Araceli Rodríguez Aguilar

Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
89/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Araceli Rodríguez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por * en su carácter de apoderado de *, por medio del cual cumple la prevención hecha por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual desahoga la prevención formulada; por tanto, se le tiene por cumplido el requerimiento y prevención que obran en autos, y atento a ello, se provee: ? Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda de amparo, escrito aclaratorio y documentales que obran en autos, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción IV y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°), se desprende como antecedentes del acto reclamado que: 1. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho se pronunció laudo condenatorio en el juicio laboral *, seguido por * Aguilar en contra de Famsa de México, sociedad anónima de capital variable y Cefinpro, sociedad anónima de capital variable. 2. Que el diez de julio de dos mil diecinueve la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad dictó auto de ejecución-requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $462,974.87 (cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 87/100 moneda nacional). 3. El cinco de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de ejecución del laudo, en la que la parte demandada entregó un cheque por la cantidad de $312,045.00 (trescientos doce mil cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), así como una constancia de retención de impuestos por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional). El mencionado cheque fue entregado por la Junta responsable en la misma fecha a la trabajadora actora. 4. La parte actora en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó al presidente del tribunal laboral la ejecución como saldo o remanente del laudo condenatorio por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), por considerar que la retención o deducción de impuestos por parte de la empresa demandada fue indebida e ilegal. 5. Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad determinó que la parte demandada no cubrió en su totalidad la condena emitida en su contra y existía un remanente a favor de la trabajadora actora por la cantidad de $4,249.15 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional), cantidad por la cual emitió el auto de requerimiento de pago que solicitó la parte actora. 6. Inconforme con tal determinación, la parte actora, quejosa en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra de actos del presidente de la Junta responsable. 7. Mediante resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de revisión de mérito, declarándose improcedente el mismo. Esta determinación constituye el acto reclamado. De lo anterior se destaca: - Que el acto controvertido fue dictado en el juicio laboral *, del índice del Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato; - Que la parte quejosa es actora dentro de dicho procedimiento; - Que el juicio de origen se encuentra en ejecución del laudo; y, - Que el acto reclamado, lo constituye, en esencia, la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la citada Junta, que determinó que la parte demandada no cubrió en su totalidad la condena emitida en su contra y existía un remanente a favor de la trabajadora actora por la cantidad de $4,249.15 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional), y no por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), como lo pedía la parte actora, quejosa en el presente juicio. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El precepto transcrito en segundo término, establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio, a saber: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y b) En el procedimiento de remate, solo procede el amparo en contra de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Dicho precepto, interpretado en sentido contrario, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de ejecución de sentencia es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que respecto al procedimiento de remate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado párrafo y numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." La finalidad de la disposición analizada, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en forma destacada, la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por la que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la citada Junta, que determinó que la parte demandada no cubrió en su totalidad la condena emitida en su contra y existía un remanente a favor de la trabajadora actora por la cantidad de $4,249.15 (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 15/100 moneda nacional), y no por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 moneda nacional), como lo pedía la parte actora, quejosa en el presente juicio; dicho acto emitido en el procedimiento de ejecución del laudo. Por tanto, como se adelantó, tal acto reclamado no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Así es, pues el resultado del acto reclamado por la cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto, trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la quejosa es parte. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, en el caso, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, incluyendo las alegaciones que ahora hace, así como en las determinaciones subsecuentes de la etapa de ejecución del laudo. Además, la resolución reclamada, se estima que no es autónoma a la ejecución, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar el laudo condenatorio que le fue favorable a la ahora quejosa, por lo que la promovente debe esperar a la última resolución para promover el amparo indirecto, en términos de la fracción analizada, en la que podrá alegar las violaciones que estime se cometieron durante el lapso de ejecución de laudo, como las que ahora hace. Tampoco la determinación impugnada es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, en contra de ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si, se insiste, se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de ejecución del laudo, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella determinación que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o tratándose de remates, la última resolución, constituye la que en definitiva y de manera indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Siendo estas las resoluciones culminatorias del procedimiento de ejecución y en contra de las cuales se prevé la procedencia del juicio de garantías, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional, ajeno a la cosa juzgada en el juicio de origen. En ese sentido en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que la peticionaria del amparo es parte formal y material en el juicio de origen. Resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/20101, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por tanto, es dable concluir que la quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución del laudo, el amparo indirecto solo procederá en contra de la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Juan Manuel González Filoteo en su carácter de apoderado de Araceli Rodríguez Aguilar, en contra de los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." .

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por ministerio de ley de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, adjunto al cual remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas mediante oficio * de diez del presente mes y año. Atento a lo anterior, estese en espera de que transcurra el término concedido a la parte quejosa para que dé cumplimiento a la prevención contenida en proveído de diez de marzo del presente año, para acordar lo que en derecho sea procedente.

  3. Principal

    Recepción y registro Vista la demanda de amparo presentada por ***** con el carácter de apoderado de *****, parte actora en el juicio laboral **, según se desprende de las documentales adjuntas al escrito de cuenta, y que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tratarse la parte promovente de la parte obrera en el procedimiento subyacente; reclamo de derechos fundamentales que se hace en contra de actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 89/2021-I. Prevención de la demanda Ahora, en el artículo 108 de la Ley de Amparo se prevén los requisitos que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que destacan: bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Requisitos que tiene como propósito que el juzgador pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo. Dicho esto, se advierte que en el caso el promovente del amparo fue omiso en proporcionar la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, incumpliendo así el requisito contemplado en la fracción V del invocado numeral 108; razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el diverso artículo 114, fracción II de la legislación en cita, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que del presente se le haga, cumpla lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, narre la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, entre ellos, el contenido del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que emitió el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, si ya se decretó el archivo del juicio laboral y la fecha en que aconteció Ello en virtud de que en su demanda únicamente señala: a) Que el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se pronunció un laudo condenatorio en contra de las personas jurídicas que señala como terceras interesadas; b) Que el diez de julio de dos mil diecinueve, se despachó auto de ejecución-requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $462,974.87 (cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 87/100 m.n.); y, c) Que en cinco de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de ejecución del laudo en el domicilio de las terceras interesadas, en donde la patronal exhibió un cheque nominativo por la cantidad $312,045.00 (trescientos doce mil cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.), así como una constancia de retención de impuestos por la cantidad de $151,706.00 (ciento cincuenta y un mil setecientos seis pesos 00/100 m.n.); cantidad y constancia de retención de impuestos, que en la propia data se entregó a la directa quejosa ante el tribunal de trabajo responsable. Sin embargo, de la lectura tanto de los hechos que narra como antecedente del acto o actos reclamados, que sirven de fundamento a los conceptos de violación que esgrime, así como de estos, de forma enfática y reiterada se duele de la resolución de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, que dirimió el recurso de revisión que esa parte interpuso en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente laboral ***, sin embargo, nada expone en torno a la emisión de tal proveído recurrido a través del recurso de revisión, ni el sentido del tan proveído, como tampoco el motivo o hecho jurídico por el que se emitió por parte del presidente del referido Tribunal del Trabajo. Por tanto, ante tal vaguedad se estima necesario que narre de manera precisa los antecedentes de los actos reclamados. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional, sin que estas puedan advertirse del escrito de demanda y sus anexos. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por la persona que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, de ser posible, deberá exhibir sendas copias de su escrito aclaratorio, para, en su caso, correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia; es decir, dos para las autoridades responsables, dos para el incidente de suspensión que solicita, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos copias más para la parte tercera interesada que señala; apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema en trato la tesis jurisprudencial 2a./J. 124/2016 (10a.), legible en la página mil cuatrocientos cuarenta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y seis, noviembre de dos mil dieciséis, tomo II, Materia Común, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. De igual forma, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Requerimiento a autoridad responsable Sin perjuicio de lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, informe a este órgano jurisdiccional: Si ya se ordenó el archivo del expediente laboral **** de la estadística de ese tribunal del trabajo; en su caso, la fecha en que se emitió tal determinación; así como que se acordó en el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para lo cual, deberá enviar copia certificada de las constancias que corroboren su información. Apercibida la autoridad de que se trata que de no hacerlo se le impondrá, una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 27/2004, Registro 181833, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, página 354, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO ADMINISTRATIVO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, PERO NO POSTERGAR SU DECISIÓN. En términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, a falta de disposición expresa debe atenderse a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal que en el artículo 79 establece que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En este contexto, tratándose de la suspensión provisional en el juicio de amparo administrativo, debe considerarse que la regla general es que una vez satisfechos los requisitos a que aluden los artículos 120 y 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato sobre dicha solicitud; sin embargo, esto no obsta para que cuando se prevenga al promovente para que subsane alguna irregularidad de la demanda, en el mismo acuerdo se requiera a las autoridades responsables la presentación de algún documento que se considere indispensable para mejor proveer, pero una vez desahogada la prevención al quejoso, acatado o no el requerimiento formulado a las responsables, el Juez de Distrito debe proveer de inmediato en relación a la suspensión de los actos reclamados." Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que se indica en el escrito de demanda. De igual forma, se tiene como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que designa expresamente para ello. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano