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR. (FIRMA ELECTRÓNICA) MAGISTRADO: ARTURO RAFAEL SEGURA MADUEÑO. (FIRMA ELECTRÓNICA) MAGISTRADO: RICARDO GARDUÑO PASTEN. (FIRMA ELECTRÓNICA) SECRETARIO DE ACUERDOS: JOSÉ CRUZ RAMÍREZ MARTÍNEZ. (FIRMA ELECTRÓNICA)". En consecuencia de lo anterior, conforme a lo señalado en el dictamen de cuenta, dese vista a los recurrentes, mediante notificación que se practique a través de los estrados del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la misma, manifiesten lo que a su derecho convenga con la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que en auto de once de febrero de dos mil veintidós, se dijo que se tenía a los recurrentes, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, dado que también se mencionó los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Por tanto, y en aras de salvaguardar la seguridad jurídica en que se le garantice el derecho de audiencia y defensa, indíquese a los referidos recurrentes que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practiquen por lista que se fije en los estrados de este Órgano Colegiado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, visible en la dirección electrónica www.dgepj.cjf.gob.mx, lo anterior, también encuentra apoyo en lo establecido en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo y 27, fracción III, de la Ley de Amparo; en la inteligencia que queda a salvo su derecho de poder designar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, cuando así lo desee. Se solicita al Juez de Distrito en cuestión, que una vez que cuente con la constancia de notificación, la remita a este Tribunal. Realizado lo anterior, devuélvase inmediatamente a la ponencia respectiva, para los efectos legales conducentes".
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