Araceli Rodriguez Aguilar

Expediente 133/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
133/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Araceli Rodriguez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción de incompetencia legal. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la jueza Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, al que adjuntó el expediente 108/2021-III.2, que contiene la demanda de amparo presentada por *, quien se ostenta como representante legal de Araceli Rodríguez Aguilar. Ello, al estimar que carece de legal competencia por razón de turno, en virtud de que este juzgado conoce del juicio de amparo 89/2021 donde se reclamaron actos que derivan del expediente laboral *, y que los actos reclamados en este juicio de amparo fueron dictados en ese mismo procedimiento. En ese sentido, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, fórmese expediente físico y digital y regístrese en el libro de gobierno con el número *6. Acúsese recibo al juzgado oficiante. Dese aviso a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, para efectos de la compensación en las cargas de trabajo. Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *, quien se ostenta como representante legal de *. Al respecto se provee, lo siguiente: Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción IV y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como lo expresado por la quejosa en el diverso juicio de amparo 89/2021, y de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en el citado juicio de amparo, que se tienen a la vista, y constituyen un hecho notorio para este juzgador, se desprende lo siguiente: El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se pronunció laudo condenatorio en el juicio laboral *, seguido por * en contra de *, sociedad anónima de capital variable y Cefinpro, sociedad anónima de capital variable. Que el diez de julio de dos mil diecinueve la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad dictó auto de ejecución-requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $462,974.87 (cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 87/100 moneda nacional). El cinco de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de ejecución del laudo, en la que la parte demandada entregó un cheque por la cantidad de $312,045.00 (trescientos doce mil cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), así como una constancia de retención de impuestos por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional). El mencionado cheque fue entregado por la Junta responsable en la misma fecha a la trabajadora actora. La parte actora en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó al presidente del tribunal laboral la ejecución como saldo o remanente del laudo condenatorio por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), por considerar que la retención o deducción de impuestos por parte de la empresa demandada fue indebida e ilegal. Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad determinó que la parte demandada no cubrió en su totalidad la condena emitida en su contra y existía un remanente a favor de la trabajadora actora por la cantidad de $4,249.15 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional), cantidad por la cual emitió el auto de requerimiento de pago que solicitó la parte actora. Inconforme con tal determinación, la parte actora, quejosa en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra de actos del presidente de la Junta responsable. Mediante resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de revisión de mérito, declarándose improcedente el mismo. Esta determinación constituye el acto reclamado. De lo anterior se destaca: - Que el acto controvertido fue dictado en el juicio laboral **, del índice del Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato; - Que la parte quejosa es actora dentro de dicho procedimiento; - Que el juicio de origen se encuentra en ejecución del laudo; y, - Que el acto reclamado, lo constituye, en esencia, la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la citada Junta, que determinó que la parte demandada no cubrió en su totalidad la condena emitida en su contra y existía un remanente a favor de la trabajadora actora por la cantidad de $4,249.15 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional), y no por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), como lo pedía la parte actora, quejosa en el presente juicio. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El precepto transcrito en segundo término, establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y b) En el procedimiento de remate, solo procede el amparo en contra de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Dicho precepto, interpretado en sentido contrario, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de ejecución de sentencia es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que respecto al procedimiento de remate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado párrafo y numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." La finalidad de la disposición analizada, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en forma destacada, la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la citada Junta, que determinó que la parte demandada no cubrió en su totalidad la condena emitida en su contra y existía un remanente a favor de la trabajadora actora por la cantidad de $4,249.15 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional), y no por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), como lo pedía la parte actora, quejosa en el presente juicio; dicho acto emitido en el procedimiento de ejecución del laudo. Por tanto, como se adelantó, tal acto reclamado no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Así es, pues el resultado del acto reclamado por la cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la quejosa es parte. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, en el caso, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, incluyendo las alegaciones que ahora hace, así como en las determinaciones subsecuentes de la etapa de ejecución del laudo. Además, la resolución reclamada, se estima que no es autónoma a la ejecución, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar el laudo condenatorio que le fue favorable a la ahora quejosa, por lo que la promovente debe esperar a la última resolución para promover el amparo indirecto, en términos de la fracción analizada, en la que podrá alegar las violaciones que estime se cometieron durante el lapso de ejecución de laudo, como las que ahora hace. Tampoco la determinación impugnada es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, en contra de ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si, se insiste, se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de ejecución del laudo, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella determinación que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o tratándose de remates, la última resolución, constituye la que en definitiva y de manera indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Siendo estas las resoluciones culminatorias del procedimiento de ejecución y en contra de las cuales se prevé la procedencia del juicio de garantías, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional, ajeno a la cosa juzgada en el juicio de origen. En ese sentido en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que la peticionaria del amparo es parte formal y material en el juicio de origen. Resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por tanto, es dable concluir que la quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución del laudo, el amparo indirecto solo procederá en contra de la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Juan Manuel González Filoteo en su carácter de apoderado de Araceli Rodríguez Aguilar, en contra de los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que se indica en el escrito de demanda. De igual forma, se tiene como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que designa expresamente para ello. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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