Arantza Gabriela Cazalis Quintal
Expediente 1661/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1661/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Arantza Gabriela Cazalis Quintal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Arantza Gabriela Cazalis Quintal, solicitó la suspensión definitiva de los actos que atribuye al Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo el día de hoy, en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: El auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 477/2019. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado (registro 16754) y actuario de su adscripción (registro 16822), ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes previos. TERCERO. Análisis respecto a la medida cautelar solicitada. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la citada Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, en relación con los actos reclamados consistentes en la omisión de notificar el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 477/2019 y omisión de otorgar un régimen de visitas mediante el cual el menor de iniciales J.E.M.C., pueda convivir con su madre; al respecto, no ha lugar a conceder la medida cautelar que insta, en virtud de que de acuerdo con la naturaleza de dichos actos, tienen el carácter de omisivos y, por tanto, no requieren de ejecución material alguna. Sirve de criterio orientador al respecto, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en las páginas 214 y 215, Tomo V, Abril de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el IUS Intranet con el número de registro 199,059 que establece: "ACTOS DE OMISION, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA, EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente número 477/2019, el cual tiene el carácter de ser consumado con efectos positivos, por lo que sólo respecto a estos últimos es procedente hacer pronunciamiento sobre el otorgamiento o no de la suspensión solicitada. Por tanto, previamente a determinar la procedencia o no de la suspensión, se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionado en el presente asunto un menor, lo previsto en la fracción VIII, que a la letra dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "... "VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." Y de conformidad con el párrafo final del numeral mencionado: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió; de manera que si el quejoso solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación de menores de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses de éstos. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Asimismo, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4o. constitucional: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Esto es, el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, deben velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano del menor es mediante el respeto de su derecho a no ser separado de sus padres, y cuando esta separación sea necesaria, mediante la adopción de las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para el menor. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: "Artículo 9 1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas." En congruencia a esas disposiciones, el órgano jurisdiccional de amparo, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado, habrá de tomar en cuenta las manifestaciones que hayan formulado las partes, especialmente la parte quejosa (y el tercero interesado, en su caso), así como considerar el acto en forma valorada-concreta, con la apreciación de los medios de prueba que, en su caso, se hubiesen rendido, para de esa forma advertir, de haberla, la existencia de algún riesgo para el menor de edad y, en consecuencia, resolver en justo balance con las disposiciones y criterios aplicables, priorizando la decisión que salvaguarde el interés superior del menor. Bajo esa óptica, si en el caso concreto, el acto reclamado consiste básicamente en las medidas de protección concedidas a favor de José Edilberto Magaña Uc, a fin de evitar la convivencia del menor de iniciales J.E.M.C. con su madre, decretado en autos del juicio de origen, es inconcuso que ponderando la existencia de esa medida de protección decretada por un Juez Familiar, que prohíbe que la quejosa Arantza Gabriela Cazalis Quintal, se acerque al citado menor, misma que tiene la presunción de legalidad y de que fue emitida con base al interés superior del menor, hasta en tanto no se demuestre lo contrario; y que no está evidenciado en autos, al menos de manera presuntiva, que de ejecutarse el acto se actualizará un riesgo real en relación con su bienestar y desarrollo. La suspensión del acto reclamado debe negarse en principio, pues de esa manera no se entorpece el cumplimiento de esa determinación judicial, ya que se atiende al interés superior del menor consignado en esa determinación judicial, al procurarle el beneficio de la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación, aunque sea de forma provisional. Efectivamente, corresponde negar la suspensión de esa ejecución con base en el mayor beneficio para el interés superior de los menores, pues la determinación judicial reclamada tiene la presunción de legalidad y de haberse emitido en aras del interés superior del infante. Máxime que la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados no dependen de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; y si de concederse, se afectaría el intereses social y se contravendrían disposiciones de orden público; sin que tal negativa de la medida cautelar en modo alguno implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, porque ese estudio corresponde hacerlo en el cuaderno principal. Apoyan lo anterior las tesis siguientes: "DERECHO DE CONVIVENCIA. EL INTERÉS QUE DEBE PRIVILEGIARSE ES EL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, SOBRE LA BASE DE QUE SE ASEGURE SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE TIENE POR MATERIA LA LIMITACIÓN A ESE DERECHO. Cuando los padres de las niñas y niños pretenden ejercer el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad. Esto último es lo que justifica el sentido de la medida judicial cautelar que se dicta en el juicio de amparo indirecto para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, debe ponderarse que la medida provisional que llegue a dictar un juez en un juicio determinado para que exista una convivencia entre los padres y las niñas y niños o no se ponga en peligro su goce, se encuentra justificada en atención al derecho de estos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia y a asegurar su goce efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los padres de las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquel, sino que en todo caso, está subordinado al interés superior del niño y a la etapa de desarrollo en que se encuentra; en relación con esto último, también debe destacarse que la regla establecida en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy general, al comprender como tales a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, a menos que bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría. Existen diversas etapas en la infancia, que son además relevantes para decidir la forma de ejercicio de la convivencia y determinar la necesidad del menor, entre otras cosas, de vincularse afectivamente con los adultos y, en especial con sus padres y la familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad con el mundo que le rodea. La convención de mérito como elemento integrante de nuestro orden jurídico faculta a las autoridades, como la judicial a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la convención. Y constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor, desde su primera infancia, fluya no solo de los padres, sino de los hermanos y aquellos que forman parte de la familia extensa si la hay, porque atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que salvo que esté demostrado que tal situación representa un peligro para el goce de los derechos de la niña o niño, el juzgador no solo debe asegurar, sino incentivar que esa situación se verifique antes del dictado de una sentencia que reconozca definitivamente los términos del ejercicio de una convivencia solicitada, como una vez resuelta en definitiva la controversia planteada. En ese contexto, se parte de la base de que, en condiciones de conflictos sujetos a la tutela judicial sobre convivencia, el niño es quien resiente, desde luego, los efectos de la falta de convivencia con la familia porque constituyendo una etapa de rápido y definitivo desenvolvimiento, que no es factible rehacer o revivir, deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos como el de ésta no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor." (Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, página: 1300 y registro electrónico 162383). "CONVIVENCIA DE MENORES ORDENADA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A CABO, CUANDO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR EL RIESGO O PERJUICIO. Es improcedente conceder la suspensión definitiva de la resolución judicial que permite la convivencia de los menores con sus parientes, para que no se lleve a cabo, toda vez que la sociedad tiene interés en que los menores puedan convivir con ellos, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, ya que la convivencia es benéfica para el adecuado desarrollo de los menores al inculcarles un sentido de pertenencia a una familia dentro de un grupo social más amplio en el que tienen deberes y derechos. En todo caso, será materia de prueba oportuna determinar si esa convivencia resulta perjudicial para los menores o los pone en riesgo, lo cual sí sería materia para negar la suspensión de la ejecución de la resolución que ordenó la convivencia." (Época: Novena Época, Registro: 164819, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.793 C, Página: 2716) En ese contexto, resulta procedente negar la suspensión definitiva, solicitada por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Arantza Gabriela Cazalis Quintal, la suspensión definitiva del acto que reclama del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Por otra parte, tomando en consideración que las constancias remitidas por la Juez responsable, resultan voluminosas y engrosarlas materialmente a este expediente dificultaría su manejo. En consecuencia, déjese el legajo de copias certificadas de las constancias que integran el expediente ******************** del índice de la autoridad oficiante, al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero a la vez formando parte de estos autos, como anexo I; lo anterior, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Extráigase fotocopia de las constancias relativas al acto reclamado, a fin de que éstas sean certificadas y agregadas a este expediente electrónico, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por tal motivo, proceda la Secretaría a su digitalización para integrarla al expediente electrónico del juicio en que se actúa. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a esto autos incidentales para los efectos legales correspondientes, el informe previo rendido por la actuaria adscrita a la central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la actuaria adscrita a la central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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