Arantza Gabriela Cazalis Quintal

Expediente 1513/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1513/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Arantza Gabriela Cazalis Quintal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1513/2023-VIII-B, promovido por Arantza Gabriela Cazalis Quintal, por su propio derecho y en ejercicio de la representación del menor de edad quejoso de identidad reservada J.E.M.C., contra el acto que reclama del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y recibido el veintiocho siguiente en este Juzgado, compareció Arantza Gabriela Cazalis Quintal, por su propio derecho y en ejercicio de la representación del menor de edad quejoso de identidad reservada J.E.M.C., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia 29, Unidad de Investigación y Litigación especializada en delitos en contra de niñas, niños y adolescentes en el Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Separación de juicios y admisión de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por un lado, se ordenó la separación de juicios respecto del acto reclamado al Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia 29, Unidad de Investigación y Litigación especializada en delitos en contra de niñas, niños y adolescentes en el Estado, y por otro lado, se previno a la promovente respecto del acto reclamado a la diversa autoridad responsable; seguidamente, en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda por lo que hace al acto reclamado al Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a la cual se solicitó su informe justificado, y se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Además, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de acordar su escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente 477/2019 de su índice, en el que solicitó se tomen las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la custodia sobre el menor quejoso. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado por la quejosa a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir el informe con justificación, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguna para desvirtuar esa negativa. Se afirma lo anterior puesto que, de las constancias que acompañó dicha autoridad en apoyo a su informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley; se observa lo siguiente: 1. En fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió en la oficialía de partes correspondiente el memorial signado por Arantza Gabriela Cazalis Quintal, aquí quejosa, con el que solicitó se tomen las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la custodia sobre el menor quejoso, en el expediente 477/2019 de origen. 2. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la Juez responsable acordó el citado escrito de la parte quejosa en el sentido de no acceder a lo solicitado, en razón de la existencia de un nuevo procedimiento en la que deberá ser llamada para manifestar lo que a su derecho corresponda, y de las medidas de restricción impuestas a la solicitante y a otra persona, dictadas en el propio proveído. Acuerdo que la responsable ordenó notificar mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de veintiséis de octubre del año en curso; esto, en atención a las constancias actuariales negativas de fechas cuatro, seis, veinte y veintitrés, todos de octubre de dos mil veintitrés. De lo que se desprende, que la responsable por acuerdo de veintidós de septiembre de este año, emitió pronunciamiento respecto del escrito presentado por la parte aquí quejosa el veinte de septiembre de ese propio año. Por lo que aparece claramente demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, no existía el acto reclamado. En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 284, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Arantza Gabriela Cazalis Quintal, por su propio derecho y en ejercicio de la representación del menor de edad quejoso de identidad reservada J.E.M.C., en contra del acto que reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en la tercera consideración de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes del informe justificado que se relaciona en el proveído de seis de noviembre del año en curso. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, acompañado de un anexo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo que adjunta la responsable a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente 477/2019 de su índice, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1513/2023-VIII-B, promovido por ********************, por su propio derecho y en ejercicio de la representación del menor de edad quejoso de identidad reservada ********************, contra el acto que reclama del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, por su propio derecho y en ejercicio de la representación del menor de edad quejoso de identidad reservada ********************, solicitó la suspensión definitiva del acto que atribuye al Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión. Por acuerdo dictado en el juicio principal el seis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir esencialmente en: La omisión de acordar su escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente 477/2019 de su índice, en el que solicitó se tomen las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la custodia sobre el menor quejoso. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad [promoción 16190]; pues así lo manifestó expresamente en su informe previo, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Lo anterior, se patentiza con la copia certificada del acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, que la responsable adjuntó al informe previo de referencia, en el cual, dicha juzgadora emitió pronunciamiento en relación al escrito presentado por la aquí quejosa, el veinte de septiembre de este año; documental que se le confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Por lo que aparece claramente demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de septiembre del presente año, no existía el acto reclamado. Por tanto, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional respecto de dicha autoridad. Resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, por su propio derecho y en ejercicio de la representación del menor de edad quejoso de identidad reservada ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA en contra del acto que reclama del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

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