Araceli Santos Gutiérrez

Expediente 920/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
920/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • Araceli Santos Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de trece de octubre del año en curso, en los siguientes términos: Señala el domicilio de la tercera interesada **********. Designa a ********** como tercera interesada. Precisa que únicamente reclama el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de la estadística del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, que ordenó el cambió de depositario de los bienes muebles que arguye le pertenecen. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Bajo ese contexto legal, se estima que el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de la estadística del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, que ordenó el cambió de depositario de los bienes muebles que arguye la quejosa le pertenecen, fue decretado como consecuencia natural y legal de la diligencia donde se embargaron los bienes que alega le pertenecen. Se afirma lo anterior, porque el embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada, por lo que el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde se sigue que el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada del embargo. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye la diligencia de embargo, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos de la parte quejosa, y no el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que ordenó el cambio de depositario, pues en éste únicamente se ordenó ponerlos bajo la custodia de otra persona, ya que la privación de la posesión jurídica de los bienes se dio desde que fueron embargados. En ese sentido, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de la estadística del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, que ordenó el cambió de depositario de los bienes muebles embargados, es incuestionable que dicha resolución es la consecuencia natural y legal de la diligencia en que se trabó dicho embargo. Además la providencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, no se reclama por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender de la diligencia de embargo, en que tuvo origen la privación jurídica de los bienes. Lo anterior es así, porque la parte quejosa no le atribuye a la resolución reclamada ningún vicio propio, ya que esencialmente se duele de que sin parte del controvertido de origen se le pretende privar de los bienes que arguye le pertenecen, lo cual, como se dijo, tiene su génesis en la diligencia de embargo, pues en ésta es donde se privó a la quejosa de la posesión jurídica de los bienes muebles que arguye son de su propiedad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de trece de octubre del año en curso, en los siguientes términos: Señala el domicilio de la tercera interesada **********. Designa a ********** como tercera interesada. Precisa que únicamente reclama el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de la estadística del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, que ordenó el cambió de depositario de los bienes muebles que arguye le pertenecen. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Bajo ese contexto legal, se estima que el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de la estadística del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, que ordenó el cambió de depositario de los bienes muebles que arguye la quejosa le pertenecen, fue decretado como consecuencia natural y legal de la diligencia donde se embargaron los bienes que alega le pertenecen. Se afirma lo anterior, porque el embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada, por lo que el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde se sigue que el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada del embargo. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye la diligencia de embargo, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos de la parte quejosa, y no el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que ordenó el cambio de depositario, pues en éste únicamente se ordenó ponerlos bajo la custodia de otra persona, ya que la privación de la posesión jurídica de los bienes se dio desde que fueron embargados. En ese sentido, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de la estadística del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, que ordenó el cambió de depositario de los bienes muebles embargados, es incuestionable que dicha resolución es la consecuencia natural y legal de la diligencia en que se trabó dicho embargo. Además la providencia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, no se reclama por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender de la diligencia de embargo, en que tuvo origen la privación jurídica de los bienes. Lo anterior es así, porque la parte quejosa no le atribuye a la resolución reclamada ningún vicio propio, ya que esencialmente se duele de que sin parte del controvertido de origen se le pretende privar de los bienes que arguye le pertenecen, lo cual, como se dijo, tiene su génesis en la diligencia de embargo, pues en ésta es donde se privó a la quejosa de la posesión jurídica de los bienes muebles que arguye son de su propiedad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 920/2016-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis de la demanda puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir a la promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. A. La primera irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;..." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que los desconozca, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. A fin de establecer a quiénes les reviste el carácter de terceros interesados, en lo que interesa, es menester traer a contexto el contenido del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; Como se puede advertir de lo anterior, una de las reglas para determinar quiénes pueden intervenir en un juicio de amparo con el carácter de terceros interesados, es la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, así como cualquiera de las partes en dichos juicios si el amparo lo promueve una persona extraña al procedimiento. Bajo las consideraciones anteriores, se advierte que la promovente del amparo soslayó indicar cuál es el domicilio de la moral tercera interesada **********, parte actora del juicio de donde deriva el acto reclamado, o en caso de que lo desconozca, precisarlo así bajo protesta de decir verdad. De igual forma, omitió señalar como tercera interesada a **********, demandada en el juicio ejecutivo mercantil M-1130/2016 del índice del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, así como precisar el domicilio dónde pueda ser emplazada, ya que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercera interesada, sin que haya sido señalado como tal. B. La segunda irregularidad advertida se desprende de la fracción IV del artículo 108 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se desprende de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló en el capítulo de los actos reclamados que se duele del auto emitido por el Juez Sexto Menor Civil de esta localidad, dentro del juicio ejecutivo mercantil número M-1130/2016 de su índice, mediante el cual ordenó el cambio de depositario de los bienes embargados; empero, en los conceptos de violación expresó que se duele del embargo de los bienes que arguye le pertenecen. Como se observa de la narrativa anterior, no se puede establecer con claridad cuál es el acto de que se duele en esta instancia constitucional la parte quejosa, ya que si bien es cierto que reclama de manera destacada el auto que ordenó el cambio de depositario de los bienes embargados, también lo es que aparentemente se duele del embargo de los bienes que arguye le pertenecen, lo que genera incertidumbre al no poder precisar con claridad cuál es el acto de autoridad que realmente reclama. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y IV, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente del amparo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con seis copias para correr traslado a cada una de las partes: Señale el domicilio de la moral tercera interesada **********, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. Haga la designación de ********** como tercera interesada, y precise el domicilio en dónde pueda ser emplazada al presente juicio; o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. Precise si reclama el auto que ordenó el cambio de depositario de los bienes embargados o la diligencia en que se le embargaron los bienes que arguye le pertenecen, o en su caso, ambas determinaciones. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, excepto el de las copias para el incidente de suspensión, cuya apertura en todo caso únicamente se postergará, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el promovente debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángeles Gallardo Arteaga, en virtud de que cuenta con cedula profesional número 6357694 registrada a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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