Aracelly Sánchez Martínez

Expediente 1980/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1980/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Aracelly Sánchez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de siete de septiembre del año en curso, dictado en este juicio de constitucional, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se señala que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad; lo anterior, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el alegato ministerial número 634/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, residente en esta ciudad. En atención a su contenido, agréguese únicamente como corresponda, toda vez que de autos se advierte que en proveído de siete de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa; sin que lo ahora informado varíe lo ya determinado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, expídasele en su oportunidad una reimpresión de la constancia que solicita la fiscal adscrita, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que las autoridades responsables Dictaminadora de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, no han rendido sus correspondientes informes justificados respecto de la ampliación de la demanda promovida por la parte quejosa, ni han cumplido con lo requerido por acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso. Sin embargo, no se advierten las constancias de notificación relativas al último requerimiento (veintiséis de agosto del presente año); por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto y lograr una efectiva administración de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Dictaminadora de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada de las constancias que acrediten la existencia de los actos reclamados; así como de cualquier otra que guarde relación con el mismo, a efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente el oficio que remite la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado Turno Matutino, residente en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, de las copias certificadas recibidas se advierte que el cinco de septiembre del presente año, dicha autoridad acordó lo relativo al oficio 1785/2022 de seis de junio de dos mil veintidós, que le remitió el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual le solicitó informara del estado procesal que guarda el expediente 78/2022 del índice de la autoridad oficiante. Lo que acredita dicha autoridad con las constancias conducentes que acompañó a su oficio de cuenta; mismas documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo concerniente a la cesación de efectos; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del Tomo VII, febrero de 1998, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión, se estableció que la parte quejosa reclamó de la autoridad ordenadora Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y de la autoridad ejecutora Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residentes en esta ciudad: La denegación de justicia, ante la omisión de la responsable ejecutora de acordar el oficio que le emitió la autoridad ordenadora con número 1785/2022, de seis de junio de dos mil veintidós. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable ejecutora Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, a su informe de ley, se observa que mediante proveído de cinco de septiembre del presente año, atendió y acordó lo relativo al oficio 1785/2022, de seis de junio de dos mil veintidós, que le fue enviado por la autoridad ordenadora Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, mismo que se presentó ante dicho órgano jurisdiccional en la misma fecha, como se advierte del sello asentado por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Lo que aconteció durante la sustanciación del presente juicio, ya que la demanda de amparo fue presentada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, y posteriormente, el cinco de septiembre del año en curso, la autoridad responsable ejecutora acordó lo concerniente al oficio 1785/2022 que le había sido remitido por la responsable ordenadora. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que pase inadvertido que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable señalada como ordenadora Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad; sin embargo, ello no le ocasiona perjuicio alguno a la parte quejosa, toda vez que la dolencia en relación con el acto reclamado estaba enfocada a la inactividad de la autoridad responsable ejecutora, quien según se advierte de las constancias recibidas, ya atendió el oficio el cual le había sido remitido por la ordenadora. Asimismo, no es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese; personalmente a las partes y cúmplase.

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